EC —Esa es una idea que ustedes ya plantearon hace cinco años, en la campaña electoral anterior.
P da S —Es verdad. Es una iniciativa política, no hace falta cambiar ni la Constitución ni la ley ni nada. Obviamente genera un hecho político nuevo.
EC —Primero el Poder Ejecutivo, el ministerio, genera un plan nacional de educación. Y después se elige para dirigir los consejos de la educación a profesionales que estén en línea con ese documento.
P da S —Plan nacional de educación que además elabora el MEC, pero nosotros proponemos que sea aprobado por el Parlamento. Ahí generás un hecho político. Si yo soy elegido miembro del Codicen y me comprometí ante el Senado de la República a impulsar ciertas líneas de acción y a alcanzar ciertas metas y después no lo hago, voy a tener un problema político serio. Es una manera de reforzar el poder de control ciudadano sobre la política educativa dentro de un marco de estricto respeto de lo que dice la Constitución. Y es volver a una cosa más normal, porque sería muy raro que los ciudadanos no tuvieran ninguna capacidad de influir sobre el rumbo de la política educativa. Eso no pasa en ninguna democracia y no pasa con ninguna otra política. Algo parecido pasa en materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) aprueba un plan quinquenal de vivienda para cada período de gobierno y luego hay otros actores, como el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda, algunos privados como Fucvam o Mevir, que toman sus propias decisiones en el marco de esas grandes orientaciones definidas por el MVOTMA. Entonces no estamos hablando de nada estrafalario, en el fondo estamos hablando de cómo funcionan las democracias.
EC —Otro punto: cambios a la ley de educación. Esos cambios se incluirían en el proyecto de ley de urgente consideración, ese que el Poder Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou enviaría al Parlamento el 1.º de marzo, ese que ha generado polémica en los últimos días. Son varios los puntos que ustedes detallan en esta materia.
P da S —No ha generado mayor polémica. Ha habido algunos intentos de ataques políticos, pero todos los juristas que se han pronunciado con seriedad al respecto dicen que es una potestad del Poder Ejecutivo, que además se ha usado todo el tiempo, que el FA ha usado. No es verdad que haga falta una situación de emergencia, lo que es de urgencia es el procedimiento. Por ejemplo, el FA usó el sistema de la ley de emergencia para crear el Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares), el sistema de patente única. Nadie podría decir que había una emergencia nacional por la cual había que crear el sistema de patente única.
EC —Esa ha sido una parte de la discusión, la otra es que en esa ley de urgente consideración habría un programa “oculto”, con medidas que ustedes no están informando.
P da S —Esos son cucos. Si hay algo que nosotros hemos cultivado de manera casi obsesiva es la claridad, lo que nos proponemos hacer está extremadamente claro. Si algo no está claro es lo que se propone hacer el FA, uno lee las bases programáticas del FA y lo que está diciendo su candidato y hay diferencias enormes. Por ejemplo, el candidato dice que va a hacer todo lo posible para no subir impuestos, mientras que las bases programáticas anuncian que van a subir impuestos y hasta dicen qué impuestos van a subir. Entonces si hay dudas acerca de lo que se haría en un futuro gobierno, esas dudas no vienen por el lado del PN, que hemos sido claritos y consistentes durante años. Las dudas en todo caso vienen por el lado del FA.
EC —Casualmente, en el capítulo educación se mencionan algunos puntos que irían en esa ley de urgente consideración. Son varios, son cambios a la ley que se votó en el primer gobierno Vázquez. Marqué tres. Por ejemplo: “Eliminación de la exigencia de diez años de experiencia en la educación pública para integrar órganos de gobierno de ANEP. La endogamia no es la solución a los problemas de nuestra enseñanza”. Ustedes ya han argumentado a favor de una medida de este tipo.
P da S —Que de hecho es volver a situaciones que hubo en el pasado. En el pasado se exigía para algunos miembros esta condición de experiencia de diez años en la educación pública, pero no para todos. Nosotros queremos abrir la puerta de entrada a personas que puedan ejercer cargos de gobierno.
EC —“Rediseño de la gobernanza de la ANEP, incluyendo en el Codicen a los directores generales de los consejos desconcentrados.” ¿Qué importancia tiene este cambio?
P da S —Cuando uno analiza el funcionamiento de la enseñanza pública, hay dos grandes causas institucionales –después hay de otro tipo– que explican la lentitud y la ineficiencia. Una es que hay demasiada gente decidiendo, casi 20 personas tomando decisiones todos los días, decisiones de primera magnitud sobre el rumbo de la educación, es demasiado. Y luego está ese escalonamiento Codicen-consejos desconcentrados en donde con mucha frecuencia se empantanan las cosas. A veces hay voluntad del Codicen de avanzar en cierta dirección y cuando eso se traslada al consejo respectivo ahí todo se diluye.
EC —Se busca solucionar eso de esta manera.
P da S —Se busca solucionar acortando las distancias entre esas instancias.
EC —Y un tercer punto: “Eliminación de la representación docente en los consejos de la ANEP. La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos”. Acá sí que tenemos un tema polémico.
P da S —Esa es una posición que nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años y que nos parece conceptualmente muy clara. Creemos en la democracia representativa, no creemos en el gobierno corporativo, que es de hecho de inspiración fascista. Creemos en la democracia representativa, por eso no creemos que los docentes tengan que gobernar la enseñanza, del mismo modo que no creemos que los empresarios tengan que gobernar el Ministerio de Industria ni que los militares tengan que gobernar el Ministerio de Defensa. Creemos que todo eso tienen que hacerlo los ciudadanos y la vuelta de octubre es un momento para con claridad y sinceridad fijar la posición.
EC —El FA no comparte esta medida, y tampoco el PC, que a lo máximo llega a que esos consejeros elegidos por los docentes permanezcan con voz pero sin voto. Incluso hay diferencias entre los colorados, hay quienes dicen que no habría que tocar nada de esto.
P da S —Efectivamente, ese es claramente un punto en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo, y de hecho ya estamos conversando fórmulas con los otros miembros de una eventual coalición de gobierno de partidos hoy opositores. Para nosotros octubre es el momento de decirles a los ciudadanos claramente lo que pensamos y por qué. Después habrá que construir los acuerdos que nos permitan gobernar, y es probable, por cómo vienen las conversaciones, porque conocemos las opiniones de nuestros eventuales socios y porque hacemos política con realismo y no emperrados en nuestra posición, que entre octubre y noviembre hagamos pública una clase de acuerdo que permita que todos confluyamos.
EC —Por ejemplo podría ser esa fórmula, que permaneciera la representación elegida por los docentes, pero sin voto.
P da S —No quiero adelantarme por respeto a los demás miembros de la futura coalición de gobierno, no quiero adelantar acá cuál sería una solución.
EC —¿Y con los sindicatos docentes? Voy al punto siguiente, dijimos que va a ser un artículo o más de un artículo en la ley de urgente consideración, es una medida que ustedes quieren sacar rápido. ¿No va a faltar espacio para la negociación con los sindicatos, que van a reaccionar en contra? ¿Cómo van a manejar ese otro potencial conflicto?
P da S —Vamos a ver. Creo que hay que distinguir las dirigencias sindicales, los sindicatos y los docentes. Al mismo tiempo que hacemos esto, queremos fortalecer la autonomía de los centros educativos y ahí dar muchas más oportunidades de participación y de influencia a los docentes. El régimen actual, finalmente, a los docentes les da la posibilidad de votar una vez cada cuatro o cinco años a sus delegados y la participación docente termina ahí, hasta la siguiente vez que votan a sus delegados. Nosotros los queremos participando, incidiendo, siendo protagonistas todos los días en los centros de estudios. Entonces probablemente a algún dirigente sindical esto no le guste, pero yo no diría lo mismo de la gran masa de docentes; todo depende de cuál sea la configuración del conjunto de transformaciones que estamos proponiendo. Pero además, en última instancia –esta es una confusión en la que el oficialismo cae una y otra vez–, esto no lo tienen que decidir los sindicatos, esto lo tienen que decidir los representantes de los ciudadanos. En una democracia los sindicatos tienen que existir, está muy bien que existan, pero los sindicatos son órganos de representación corporativa cuya tarea es defender los intereses de sus afiliados, no es gobernar, no es elaborar leyes, no es decidir los grandes rumbos de la política nacional. Eso corresponde a los ciudadanos.
