EC —En todo caso, el hecho de que se maneje un criterio tan genérico da idea de que la cosa está complicada, que algo hay que hacer.
MA —Y sí, que algo hay que hacer nosotros compartimos, ¿pero cuál es el sentido de las políticas? Repito: nosotros veníamos fundamentando la necesidad de un Estado activo, inversor, que permita contribuir a un conjunto de políticas contra-cíclicas. Cuando al principio del año pasado el Poder Ejecutivo anunció un entorno de US$ 3.000 millones de inversión y luego lo complementó y anunció que iban a ser alrededor de US$ 8.400 millones -sin contar la participación privada-, nosotros dijimos que eso era una buena noticia, que era por ahí. Si uno le aplica recursos bien utilizados a la desaceleración que nos trae la crisis del capitalismo, genera trabajo y dinámica, el trabajador gasta todo su ingreso. Eso afecta a la pequeña producción agropecuaria, industrial y comercial del país y genera efectos anti-cíclicos. Esto es pro-cíclico. Por eso decimos que puede ser un ajuste de carácter recesivo.
EC —Vayamos a la otra parte del paquete, la que tiene que ver con impuestos. Por un lado hay una rebaja de 2 % del Impuesto al Valor Agregado [IVA] para las compras que se efectúen con medios de pago electrónicos. Por otro lado hay una serie de aumentos de impuestos. En particular, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas [IRPF] a partir de la franja de los $ 33.400 nominales, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social [IASS] a partir de la franja de los $ 50.100, aunque con el destaque de Astori de que el 80 % de la recaudación adicional de trabajadores y pasivos recaerá sobre el 10 % de mayores ingresos.
Después también hay aumento del IRPF al capital, se aumentan las alícuotas que se deben pagar sobre los intereses, y distintas medidas con respecto al Impuesto a las rentas de las actividades económicas [IRAE]. Sobre esto, ¿qué dice el PIT-CNT?
MA —Bueno, desde nuestra perspectiva es mucho más lo que se desarrolla en detrimento de los trabajadores asalariados que lo que se desarrolla en detrimento de las formas de la riqueza, del capital o de la ganancia. Nosotros vamos a desarrollar un estudio concreto, que ya se lo encomendamos al Instituto Cuesta Duarte, para saber cuánto de la nueva recaudación sale de los trabajadores y cuánto del capital. Nosotros consideramos que, en general, hay un sector que es intocable. No hay disposición de avanzar en términos de equidad en gravar a la gran riqueza del país.
Vemos con simpatía cada vez que se habla de reducción del IVA, que aquí está vinculado al uso de formas electrónicas de pago -nos gustaría que fuera mucho más generalizado-. Lo primero que tiene que tener en cuenta la sociedad es que de la totalidad de la masa de recursos que cobran trabajadores asalariados, jubilados, pequeños propietarios -los sectores laboriosos que más o menos tienen un ingreso fijo-, de los recursos que van al consumo se hace un detrimento por encima del 20 %. Si toda la masa salarial es una torta, hay una quinta parte que se va por IVA. Eso es absolutamente regresivo, porque quien tiene mayor capacidad de ahorro solo paga IVA por la parte de su ingreso que consume, no por la que ahorra. Pero, además, se aplica una serie de modificaciones al IRPF que arranca en $ 33.401, que ni siquiera es progresivo a la interna del IRPF. Fijate que la primera franja aumenta 20 % y para la última tal vez aumente un 3 % el porcentaje de aumento que implica el IRPF.
Pero hay un sector que es intocable, nosotros habíamos propuesto elevar el IRAE a un 30 % para todas aquellas empresas que tengan utilidades extraordinarias. Es decir: si hay una escalera, una progresividad en la aplicación del IRPF, nos preguntamos por qué no la hay en el impuesto a la ganancia. Fijate lo que dice el programa del Frente Amplio: “avanzar en el aumento de la alícuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de los recursos naturales y la concentración de la tierra”. “Se deberá seguir mejorando la equidad, procurando una nivelación entre las tasas efectivas que soportan tanto las rentas de capital como los ingresos del trabajo percibidos por las personas”. De este asunto, nada. Nosotros planteamos que el IRAE suba a 30 % para las empresas que tienen ganancias extraordinarias, estudiar la forma de incrementar las tasas al retiro de dividendos de las empresas, lo cual puede estimular la reinversión de esos dividendos y ayudar también a mejorar los ingresos del Estado…
EC —Bueno, se ha tomado alguna medida en ese sentido, según lo que anunció el ministro Astori. A los efectos del IRAE se considerará a las utilidades no distribuidas con una antigüedad superior a tres periodos como redistribuidas siempre que no se reinvierta; se grabará con 7 % la distribución de utilidades actualmente exoneradas de sociedades con contabilidad suficiente… Ha habido medidas en esta dirección.
MA —Pero son retoques, porque son formas de mejorar la aplicación de los tributos existentes y al IRPF se le agregan más cargas. Nosotros nos preguntamos: ¿es justo que se toque a un segmento importante de los trabajadores…? Porque además la segunda franja [que tributa IRPF] es una megafranja: arranca en $ 50.101 y termina en $ 167.000. Ahí hay situaciones bien diferentes, una cosa es un obrero medio calificado, que tiene su categoría y que capaz que de forma extraordinaria metió unas horas extras y se pasó a la franja del $ 50.101, y otra cosa es alguien que gana $ 167.000. Son dos situaciones bien distintas.
El centro de nuestra crítica es que se grava mucho más al trabajo que al capital. Nosotros manejamos la necesidad de mirar la posibilidad de [aplicar] alguna forma impositiva sobre las remesas, las utilidades de las empresas transnacionales. Y, principalmente, estudiar casi que caso a caso, el conjunto de exoneraciones que existen para los impuestos al capital y la riqueza, que son el IRAE más el Impuesto al Patrimonio. Durante el año 2011, tal vez esto sea diferente en la situación actual, por exoneraciones tanto al IRAE como al Impuesto al Patrimonio el Estado tuvo una renuncia fiscal o costo tributario de casi US$ 1.400 millones. Es decir, ¿no habrá que estudiar con lupa para hacer una microcirugía más rigurosa? De repente algunas exoneraciones están bien, nosotros no decimos que se saquen todas, pero otras, ¿no será que hay que revisarlas?
