EC —Desde el primer día en que se habló de este libro, el capítulo que levantó más resistencias, el que dio pie a más polémica fue el 8, en el que se retoma un tema que ya había aparecido, por ejemplo en el libro del politólogo Adolfo Garcé Donde hubo fuego o en el libro sobre Jorge Zabalza Cero a la izquierda. O sea, que el MLN organizó, ya en democracia, en los años 90, asaltos a bancos y otras instituciones para financiar al MPP. ¿Qué importancia le adjudicabas previamente a esta parte de la investigación?
MU —Yo no sabía. Uno cuando investiga tiene hipótesis y va tras ellas sin saber muy bien lo que va a encontrar. Ya que tú recordás que en varios libros anteriores se había mencionado el tema, tal vez la diferencia es que yo busqué protagonistas directos. Como esos asaltos habían existido –vi el programa que hizo Nano Folle en Víctimas y victimarios sobre uno de los asaltos y la cantidad de asaltos sin resolver que tiene la policía, y además algunas fuentes policiales me dijeron que ellos siempre habían tenido la sospecha de que eran bandas del MLN–, me puse a buscar protagonistas, cosa que, como en Uruguay y en el mundo la distancia máxima son seis grados, no es muy difícil encontrar.
EC —Esa observación es buena y hay que subrayarla: el tema había aparecido, pero no con el detalle, no con los pormenores incluso de recopilación de información pública que ahora tiene el capítulo 8 de tu libro. Pero quizás el punto en que todavía hay un salto más adelante es que incorporás un testimonio de alguien que, según explicás, participó en aquellas acciones, de las cuales entregó al MLN –dice– unos 20 millones de dólares, y que además señala expresamente a José Mujica como quien le propuso esa actividad concreta de los asaltos. Pero esta persona no figura con nombre y apellido, está con un seudónimo, Beto, lo que ha sido visto como una debilidad de la investigación. ¿Por qué aparece así?
MU —Porque esa es la condición que piden siempre las fuentes para dar determinada información en la cual estuvieron involucradas. Es el derecho a no autoinculparse. Se pone en cuestión eso de las fuentes anónimas, pero todas las investigaciones sobre corrupción son con fuentes anónimas, porque la gente no se juega el pellejo en causas por amor a la patria. Es de una gran inocencia eso de que el problema es que la fuente sea anónima. Yo reproduje el testimonio de uno de los participantes…
EC —Ese es el tema, además es una sola fuente la que figura, la que aporta todos estos elementos “nuevos”.
MU —No, no es una sola fuente, es un testimonio. Yo tuve tres fuentes directas, hablé con tres personas que participaron en asaltos. Me pareció que este testimonio era el más relevante. Hablé con tres personas que participaron en asaltos y contacté a otras dos que también participaron asaltos, que sé cómo, pero que no quisieron hablar conmigo. O sea que tengo de alguna manera la confirmación por cinco vías diferentes.
EC —Eso no me había quedado claro.
MU —Se ve que lo escribí mal, o que hay demasiada información en el libro. Digamos que yo hablé con tres personas que formaron parte de las bandas que asaltaron y conozco a otras dos más que no quisieron hablar conmigo. Eso con respecto al tema. Pero además, no nos engañemos –porque me parece que hay muchas frases genéricas en la vuelta–: siempre que se trabaja sobre temas de corrupción, temas complejos, las fuentes pasan la información con la condición de que uno mantenga el anonimato. Es la base del trabajo del periodismo de investigación.
EC —De todos modos podría decirse que esta persona, Beto, queda relativamente identificada, o es relativamente sencillo llegar a él, porque, queda dicho en el libro que integraba un grupo de ocho, que fue detenido en el año 1998 y que hubo penas de hasta 20 años. Esta persona es una de ocho que puede rastrearse en un expediente judicial.
MU —¡Por supuesto! Y hay más expedientes, que además están todos abiertos. Cuando ahora el fiscal de Corte dice que van a reabrir, no sé qué van a reabrir, porque en los casos de asalto las personas que fueron detenidas todas pagaron con muchísimos años de cárcel. Esos expedientes no están cerrados, la mayoría están en ejecución de pena. El único expediente que está cerrado es el del avión de Air Class y la muerte de los dos pilotos. Para el presente de los uruguayos me parecería mucho más importante que se reabriera ese caso, que tiene que ver con las condiciones de seguridad con las que viajamos cuando nos tomamos un avión, que esto de reabrir casos viejos de bandas, que en realidad hay muchas. Denuncias de robos entre los años 80 y 90 la policía debe de haber tenido más de 200 que nunca aclaró. O sea que no sé qué es lo que van a reabrir.
EC —Mencionaste el caso del avión de Air Class. Ese es otro capítulo del libro, ya sobre el final, en el que tú terminás señalando que Eleuterio Fernández Huidobro desde el Ministerio de Defensa obstaculizó las investigaciones que la justicia pedía en un expediente que manejaba la jueza Mariana Motta. Fernández Huidobro no accedió a que se llevaran a cabo nuevas búsquedas en buques de la Armada con la participación del buzo que en aquel momento había logrado avances en esa materia. Tú señalás que entorpeció esa investigación, que la bloqueó, como defendiendo a los propietarios de la compañía, que eran militares o exmilitares, y a los funcionarios de la Dinacia. Pero además sugerís que ese hecho habría sido el motivo por el cual después terminan trasladando a la jueza Mariana Motta, y no su actitud en temas de violaciones a los derechos humanos.
MU —Desde el punto de vista de la cronología de los hechos, Mariana Motta intima al Ministerio de Defensa a cumplir una orden de reanudar la búsqueda de los restos del avión y una semana después la sacan del juzgado. Desde el punto de vista de la cronología tengo derecho a sospechar que la gota que desbordó el vaso tuvo que ver con ese caso y no con el resto de los casos de derechos humanos. Sobre todo porque la jueza que la sustituyó siguió con varios de los casos de derechos humanos, siguió adelante con las investigaciones, y no así con el caso del avión de Air Class, al que archivó, pese a que el fiscal pidió el procesamiento de los dueños de la empresa por una figura que en Uruguay nunca se aplicó, que es algo así como peligro aviatorio, no recuerdo el nombre. La jueza dijo que no tenía elementos suficientes sobre cómo se había producido el accidente, que era lo que sostenía Mariana Motta y por eso intimó al ministerio a seguir buscando los restos, que estaban ahí.
EC —Estás hablado de pactos que habrían ido bastante más allá de Eleuterio Fernández Huidobro y el MLN con las Fuerzas Armadas. Estás sugiriendo que ese tipo de acuerdos de protección habrían llegado incluso al Poder Judicial.
MU —Habrían llegado al Poder Judicial es una frase, no sé bien qué querés decir.
