EC —En sus anuncios del lunes el ministro dijo -quizás fue de los temas que menos se comentaron- que “se deben fortalecer los instrumentos vigentes de fomento a la inversión generadora de empleo, así como evaluar nuevas herramientas, particularmente para inversiones en el área de infraestructura y construcción”.
MA —Yo lo que estoy entendiendo de las medidas que se anunciaron es que no tienen diferencias solamente con el movimiento sindical, creo que tienen una diferencia con el propio programa de la fuerza política, que lo llevó al Gobierno. Si uno lee las cuestiones del programa sobre el tema tributario, por ejemplo, dice: “considerar la creación de un adicional a la distribución de dividendos que se transfieren al exterior, en la medida que no viole convenios o acuerdos internacionales”; “considerar un uso más selectivo de la promoción de inversiones”, la cual puede ser evaluada anualmente en cada Rendición de Cuentas; “Continuar el carácter evolutivo y de permanente evaluación de política de exoneraciones a través de la promoción de inversiones y regímenes sectoriales, con mayor énfasis en las cadenas productivas que generan mayor valor agregado y que fomentan el desarrollo territorial”. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos diciendo que el IRAE y el Impuesto al Patrimonio pueden subir para aquellas empresas donde se fije un límite -igual que tenemos nosotros con el IRPF- de ganancias extraordinarias, planteamos que suban de 25 % a 30 %. Si miran con mayor detenimiento, algunas exoneraciones son excesivas. Si ellos tienen la voluntad de generar un entorno de, más o menos, US$ 500 millones anuales para abatir el déficit, no es siempre desde el lado del trabajo, hay que mirar un poco la gran riqueza y el capital.
EC —Lo delicado de tomar decisiones de ese tipo es que el país, y más en este contexto, necesita inversión privada.
MA —Pero nosotros estamos de acuerdo con que se desarrolle un nivel de inversión importante, ojalá que cada vez más…
EC —El tema es si no se ahuyenta esa inversión tomando medidas como estas que ustedes están promoviendo.
MA —Bueno, es lo mismo que se sostenía cuando empezaron a funcionar los Consejos de Salarios o cuando se desarrolló la Ley de Libertad Sindical: ojo que se ahuyenta la inversión. Sin embargo, nunca tuvimos tanta inversión como en estos diez años. El problema es cualitativamente qué inversión queremos. Ojalá que las inversiones a nuestro país lleguen cada vez más por la calificación de la mano de obra, por su cultura de trabajo, por el nivel de formación profesional de los trabajadores. Porque se podría sostener que, por ahora, las inversiones han venido principalmente por nuestra dotación de recursos naturales -no por la obra de mano barata, porque hasta por razones demográficas Uruguay no se inserta en esas lógicas-.
Tal vez haya que resignificar qué inversiones queremos para promover esa diversificación de la matriz productiva. Y si el capital, la gran riqueza acumulada, tiene que poner unos pesos más, bueno… Evidentemente que desde nuestra perspectiva son definiciones políticas, no solamente técnicas. Si siempre se castiga para el lado de los trabajadores, nos parece que está mal.
EC —Pero, resumiendo: ¿ustedes entienden que no debe haber cambios en materia de IRPF?
MA —Nosotros hemos sostenido que los ingresos medio altos, que estén por encima de los trabajadores con algún grado de calificación -en esto no hay una receta ni una varita mágica-, que tengan que ver con el personal de dirección, con la alta gerencia, está bien vichar algún retoque en el IRPF. Pero no sin tocar en forma sustantiva a la riqueza y el capital.
Por eso sostenemos que tiene que cambiar el IRAE llegando a un 30 % para aquellas empresas que capturan ganancias extraordinarias, definidas de determinada manera. También hay que mirar un poquito más [la posibilidad de] impuestos al reparto de dividendos y la cuestión de algo de impuesto a las remesas de las transnacionales. Además, principalmente, estudiar las formas de exoneración, no sacarlas al barrer pero sí estudiarlas con más rigurosidad, porque en ese año que se toma como referencia [2011] hay una renuncia fiscal o costo tributario de alrededor de los US$ 1.400 millones que el país dejó de cobrar por las exoneraciones.
También decimos otras cosas, lo habíamos mencionado como ejemplo: para matar dos pájaros de un tiro, si se reubicara en el Banco de Previsión Social [BPS] a todos los trabajadores mayores de 50 años que hoy están presos de las AFAP –porque quedaron obligados con la ley que se aprobó en 1996-, el BPS estaría teniendo ingresos genuinos del trabajo de esos trabajadores. Además, éstos verían satisfecha su reivindicación de mejorar sus condiciones cuando su jubilen. Solamente ese movimiento estaría significando alrededor de 0,6 % del PBI. No es menor esta cuestión, lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de lidiar contra el lucro y la ganancia en la seguridad social –eso hacen las AFAP–, algo que desde nuestro punto de vista no tiene nada que ver con el concepto de seguridad social, que es justamente lo contrario del lucro y la ganancia.
