EC —A partir de ese diagnóstico, ¿cuál es la propuesta? Ustedes dicen, por ejemplo, que comparten “las grandes orientaciones presentadas en el Libro Abierto de Eduy21”. Y agregan que en particular están de acuerdo con siete puntos. ¿Hay que entender que ese es el esqueleto de la reforma que plantean?
P da S —Eso significa que hace años que venimos conversando con otros, hace años que tenemos claras dos cosas, primero, que el gobierno que salga de estas elecciones no va a tener mayoría propia, y segundo, que se necesitan un consenso muy amplio y un apoyo de opinión pública muy amplio para poder hacer los cambios que se tienen que hacer. Estamos en diálogo y participando de Eduy21 desde que nació, pero también estamos en diálogo con los expertos en educación del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente (PI), conversando, construyendo puntos de convergencia, porque esas no son cosas que podés empezar a hacer después del 27 de noviembre. Si recién después del 27 de noviembre te preocupás y te das cuenta de que no vas a tener mayoría propia o de que una reforma de la educación necesita apoyos muy amplios, ya es tarde.
EC —¿Entonces estos son puntos centrales? Definir un nuevo marco curricular que abarque la educación de 3 a 18 años y que incluya la educación por competencias; fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como institución rectora de la política educativa nacional; modificar la gobernanza de ANEP; modificar la ley de educación del primer gobierno Vázquez; dar mayor protagonismo al centro educativo como escenario de la vida educativa; reformar la formación docente, avanzando hacia un modelo con diversidad de instituciones formadoras; articular las políticas educativas con las políticas sociales de inclusión.
P da S —Sí, todos esos son puntos de acuerdo no solo entre el PN y Eduy21, diría entre el conjunto de partidos de oposición, Eduy21, donde además hay gente del FA, y una parte importante de expertos y analistas en el tema educativo que no tienen ninguna clase de alineamiento específico. Son grandes rumbos que hoy cuentan con un apoyo mayoritario en la sociedad uruguaya porque todos los que compartimos estos acuerdos o todos los que ayudamos a construirlos creemos que son los cauces de mejora por los que hay que avanzar.
EC —Vayamos a uno de esos puntos. En el programa se lo presenta como “fortalecimiento del poder ciudadano”. Dice: “Nos proponemos separar la función rectora de la educación, que debe ser realizada por el MEC bajo control del Parlamento, de la organización de la provisión de los servicios educativos, que es la tarea privativa de ANEP”. ¿Estaríamos hablando de un ministerio más activo en la conducción de la educación y de estas reformas en especial?
P da S —Más activo en lo que puede y debe ser activo. Tenemos una disposición constitucional que divide tareas entre el MEC y los entes autónomos que manejan la educación, no solo ANEP, sino también por ejemplo la Universidad de la República. Es una disposición constitucional que hay que respetar de manera muy estricta.
EC —Está la autonomía de la educación de por medio.
P da S —Claro, pero ¿qué significa autonomía? Tanto desde el punto de vista etimológico, del sentido de la palabra, como desde el punto de vista de la doctrina un órgano autónomo es un órgano que se da a sí mismo sus reglas para funcionar. Nomos en griego significa ‘regla’, auto es el ‘uno mismo’, por tanto alguien que es autónomo es alguien que se da a sí mismo sus reglas para funcionar. Ese es el sentido del término autonomía y eso es lo que hay que respetar escrupulosamente. Pasa que algunos han hecho una interpretación muy extrema y en algún sentido antijurídica de la autonomía, que incluye una especie de autarquía. La Constitución no dice eso, la Constitución no impide que la sociedad uruguaya, como cualquier sociedad democrática, se fije metas, se fije objetivos en materia educativa. Lo que no puede hacer es decirle a ANEP “yo te elijo a los profesores”, “yo te defino el calendario”. Hay cosas que son privativas de ANEP y está muy bien que lo sean, es nuestra tradición y hay razones para defenderla. Lo que no puede ser es que los ciudadanos hagamos el esfuerzo económico de financiar la educación pública y después no haya ningún lugar donde podamos decir una sola palabra.
EC —Por eso hablan de fortalecimiento del poder ciudadano.
P da S —Que es donde están representados los ciudadanos. Pero además, insisto, la Constitución no dice otra cosa.
EC —De todos modos, acá hay un potencial problema, hay un riesgo de conflictos, está la posibilidad de que sindicatos, por ejemplo, salten y se genere un espacio de polémica, movilizaciones, etcétera. ¿Cómo manejan esa alternativa?
P da S —Creo que ese es un miedo que algunos alientan. El oficialismo se plantea una idea que resulta doblemente falsa que es “solo nosotros tenemos proximidad con los sindicatos y por lo tanto solo nosotros podemos hacer avances sin que los sindicatos tranquen esos procesos”. En primer lugar eso resultó falso, la proximidad del FA con los sindicatos no facilitó en nada la reforma educativa en estos 15 años, sino que más bien la dificultó. No se pudo hacer ni la primera medida, que no resuelve todo pero que es la primera medida, que es reformar el sistema de elección de horas docentes en la educación media. Entonces la idea del FA de “solo nosotros podemos gobernar porque somos amigos de los sindicatos” es falsa, los hechos no la confirman. Además tampoco es cierto que los sindicatos uruguayos estén en guerra con todos los demás. La semana pasada estuvimos en la sede del PIT-CNT, estuvo Luis Lacalle, estuvo Beatriz Argimón y estuvimos ocho o diez técnicos que los acompañamos en una mesa presidida por el presidente del PIT-CNT, por el secretario general del PIT-CNT y una sala donde había probablemente 200 sindicalistas de una variedad muy grande de sindicatos y de federaciones. Fue un intercambio muy constructivo, muy civilizado y muy razonable, y terminó con un muy lindo aplauso de los sindicalistas hacia nosotros y de nosotros hacia los sindicalistas.
EC —Quienes estaban allí dicen que el ambiente fue frío.
P da S —Yo estaba allí y te aseguro que no fue frío y que fue un ambiente de respeto, de franqueza, donde se vio claramente que hay espacio para construir acuerdos, e insisto, terminó con un muy lindo aplauso.
EC —Entonces ¿este MEC activo requiere algún tipo de instrumentación legal o es un tema de decisión política simplemente que ese cambio se produzca?
P da S —Es más un tema de decisión política. Por ejemplo, una de las medidas que queremos impulsar es la forma de nominación de los miembros del Codicen, que son designados a propuesta del Poder Ejecutivo con venia del Senado. Hasta ahora simplemente van los nombres, con el currículo, y se los vota, así ha sido históricamente. Nosotros queremos que al principio del quinquenio se elabore un plan nacional de educación en el que se fijen prioridades, se fijen metas, se marquen rumbos estratégicos a seguir durante el quinquenio. Le asignamos esa tarea al MEC y proponemos que para que el Senado dé la venia para la designación de esos miembros del Codicen esas personas se comprometan ante el Senado –que es quien finalmente puede destituirlos– a trabajar alineados con esas metas y con esas prioridades estratégicas.
