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Entrevista central, viernes 3 de junio: Álvaro Garcé

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EC —Puede entender que no se aumente la pena para ese delito.

AG —Entiendo el argumento, que se nos diga que no porque implica un aumento de pena, pero no lo compartimos, me parece que hay que dar una señal muy clara de protección a la vida. Y además las modificaciones tienen que tener una coordinación: nosotros estamos planteando que los delitos de narcotráfico tienen que ser inexcarcelables, entonces cómo no lo va a ser el homicidio, por un principio mínimo de congruencia, de armonía del derecho penal.

Cuando nos dicen que no a las modificaciones del homicidio agravado y muy especialmente agravado, nosotros proponemos que se incluya como homicidio especialmente agravado el que se comete contra un trabajador cualquiera, un taxista, un repartidor, un chofer, un cobrador, un comerciante, en ocasión o con ejercicio de las tareas. Y proponemos que cuando la víctima sea un funcionario policial o un guardia de seguridad privada el homicidio sea muy especialmente agravado. Allí nos dicen que no porque es un aumento de pena. Yo entiendo francamente que no es un aumento de pena, en todo caso es una modificación de subtipo penal, una modificación del texto de la ley en que dejamos exactamente iguales los mínimos y los máximos para las dos figuras. La prioridad es esa. Luego, el narcotráfico.

EC —Una precisión: ¿por qué proponen estas medidas con respecto a los delitos cometidos contra personas que están trabajando? ¿Qué experiencia hay en otros países en esa materia?

AG —No solo es la experiencia de otros países, sino la de nuestra propia realidad. Vemos que muchas veces el homicidio de un trabajador, por ejemplo de un policía, un guardia de seguridad, un chofer, un repartidor, un comerciante, se produce en ocasión de una rapiña que se complica. Se nos dirá que no es necesario prever una agravante especial porque ya está contemplada en el 312 del Código Penal, lo cual sabemos desde hace rato. Pero a veces no se mata porque se complica la rapiña, sino simplemente porque hay una persona que tiene un uniforme, que es un guardia de seguridad, un policía, o se mata al chofer de un reparto simplemente para demostrar el poderío del grupo en el barrio, para demostrar que se tiene un arma de fuego y que se tiene el valor, mal entendido, de dispararla. Por lo tanto, si bien en estos casos, como no hay conexión con otros delitos, porque no hay una rapiña, por ejemplo, se podría imputar otra agravante, que sería la brutal ferocidad, esa es una cuestión que depende de la prueba, caso a caso. Entonces queremos que lo que trabajosamente resulta de la prueba esté establecido a texto expreso y que se dé claramente una señal de protección hacia los trabajadores, especialmente o muy especialmente hacia aquellos que tienen que ver con la seguridad.

EC —Entendida la filosofía, ¿qué pasa en materia de antecedentes? ¿En otros países también se procede así?

AG —Sí, en algunos países el criterio general es que en atención a la calidad o a la condición de la víctima se agravan las figuras.

EC —Ustedes están proponiendo que esos sean los temas prioritarios.

AG —Hasta ahora hablamos de los homicidios, lo expliqué a fondo. En narcotráfico proponemos que todos los mínimos sean inexcarcelables, proponemos modificaciones a la legítima defensa presunta en materia rural, proponemos la modificación de los mínimos y máximos en materia de minoridad infractora. Todas estas cuestiones a nuestro juicio sí tendrían un directo impacto en la seguridad pública, pero hasta ahora de todo esto solamente hemos acordado la limitación de las libertades anticipadas y provisionales y estamos en un proceso de discusión en que –permítame ser un poco escéptico respecto del resultado final– da la sensación de que las penas, si se cambian en materia de narcotráfico, serían mucho más cortas, mucho más modestas de lo que la realidad aconsejaría.

EC —¿No hay espacio todavía para seguir negociando? ¿Ya lo da por liquidado?

AG —No, no, pero debería haber un cambio sustancial, que ojalá ocurra, entre lo que se nos dijo en la última reunión y lo que nosotros proponemos. Nosotros planteamos que hay que establecer –y esto no es una innovación, sino en todo caso la restauración de algo que ya existió– que todos los delitos de narcotráfico tengan una pena mínima inexcarcelable. Se nos ha dicho que eso podría ser solamente en los casos de importación, exportación o financiamiento de actividades de narcotráfico, y está quedando fuera toda la producción y sobre todo el tráfico interno. En la jornada de ayer hablábamos con el senador Javier García sobre algunos intercambios que hubo en la reunión política del martes que harían un poco más flexible la posición del Gobierno con respecto a lo que se nos había dicho el jueves pasado en el ámbito técnico-político. Pero queremos ver que efectivamente se pueda ir a una modificación real y que contemple también la producción y el tráfico interno de estupefacientes, de forma tal que esas modalidades también sean inexcarcelables.

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