Entrevista del miércoles 21 de agosto de 2019: Diego Sanjurjo

EC —Cito ahora a Andrés Ojeda: él dijo que las propuestas de seguridad del PC suponen “la única línea humanista” de las que hay en disputa en la campaña. ¿Usted está de acuerdo?

DS —Mirá, si te lo puedo conectar un poco con la parte anterior, y el lío que armé, más allá de que debería enterrarlo rápidamente, una de las razones principales por las que me quise unir a este proyecto de Ciudadanos fue de alguna manera justo para romper o ayudar a superar una dicotomía un poco adolescente en la que vive la política uruguaya, donde siempre estamos en un péndulo, de un lado a otro, criticando a muerte al contrincante, y esto se da no solo en la política sino también en las políticas de seguridad. Estamos siempre en una especie de péndulo donde tenemos de un lado todo lo que vendría a ser la mano dura pura, el aumento de penas hasta el infinito, la cadena perpetua, la pena de muerte, mano dura y plomo, etcétera; y por el otro lado, lo que hablamos antes, que vendría a ser una especie de buenismo, de entender al delincuente siempre como una víctima del capitalismo y a tratarlo como tal. De lo que habla mi colega es un poco de lo que nos parece a nosotros que debería ser una constante no solo en esta área sino en todas: el dar un poco el paso al frente, de alguna manera madurar como sociedad y entender que el punto medio, el que de alguna manera entiende esos matices, es el que tenemos que tomar. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Bueno, al hecho de entender que la mayoría de los delincuentes son personas de muy bajos recursos que tienen muchos caminos en la vida truncados de antemano, no son como usted y yo, pero a pesar de eso no tienen ninguna excusa para delinquir. Nosotros como Estado, como gobierno, nuestra primera responsabilidad es ayudar a esas personas a abrir esos caminos, pero el camino de hacerle daño a otro, el de delinquir, el de hacer aquello que está prohibido por las leyes con las que nos regimos como sociedad, eso está prohibido. El Estado tiene que ser firme, tiene que imponer la autoridad y decir: esto no se puede hacer y punto, el que lo haga va a ser sancionado de manera legítima y firme. Entonces, nosotros tenemos una cantidad de medidas a corto, mediano y largo plazo, yo intento a veces resumirlas o comunicarlas en tres grandes reformas. La primera de ellas tiene mucho que ver con lo que hablamos antes sobre el trabajo que intentaron realizar con el Plan Siete Zonas: nosotros creemos que tenemos que tener una policía que sea comunitaria o de cercanía, que son policías mucho mejor entrenados que los actuales, que tengan casi un nivel terciario como se tiene en los países del primer mundo. Que eso les permita tener un entrenamiento para lidiar con el ciudadano de manera cercana y patrullar un barrio que conoce a fondo, que conoce por nombre y apellido a los vecinos, al almacenero, a los maestros y los médicos que trabajan en ese barrio. Pero, más que eso, tener una preparación que les permita comprender su rol, que es que la policía solo puede ser una pata de una respuesta integral a la inseguridad.

EC —Sí, ustedes en el programa dicen que hay que “brindar respuestas multidimensionales en pos de la seguridad ciudadana”. Concretamente, ¿cuál sería el esquema?

DS —Bueno, tenemos una propuesta a la cual regresamos siempre en nuestro programa, no solo en el área de la seguridad: la instalación Centros de Atención Integral (CAI). Serían unos lugares físicos instalados en los barrios más necesitados del país en los cuales trabajarían en conjunto representante de la policía que actúa en ese barrio con los maestros de la escuela, los médicos, la intendencia, los trabajadores sociales. Eso permite llegar a respuestas que sean realmente integrales y que entiendan la problemática en toda su complejidad. Le pongo un ejemplo: los operativos Mirador, el otro día hubo un Salto un operativo en el cual se desbarató una banda narcomenudista, se hizo muy bien y fue una respuesta excelente del Estado, se llevó a muchas personas a prisión y lo celebro. Ahora, ¿cuál es el problema? Una vez que las personas se van a la cárcel la demanda de droga sigue instalada en el barrio, eso no va a cambiar, y a los seis meses, máximo, ya va a haber una banda nueva que tome su lugar.

EC —¿Y eso cómo se evita?

DS —Bueno, ahí hay que romper el círculo vicioso. Lo que se hace en otros países -y nosotros tenemos que empezar a comprender que es la solución también en Uruguay; de vuelta, madurar como sociedad en ese sentido- es entender que cuando un delincuente va a la cárcel, en ese mismo momento, ese mismo día, un médico y un trabajador social deberían ir a la casa de esa persona a ver cuál es la situación familiar. ¿Tiene hijos, están bien alimentados, van a la escuela? ¿Qué pasa con la pareja de ese delincuente, está también metida en el narcotráfico? En este caso concreto, ¿qué pasa con los adictos que están en la zona? ¿No se los puede encontrar y trabajar con ellos para ayudarlos a acercarse a un lugar de asistencia, de terapia? Eso requiere un trabajo conjunto entre las distintas patas del Estado, que tienen que encontrarse en el territorio. No alcanza con que los ministerios estén coordinados, sino que en el territorio los profesionales, los burócratas, tienen que llegar a un mismo objetivo y trabajar en conjunto.

EC —Si entiendo bien, esa coordinación entre instituciones del Estado, que hay que instalar en cada uno de esos barrios, va a funcionar distinto según el barrio.

DS —Por supuesto, claro…

EC —No es una única fórmula de coordinación.

DS —Lo que se lleva a cabo a veces es que los distintos ministerios estén trabajando en forma coordinada. Ahora, cada barrio tiene sus propios problemas y el maestro, el policía, el médico y el trabajador social del barrio son los que conocen la problemática real y los que sentados juntos en una mesa, a diario, pueden decir: este problema, este operativo que tenemos que hacer para desbaratar a esta banda, va a requerir toda esta ayuda y estos trabajadores actuando de manera conjunta y coordinada. Eso es lo que queremos implementar.

EC —¿Ese es uno de los pilares de la política de seguridad que piensan implementar?

DS —Conlleva una mejora de la educación de los policías, de la formación que tienen. Conlleva policía de nivel terciario. Conlleva una policía que pueda patrullar los barrios de manera muy distinta a la actual. Esa sería la primera gran reforma.

EC —Cuando hablan, por ejemplo, de resignificar el papel de las comisarías…

DS —Claro, porque lo requiere.

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