EC —Ángel Gurría lleva 13 años como secretario general de la OCDE, asumió en el año 2006. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo luego posgrados en la Universidad de Leeds en el Reino Unido, en la Universidad de Harvard y también en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos. Nació en mayo de 1950, pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el año 1968. Tiene más de 33 años de servicio público en las áreas financieras y diplomáticas del gobierno de México, en el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora, en su última etapa, en la OCDE.
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EC —La OCDE está lanzando una propuesta fiscal que algunos dicen que es la más innovadora de la historia, con un enfoque fiscal unificado, el proyecto BEPS.
AG —Basic Erosion and Profit Shifting (erosión de base fiscal y desvío de beneficios). Quiere decir que la base tributable y los beneficios o las utilidades a los que habría que aplicarles un impuesto se han ido esfumando, se van moviendo a paraísos fiscales, etcétera.
EC —Estamos hablando del más reciente y más profundo escalón de un proceso que la OCDE inició después de la crisis de 2008.
AG —Así es. Estamos hablando de un proceso que hoy vamos a dividir en personas y empresas. En el caso de las personas acabamos de intercambiar entre 100 países 100 –es como una red de intercambio, y hay otros que está sumando todos los días– 47 millones de cuentas bancarias de todo el mundo con todos sus detalles, con pelos y señales, y todos los montos, todos los intereses y todo lo demás que contienen. Contienen cinco trillones (en inglés), que es como la tercera parte de la economía americana, varias economías alemanas o francesas, es una cantidad enorme de recursos mayoritariamente no declarados en sus lugares de origen. Hoy todos estos 500.000 o 600.000 cuentahabientes están yendo con el señor director o la señora directora de los impuestos a decirle: “Oiga usted, en el hipotético caso de que un hipotético ciudadano hubiera creado un hipotética cuenta, ¿qué podríamos hacer?”, y el director o la directora les van a decir: “Hipotéticamente lo voy a meter a la cárcel”, le voy a cambiar el uniforme por uno de rayas.
EC —El hecho de que la OCDE haya acumulado toda esa información con esos números que usted acaba de mencionar marca de hecho el fin del secreto bancario.
AG —¡Así es!
GC —Y la confirmación de que la OCDE tiene los instrumentos para la medición.
AG —Por supuesto. Y no solo eso, esto además fue motivo de legislación en cada uno de los países. Además hubo un documento que firmamos entre 70 países al mismo tiempo, los 70 países firmaron el mismo documento y en tal virtud modificaron como 1.500 o 2.000 contratos diferentes que tenían para intercambio de información. Ha habido muchas cosas muy importantes, muy originales, pero lo que importa son los resultados. Y los resultados son que hoy los países ya han recibido más de 100.000 millones de euros, como 110.000 millones de dólares, de contribuciones “voluntarias” de estos que dijeron “oiga usted, en el caso hipotético”, porque al ministro de Hacienda no le interesa meter a la gente a la cárcel, en el fondo lo que le interesa es cobrar los impuestos. Yo fui ministro de Hacienda y lo sé, de repente uno tiene que meter a la cárcel a dos o tres como ejemplo. Entonces se están creando estas ventanas de oportunidad para normalizar a los contribuyentes y para que de aquí en adelante la gente que ya declaró esté pagando los impuestos de manera regular. Pero es extraordinario, Vladimir Putin nos recibió en el año 2013 para ser el anfitrión del G20 en San Petersburgo y dijo: “Si esto llega a suceder, siquiera remotamente, como está planteado, va a ser la transformación más revolucionaria en materia del régimen internacional de los impuestos en 100 años”. Y creo que efectivamente así es. Pero esto es para individuos, para personas.
EC —Sí, usted mencionaba lo que se avanzó en cuanto a individuos.
AG —Ya no hay dónde esconderse hoy, eso es lo más importante.
EC —La contracara, dicen algunos, es la voracidad fiscal de buena parte de estos países, que después de la crisis de 2008 necesitaban salir a recolectar dinero que se les escapaba.
AG —Necesitaban el dinero, sí, eso ayudó mucho a concentrar la atención. El otro tema son las empresas. Ahí tenemos 15 áreas de ataque, lo más importante es la definición país por país de dónde tiene los beneficios y las utilidades cada una de las empresas, para que después el ministro de Hacienda las invite a tomar un café y les diga: “Oye, tú dices aquí que ganaste 100 millones, pero me pagaste 300.000 dólares de impuestos. Eso no tiene coincidencia”.
GC —Esto que está describiendo es importante porque, según los medios y sobre todo en el caso francés, se ha hablado mucho de que el énfasis de la OCDE en el tema de empresas podría estar por el lado de las empresas tecnológicas. Pero usted lo está describiendo como un abanico mucho más amplio.
AG —Es para todas las empresas, lo que pasa es que se nos quedó en el tintero y ha sido el último tema que estamos abordando por la dificultad intrínseca de ponerles impuestos a las empresas, a una economía crecientemente digital. No a las empresas digitales, esto no es para ponerles impuestos a Facebook, Amazon o Google, o cuando menos no nada más, se trata de que todas las empresas, que están cada vez más digitalizadas, paguen impuestos y no aprovechen las estructuras fiscales que se habían creado para evitar el pago.
EC —Porque son empresas que hacen negocios incluso en países donde no tienen presencia física.
AG —Ese es el punto clave, resulta que la ley básica de los impuestos, el punto fundamental ha sido siempre la presencia física, que uno tenía o una tienda o una oficina o un edificio o un distribuidor o lo que sea de las cosas que uno vendía. Y hoy puede uno estar perfectamente bien en cualquier parte del mundo donde tenga baja imposición y desde ahí dar servicios a todas las empresas de todos los países del mundo sin estar ahí con presencia física. Hay por lo tanto que cambiar las leyes y las reglas. Hace una semana presentamos la propuesta que vamos a llevar al G20 los días 17 y 18 de este mes de octubre en Washington para que nos la aprueben, nos den la bendición y la llevemos a consulta pública para que el próximo mes de enero tengamos ya una idea bastante clara de por dónde vamos y en junio idealmente tengamos ya aprobada la hoja de ruta para poder gravar a las empresas o a las economías cada vez más digitales.
