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Entrevista central, miércoles 17 de agosto: Javier García

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EC —Tengo varios mensajes de los oyentes. Menciono tres.

Jorge señala: “En nuestro aeroclub tenemos aviones de 1957 y de 1947 en perfecto estado de vuelo y operativos, inspeccionados año a año por la Dinacia. La antigüedad en aeronáutica no es un obstáculo. Ocurre que los militares no cuidan y son malos administradores”.

Otro lo interpela a usted directamente: “Senador García, por favor, soluciones”.

Y el mensaje de alguien cuyo celular termina en 924: “¿Para qué queremos Fuerzas Armadas si somos 3 millones al lado de 250 millones?”.

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EC —¿Qué dice del comentario del oyente a propósito de que en su aeroclub tienen aviones de 1957 y 1947 en perfecto estado de vuelo y operativos? El cuestionamiento que hace es a la Fuerza Aérea, que los militares no cuidan o que serían malos administradores.

JG —Él es un técnico, yo no. Notoriamente, igual, un avión militar no se puede comparar con un avión de transporte, una avioneta de transporte, tienen usos diferentes y fatigas diferentes, creo que no son comparables. Incluso si a usted le dieran a elegir, como militar o como persona que quiere volar en un avión, entre uno más moderno o uno más viejo, notoriamente va a elegir el más moderno.

EC —Segundo, le piden soluciones.

JG —Podemos atarlo con la tercera pregunta, porque están muy vinculadas.

EC —La tercera pregunta plantea para qué precisamos Fuerzas Armadas en un país de 3 millones de habitantes.

JG —Primero, yo decía en la Comisión de Defensa que en Uruguay hace muchos años que hay una discusión acerca de Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no. Una discusión con un componente ideológico importante, muy vinculado, sobre todo a la salida de la dictadura, a las rémoras de ese período, al factor militar de la dictadura. Todo lo militar teñía, contaminaba la discusión acerca de la necesidad o no de las Fuerzas Armadas. Eso se fue superando, excepto algún sector del propio FA que tiene representación parlamentaria, hay legisladores del FA que dicen que no deben existir Fuerzas Armadas.

EC —Por ejemplo, la senadora Constanza Moreira.

JG —Constanza Moreira y otros legisladores que notoriamente han hecho un discurso contrario a la existencia de las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Armadas. Todavía hay sectores que dicen eso. Pero me parece que ha habido un proceso en la sociedad uruguaya, no solo de comprensión, sino de valoración de las Fuerzas Armadas. No le vamos a hacer la guerra a nadie, eso está claro, pero no quiere decir que no tengamos necesidades de defensa nacional, que no tengamos necesidad de custodiar nuestras fronteras terrestres, nuestro espacio aéreo para que no sea un festín para el narcotráfico, o nuestro espacio marítimo, que es más grande que el terrestre, o va a serlo dentro de pocos meses.

Eso se fue superando, y en eso creo que un componente muy importante fue la participación de las Fuerzas Armadas en tareas subsidiarias. No hay inundación, catástrofe climática, situación dramática en que los primeros en llegar no sean los soldados. Soldados que son pobres de solemnidad, muchachos y muchachas que ganan $ 13.000 y $ 14.000, que en las inundaciones dejan su casa inundada para salvar la vida a otros uruguayos que están inundados. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué en algunos sectores políticos como que se oculta la función social que cumplen las Fuerzas Armadas en nuestro Uruguay? Ya no digo las funciones principales, porque a nadie se le ocurre que si hay que ir a cuidar nuestras riquezas en el mar haya que contratar una empresa privada, o que en el espacio aéreo se persiga al narcotráfico con una empresa de taxiaviones. Eso son las Fuerzas Armadas, es el poder del Estado para garantizar la defensa y la seguridad, que son conceptos que van intrínsecamente atados. Ya nadie habla de defensa por un lado y seguridad por otro, en el mundo entero se habla de defensa y seguridad, de defender nuestro territorio, nuestra soberanía y su seguridad y la de su familia, que están directamente vinculadas, porque el narcotráfico va contra todos, contra la sociedad y contra los individuos.

EC —¿Esa definición está laudada?

JG —Creo que empezó a laudarse. Hay incluso estudios de opinión que salieron a luz hace pocas semanas que muestran una aceptación, una valoración positiva por ejemplo del Ejército. Me parece que una mayoría de la sociedad creemos que son necesarias, las valoramos y entendemos que tienen funciones específicas, como tiene un médico, un periodista o un tallerista, el que fuera, que sus integrantes son trabajadores y servidores públicos como cualquier otro, pero son los peor pagados, a los que hemos postergado más. No estoy adjudicando responsabilidades a nadie, a todos, porque todos pasamos por el gobierno. Lo increíble es que estemos asumiendo mayoritariamente que son necesarias, pero por la vía de los hechos esté prosperando la otra posición.

EC —¿Cómo es esto? ¿Qué decisiones que se fueron tomando condujeron a esta situación? Se lo pregunto teniendo en cuenta una entrevista de la semana pasada aquí en En Perspectiva con representantes del grupo de oficiales retirados que se ha formado para resistir la reforma de la Caja Militar que prepara el Poder Ejecutivo y que ha hecho una serie de presentaciones públicas. Una de las afirmaciones que ellos hacen con más fuerza es que desde el retorno a la democracia el sistema político ha optado por la reducción de la cantidad de efectivos y el mantenimiento de los salarios en niveles bajos, a diferencia de lo que se hizo con otros sectores de funcionarios públicos, por ejemplo, policías o docentes, pero sobre todo enfatizan la comparación con policías.

JG —El aumento de la policía está muy bien. No es achatemos; nivelemos hacia arriba, no hacia abajo.

EC —Decía por ejemplo el coronel retirado Mario Frachelle: “[…] por decisiones políticas que no cuestionamos, desde el año 1985 –no alude solo a los gobiernos del FA– las Fuerzas Armadas se han reducido en 14.000 hombres. […] Se entendía que era políticamente redituable reducir las Fuerzas Armadas y no importaba pagar los montos de retiros o de jubilaciones o de pensiones. ¿Por qué, entonces, ahora se dice que la Caja es deficitaria?”. Porque una de las consecuencias de esa política es que la Caja tiene problemas de financiamiento.

JG —El diagnóstico es certero. No hay duda de que el sistema político uruguayo, con responsabilidades compartidas, tiene que analizar que hay una situación de deterioro y de postergación de las Fuerzas Armadas, que se ve en el recurso humano en el salario y en el equipamiento.

EC —Yo iba por el lado de los salarios, de lo que también se habló en comisión el lunes.

JG —Obviamente, eso es objetivo. Segundo, la reducción es verdad. También es verdad que había una hipertrofia de las Fuerzas Armadas en la época de la dictadura, un crecimiento vinculado a un factor “político”, que era que el gobierno era militar. Eso sucedió en Uruguay y en todas las dictaduras de América Latina, se hipertrofiaron. Por lo tanto la democracia fue adecuando el personal militar a las necesidades que tenía, fue un proceso natural. Obvio que ese proceso de reducción lleva después a que el que era activo pase a retiro y haya que pagarle, es lo que dice el coronel Frachella. Pero en la democracia uruguaya, a instancias de algunos sectores políticos, se fue marcando una estigmatización. Es decir, 40 años después de la recuperación democrática las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución estigmatizada por sectores políticos. Eso impidió, sobre todo en momentos de bonanza económica, durante los gobiernos del FA, que se las atendiera adecuadamente.

Lo increíble es que en buena dirección se hayan aumentado salarios, atendido servidores públicos y funcionarios públicos –policías, docentes, etcétera–, pero deliberadamente no se haya considerado a las Fuerzas Armadas. Es una decisión política, que no compartimos. Hubo una decisión política de postergar, en vez de aprovechar momentos de bonanza, de crecimiento económico, para pegar un empujón a salarios de pobreza –la mitad del personal de las Fuerzas Armadas está debajo de la línea de pobreza–, porque les requerimos hasta levantar la basura. A los mismos funcionarios públicos que tenemos con $ 13.000, cuando el país está en crisis los llamamos un 31 de diciembre a levantar la basura que funcionarios que ganan cuatro veces más no levantan. Ahí dijimos: que venga el soldado, que deje de estar con su familia el 31 de diciembre de noche y venga a levantar la basura de los montevideanos o de los salteños. ¿No merece esto que de una vez por todas terminemos con esta injusticia?

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