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Entrevista central, miércoles 20 de abril: Milton Tróccoli

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EC —¿Cuántos casos han sido procesados por la Iglesia católica desde noviembre de 2013, cuando se aprobó el protocolo de actuación?

MT —Han sido tres casos, dos en Montevideo y uno que se inició en Maldonado pero luego el denunciante no continuó con la denuncia, o sea que no se siguió.

EC —Son pocos casos.

MT —Son pocos.

EC —¿Estamos hablando de denuncias que fueron presentadas o de investigaciones que inició de oficio la Iglesia católica?

MT —En estos tres casos hubo denuncias presentadas, todas de muchos años atrás.

EC —¿Qué tipo de medidas se adoptaron en lo interno y por otro lado en la remisión a la justicia?

MT —Se separó a los sacerdotes de sus cargos; en un caso ya no está en el ministerio, en el otro está todavía en proceso el procedimiento de juicio canónico, y en todos los casos, como los hechos sucedieron hace por lo menos 20 años y las víctimas son ahora adultas, cuando la persona se presenta se le dice que vaya a hacer la denuncia también en el Juzgado Civil.

EC —¿La denuncia la presenta la víctima, no la Iglesia?

MT —Si llega el caso de un menor, si es algo que está sucediendo ahora con un menor, la Iglesia tiene la obligación de presentar la denuncia ante la justicia. Si es un adulto, se le pide a la persona que sea ella la que haga la denuncia. Porque la persona muchas veces, así como necesitó su tiempo para hablarlo en la Iglesia, necesita también su propio proceso y su decisión personal para poder hacerlo ante la justicia, en el sentido de primero querer hablarlo con su familia o con su pareja o lo que fuera. Es también respetar a la persona en ese sentido.

EC —En particular, ¿qué clase de compensación les ofrece la Iglesia católica a las víctimas?

MT —Se busca sobre todo la justicia en la situación que ha planteado, y si la persona además quisiera hacer una petición, un pedido de resarcimiento económico, también se va a atender.

EC —¿Hay un acompañamiento psicológico y/o espiritual a la víctima?

MT —Sí, siempre se ofrece.

EC —¿Y cuál es la respuesta? ¿Se lo acepta, o hay un muro que queda planteado entre la víctima y la institución Iglesia? ¿Qué es lo que muestra la experiencia?

MT —En algún caso la víctima plantea que ya tiene su acompañante psicológico, su terapeuta, y en otros como que ya no confía en la institución o en un sacerdote para ser acompañado en esto.

EC —¿Qué termina pasando con el sacerdote?

MT —Si se comprueban los hechos, se lo saca del ministerio sacerdotal, es expulsado del ministerio, como medida más grave.

EC —Ahí hay una situación muy delicada de por medio, porque el sacerdote se consagró a ese oficio y probablemente no tenga una fuente de ingresos propia, no sé si tiene una profesión aparte. ¿Qué pasa con él una vez que deja de ejercer como sacerdote a partir de una resolución de la Iglesia? ¿Lo siguen apoyando igual?

MT —Depende mucho de la edad del sacerdote, no es lo mismo si es alguien joven, que tiene otras posibilidades de rehacer su vida, que si es alguien mayor que sabés que ya no va a conseguir trabajo o que difícilmente pueda reinsertarse en la sociedad de otro modo. Ahí siempre hay que ofrecer un acompañamiento dentro de lo que se puede, garantizando el cuidado de que esto no suceda; por ejemplo, no puede quedar trabajando en una parroquia, en un colegio o en una institución donde pueda seguir en contacto con menores o donde estas cosas puedan suceder. El apoyo que se podría dar –se me ocurre ahora– sería que vayan al hogar sacerdotal, con los sacerdotes viejitos, y hacer su vida allí, sin ejercer el ministerio. Eso como caso extremo para alguien mayor. Pero por supuesto que la Iglesia tiene que cuidar también todo el tema de las víctimas y de que esto no vuelva a ocurrir.

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