RA —Decíamos que la comisión va a elaborar ese código de ética y después va a actuar con cuestiones que estén establecidas en el código o que hayan quedado afuera, ya sea actuando de oficio o por denuncias que reciba. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Usted decía que la comisión va a tener un carácter reservado…
RG —Bueno, sobre todo en la primera etapa, ahí creo que cuando entramos en los comportamientos privados lo hacemos en un campo en el que hay que respetar la privacidad de la persona, excepto que al final de esa tramitación del asunto se llegue a la conclusión de que hubo un comportamiento indebido. Si lo hubo, la sociedad en su conjunto tiene el derecho a que se lo corrija, lo cual se puede hacer con una recomendación… Algunos me preguntaban para qué sirve la recomendación, bueno, si a mí me recomiendan no comportarme en determinado aspecto de mi vida privada de determinada forma que puede estar siendo negativa para el Parlamento, a mí me genera una obligación ética y jurídica, porque tengo la obligación constitucional de darle la mayor credibilidad al Parlamento frente a la ciudadanía, es una de las bases…
EC —Es una tarjeta amarilla, digamos.
RG —Es una tarjeta amarilla y estoy seguro de que no es un tema menor.
RA —Usted establece tres mecanismos de sanción en el proyecto de acuerdo con la gravedad de la inconducta o de la situación que se esté analizando.
RG —Exactamente, puede ser una recomendación que no tenga otra consecuencia, por supuesto que si se reitera puede tener otras consecuencias. Cuando el mérito y la gravedad del asunto así lo justifique, la comisión podrá proponer a la cámara correspondiente, por mayoría de dos tercios, que es lo que indica la Constitución, las sanciones que entienda pertinente por desórdenes de conducta o actos que lo hagan indigno de su cargo. Eso puede ser desde una suspensión, una retención de haberes o hasta una expulsión, así lo establece la Constitución, no estamos inventnando nada.
EC —Hay antecedentes de expulsiones, algunos de los muy polémicos, incluso desde el regreso a la democracia.
RG —Exactamente.
EC —No había, de todos modos, una comisión especializada que hubiera analizado los casos, esos asuntos se tramitaron de otra forma.
RG —Y estoy seguro de que, en algún caso que tengo en mente, si hubiera existido esta comisión no se habría llegado a lo que se llegó, porque a veces una buena recomendación, a tiempo, evita males mayores. Eso es lo que estamos buscando hacer, acá no estamos buscando condenar, yo me siento igual de pecador que todos, muchas veces pecamos por desconocimiento y eso es lo peor que nos puede pasar. La última sanción que puede aplicar la comisión, la más grave, es cuando hay violación de la Constitución u otros delitos graves, que ahí sí, por otro artículo, el 93, se hace un juicio político.
EC —Pero todo esto de ahora en adelante tiene como base de análisis estas comisiones, una por cada cámara.
RG —Que van a servir para facilitar, para hacer cumplir y van a ser otros ojos. Ahí probablemente elijamos a los que tengan más trayectoria en la cámara, que sean intachables, gente que de alguna forma tenga más autoridad moral por su trayectoria. Y desde allí nos van a poder mirar y decir: “Goñi, eso que estás haciendo mirá que no hay que hacerlo más porque te puede traer consecuencias”, etcétera.
RA —Pero ¿cómo hace para que esa comisión de todas formas pueda romper con ese corporativismo parlamentario o para que su accionar no termine siendo un pase de facturas políticas?
RG —Esos riesgos están, tanto el de un exceso de denuncias como el del pase de facturas políticas. Pero el interés general está primero y la sociedad en su conjunto tiene derecho a que el Parlamento tenga un comportamiento ejemplar.
