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EC —El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT analizó ayer las medidas para la consolidación fiscal que el Poder Ejecutivo presentó este lunes. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué pasos van a dar? Estamos conversando de ese tema con Marcelo Abdala, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y secretario general del PIT-CNT.
Con las medidas que dio a conocer el Gobierno se procura que el déficit fiscal baje el equivalente a 1 % del PBI, o sea, unos US$ 500 millones o un poco menos: US$ 125 millones vendrían de reducción o postergación de gastos y US$ 350 millones de modificaciones tributarias. Globalmente, ¿cómo lo ve usted?
MA —Nosotros veníamos planteando la necesidad de pensar en medidas contra-cíclicas, porque lo primero que conversábamos es que estamos en un momento de desaceleración. Sostuvimos -inclusive lo conversamos aquí en el entorno del 1 de mayo- que en momentos de desaceleración es importante [que exista] un grado interesante de inversión de las empresas públicas y del Estado en general, así como ver mecanismos que tengan que ver con las políticas de empleo y de desarrollo productivo, y la negociación colectiva. De este modo, no es que no sean importantes las exportaciones, pero en el corto plazo compensemos nuestras dificultades con un dinamismo de la demanda interna que ayude a que operen todos los efectos multiplicadores. Esto sucedió en 2009, de alguna manera el inicio de la crisis del capitalismo aquí fue combatido con Consejo de Salarios e inversión de las empresas públicas.
EC —La inversión que está prevista hasta ahora no se toca, según lo que anunció el ministro el lunes. Por ese lado no habría cambios.
MA —Yo creo que sí se toca. Una de las medidas que se adoptaron es que la inversión va a estar desindexada; podrá tener alguna forma de ajuste, pero no se le va a aplicar la inflación anual. Por lo tanto, si se mantienen los actuales niveles de inflación, [la inversión] va a tener un detrimento del entorno del 10 % anual. Además, en algunos años se resolvió posponer la aplicación de las inversiones un año entero. Allí se incluyen compromisos presupuestales y hasta acuerdos vinculados con recursos que están establecidos en forma vinculante con la infraestructura necesaria para la educación, para la Administración de Servicios de Salud del Estado [ASSE], para distintos segmentos. Algunos niveles de inversión se retraen por estas dos vías.
EC —Repasemos, en cuanto a la estructura de este paquete hay, por un lado, baja del gasto público…
MA —Y eso es recesivo, porque…
EC —¿Para ustedes directamente no tendría que haber baja del gasto público? ¿De ninguna forma? Hay toda una discusión sobre si en Uruguay no tenemos un gasto público desmesurado, ¿no?
MA —Si a mí me preguntan si es posible ir a una microfísica del gasto público que analice con lupa y que pueda superar los despilfarros que eventualmente puedan existir, yo estoy de acuerdo. Pero no al barrer, no decir: no le cargo la inflación a la inversión, con lo cual se deteriora un porcentaje, y además la pateo para adelante. Las necesidades están planteadas ahora.
Además, este es el problema de la cuestión de la responsabilidad fiscal, nosotros consideramos que hay otras formas de generar recursos para que el Estado pueda financiar las políticas contra-cíclicas. Ahí es donde tenemos la discusión central.
EC —Sí, está bien, pero quizás una primera discusión es si los números que tiene Uruguay en materia de déficit fiscal no se deben a que se ha engordado demasiado al Estado.
MA —Bueno…
EC —Porque ahora usted va a hablar de nuevas formas de tributación, ¿pero dónde está la discusión a propósito de si ese gasto no es un exceso? Lo que está proponiendo el Gobierno en materia de reducción del gasto es algo muy modesto, porque en el total de lo que se va a obtener es apenas US$ 125 millones. Las medidas son: se difiere para 2018 la ejecución de 10 % de los aumentos de gastos previstos originalmente para 2017 -sin afectar una serie de rubros sensibles-; de cada tres vacantes que se produzcan en la administración central se van a ocupar solo dos; se van a minimizar ajustes de gastos de funcionamientos e inversiones -como usted decía-; y se va a estudiar -pero no sabemos con qué impacto inmediato- la reforma de la Caja Militar, que en 2015 generó un déficit de US$ 400 millones por año.
MA —La transformación de la Caja Militar nos parece que es una necesidad de primer orden y que está bien. Nosotros tenemos un cuestionamiento a que no se ajusten los niveles de inversión previstos por la suba general de los precios, porque eso implica un deterioro relativo de los niveles de inversión ya resueltos. Además, nos parece que una fórmula al barrer como decir que cada tres trabajadores que se van se tomará a dos… Tal vez en algunos casos sea posible, pero yo no sé si está bien, si no hay que verlo caso a caso o mirarlo -tal cual lo establece la normativa actual- en los ámbitos de negociación colectiva del sector público. Capaz que en algunos lugares no solamente está mal que cada tres vacantes se tome a dos, sino que además se necesita más gente. En otros lugares capaz que sobran más de lo que está establecido. Para mí, una regla de carácter general es compleja. Habría que mirarlo caso a caso.
