EC —Volvamos al documento, vamos a una pregunta más general. Lacalle Pou esgrime que hay una mayoría parlamentaria para respaldar lo que se plantea en este texto. Sin embargo en algunos casos, como comentábamos, no se especifica el contenido de la medida, o no hay objetivos, desaparecieron los números, o no se explica cuál es la medida que se pretende adoptar para lograr tal o cual cambio. Entonces, como no está explicitada a ese punto la propuesta, ¿qué garantías hay de que efectivamente habrá una mayoría parlamentaria?
JMS —Dos cosas. Primera, si algún pecado tiene este documento es que fue demasiado al detalle.
EC —¿Ah, sí?
JMS —Es así. Pocas veces se ha visto un documento con tanto punto, con tantos rumbos en los diversos temas.
EC —Le menciono uno, página 13: “Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales”. ¿Qué quiere decir eso?
JMS —Quiere decir que no estamos conformes con cómo está el Instituto de Colonización. Esa es la base, no estamos conformes, no nos vamos a quedar quietos, vamos a intentar cambiar. Eso es lo que dice el documento.
EC —Pero hay tantas formas de cambiar…
JMS —Desde ya que sí, pero usted se da cuenta de que en un esquema de postulación más general ni siquiera figuraría eso, habría diez declaraciones, que es lo que incluso en algún momento se pensó. A mí me sorprendió cuando Lacalle hizo esta propuesta, porque había entendido o sobreentendido que iban a ser unos diez postulados bien genéricos. En cambio se fue a este compromiso, que es mucho mayor.
EC —Son 13 capítulos con varios puntos cada uno.
JMS —Cuando se dice “actualizar el Instituto de Colonización”, usted dice que no se dice cómo.
EC —Claro, mi duda es: ¿cómo se sabe que se van a poner de acuerdo cuando llegue el momento de redactar el proyecto de ley?
JMS —Está bien, usted al año me podrá reclamar: “usted se quedó quietito en el Instituto de Colonización, no hizo nada, quiere decir que violó el acuerdo”. O sea que ese solo compromiso de cambiar ya es algo: adecuarlo a la nueva realidad, efectivamente, porque ya sabemos cuáles son hoy las realidades en materia agrícola, ya no es simplemente la extensión de la tierra, sino la calidad técnica de lo que se pone arriba, etcétera, el valor tecnológico. Habrá que verlo, me parece que es el compromiso de decir “en esa materia no nos vamos a quedar quietos, vamos a buscar un cambio, vamos a tratar de mejorar lo que creemos que hoy no está suficientemente adaptado a la realidad”.
EC —Un paso más: Lacalle Pou le asigna importancia fundamental a la aprobación, a mediados del año próximo, de un proyecto de ley de urgente consideración que va a contener las reformas prioritarias, las que no pueden postergarse, en áreas muy sensibles. ¿El contenido de ese proyecto no debería aparecer acá, en el documento del acuerdo?
JMS —Es imposible, esta es la primera aproximación.
EC —Ni siquiera está aludido en el texto, no se lo menciona.
JMS —Y no hay por qué tampoco. Eso es un procedimiento instrumental. Lacalle ha hablado de que prefiere hacer eso en una ley de urgencia, ¿por qué no? No es un tema de filosofía, es un tema de procedimiento. El mecanismo de las leyes de urgencia se ha usado, no mucho, pero se ha usado, fui uno de los que lo redactaron.
EC —¿Usted es redactor de esa norma de la Constitución?
JMS —Sí, como de muchas otras. Ese procedimiento lo tomamos de la Constitución francesa del año 55.
EC —Ha acaparado buena parte de la controversia, la polémica del FA va en buena medida por ahí.
JMS —Sí, y eso revela la vaciedad del FA, la total vaciedad. Estaban en contra de la ley de urgencia por sí misma, por el procedimiento, porque un procedimiento constitucional era poco menos que el autoritarismo. No discutían los contenidos. Es más, decían “la barbaridad que significa intentar una ley de urgencia”. ¡Por favor! Esto es parte de un FA que hoy se encamina a una elección sin ningún contenido y está haciendo esta comedia, un poquitito caricaturesca, de ir integrando un gobierno e ir integrando ministros.
EC —¿Para usted es una comedia?
JMS —Parece una comedia, ¿no? Que vayan a buscar hoy a Mujica para proponerle el Ministerio de Ganadería, cuando Mujica representa a la amplia mayoría del FA y es mayor que yo todavía. Entonces mandarlo a una línea ejecutiva es simplemente un recurso propagandístico, es de tal modo evidente que mueve más bien a ironía.
EC —Vuelvo al texto.
JMS —Lo que vuelvo a decirle es eso: la ley de urgencia es un procedimiento y está bien, usted no puede adelantar porque nunca ha ocurrido que haya un programa tan preciso en el cual se mencionen los decretos. Yo no recuerdo ningún programa de ningún momento así, en algún momento fueron más amplios, en otros menos. Revise hacia atrás y vea si hay muchos documentos de acuerdo tan detallados como este. Entonces naturalmente no está todo, hay cosas a discutir. Fíjese en materia de educación…
EC —Vamos a ese tema. Allí queda por el camino uno de los planteos más importantes que hacía el líder de esta coalición, Lacalle Pou: que en la ANEP se eliminaran los cargos de consejeros elegidos por los docentes, esos que se introdujeron en la ley de educación del primer gobierno Vázquez. ¿Fue el PC el que pidió este cambio?
JMS —Le voy a explicar. Se procuraba que la autoridad pública, la designada por el gobierno, tuviera el control de la situación y que el peso de las gremiales no operara como una limitante con capacidad de veto, como ha ocurrido. En lo que salió se mantiene la representación docente electiva, pero se establece que el Consejo de Educación Superior se va a integrar con los directores generales.
EC —Se amplía el Codicen.
JMS —El Codicen se amplía y el gobierno pasa a tener una mayoría mucho mayor, porque ha designado previamente esa mayoría, los directores de las ramas.
EC —Se reduce la incidencia de esos consejeros nombrados por los docentes.
JMS —Se reduce abiertamente la incidencia. Y en cualquier caso se mantiene esa representación también como una expresión, para no darles a los enemigos del cambio en la educación la bandera fácil de que se borra la opinión de los docentes. La oposición va a estar en contra de todo esto, ya está en contra de todo esto, antes de que lo dijéramos. Bastó que Eduy21 hiciera alguna propuesta de esto para que dijeran de todo: que es neoliberalismo, fascismo, privatización, una cosa de una irracionalidad pocas veces vista.
EC —O sea que la solución también persigue un objetivo electoral: sacar del medio un factor irritante.
JMS —Y sí, y está muy bien, porque no es un factor electoral, es un factor de consensos en virtud de que mucha gente –porque mucha gente es partidaria del cambio, mucha gente que nos vota, mucha gente de la que votó a Robert Silva para ingresar al Codicen– cree que es bueno.
EC —El grupo de Talvi no estaba de acuerdo con eliminar los consejeros elegidos por los docentes.
JMS —Hubo debate.
EC —En el grupo de Larrañaga tampoco.
JMS —Hubo debates. De repente una solución intermedia, no sé. Hay muchas variantes, pero lo importante no es eso, lo importante es: ¿el gobierno tiene suficiente mayoría para impulsar su idea de reforma?, ¿sí o no? Ahí está el punto. Y creo que eso se asegura en esta formulación de mínima.
Sigo el razonamiento porque quedó en el aire. Mucha gente de la que votó a Robert Silva y que está en contra del inmovilismo oficialista actual de la dirección de la enseñanza cree que es buena esa presencia y, justamente, pone como ejemplo que la presencia de Robert Silva en aquel momento, en un oficialismo frentista, significó una voz distinta que aportó cosas.
EC —Además lo mencionan como ejemplo de que esos consejeros no son los consejeros de los sindicatos necesariamente.
JMS —No necesariamente.
EC —A Robert Silva no lo votaron los sindicatos.
JMS —No. Entonces son argumentos que valen, por eso, eso se dejó. Pero está claro que hay que asegurarle la mayoría al gobierno, una mayoría amplia, firme, sólida, que permita gobernar. Y eso en principio está asegurado. Después se verá si la formulación concreta que se haga al final recoge algunas cosas más, algunas cosas menos. Pero lo fundamental es eso, no van a gobernar los sindicatos, que no elige el pueblo, sino las autoridades de gobierno, que son las que emanan de la voluntad popular.
