RA —Usted detallaba algunas de las medidas y de los cambios anunciados. ¿Este tipo de medidas no terminan siendo muy complicadas y difíciles de entender y de comprender para la población en general? En un momento en que se le está reclamando medidas al gobierno, ¿no debieron haber simplificado la cuestión hasta desde el punto de vista comunicacional? Por ejemplo, ¿no era más práctico utilizar ese espacio fiscal que se crea con los incentivos para directamente compensar ciertos sobrecostos que tiene el sector productivo en Uruguay, como han planteado algunos analistas?
PF —Dos cosas. Primer comentario: justamente, en el esquema de promoción de inversiones estamos simplificando tanto en lo que tiene que ver con los indicadores como en la presentación, se va a poner mucha tecnología para hacerlo mucho más amigable. Por lo tanto no fue la línea complicar, sino no solo aggiornar los estímulos, sino simplificarlos.
Segundo comentario: cuando hablamos de renuncia fiscal por dar incentivos a las inversiones, me gustaría decir que muchas veces esas renuncias son teóricas. Por ejemplo, yo mencionaba recién el caso de los US$ 1.900 millones de inversión potencial en proyectos de construcción de gran dimensión económica. Eso implica una renuncia fiscal, porque se otorgan beneficios, pero si esos beneficios no se hubieran otorgado, esos proyectos no se harían y por lo tanto la recaudación sería cero. Entonces, primero, la renuncia fiscal, más que ser una renuncia efectiva, es una renuncia teórica. Y en segundo lugar, si esos proyectos se ejecutan y hay una renuncia, los derrames que generan sobre la economía más que compensan y sobrepasan los costos fiscales que esto tiene. Esa es la lógica que se ha venido llevando adelante y por la cual estamos transitando.
EC —De todos modos, estamos hablando de medidas que por ejemplo en esto de que estamos hablando buscan promover el empleo fomentando la inversión.
PF —Que es la forma más genuina de crear empleo, la inversión productiva.
EC —De acuerdo, pero me imagino que también importa no perder empleos, no perder puestos de trabajo. Yo le mencionaba recién que desde 2014 se han perdido cerca de 37.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿no hacen falta otro tipo de medidas que les sirvan a las empresas que no están invirtiendo, que no tienen un proyecto de inversión por delante, pero que están complicadas y quizás tienen que reducir personal? Pienso por ejemplo en declaraciones que veo hoy de la presidenta de Anmype, Alejandra Fernández, en Búsqueda. Dice: “Hay un enorme sector de pymes que no están en una posición económica para poder invertir y obtener por lo tanto beneficios o deducir los del IRAE. Si bien las medidas diferenciadas para las firmas de menor porte son positivas, queda en el debe que se profundice más en el conocimiento de su realidad cotidiana para tomar las medidas. Habrá algunas empresas que puedan aprovechar los beneficios, no van a ser 100 % inocuas para el sector, pero no abarcan a la gran mayoría, que son micro y pequeñas”.
PF —Varios comentarios. Dentro del paquete de medidas que anunciamos, como decía la entrevistada en esa nota que mencionabas, que hacen a aspectos vinculados a la inversión, se dan beneficios mucho mayores que los que se daban a las micro y pequeñas empresas. Además de favorecerlas en el costo de cumplimiento de presentar proyectos y demás, se dan beneficios automáticos, que son importantes.
Hay otras medidas que abarcan a todos y que entendemos que pueden colaborar en alguna reducción de costos, que en mi vida anterior como director de Rentas y en la anterior a esa en el sector privado sabemos que eran costos importantes, que son los costos de cumplimiento con las obligaciones tributarias. Dentro del paquete de medidas para las empresas pequeñas se propone un proyecto de ley que implicará una liquidación mucho más simplificada del impuesto al patrimonio. Este tipo de empresas hoy pagan básicamente tres impuestos: IVA, que es una suma y resta del IVA ventas y el IVA compras; impuesto a la renta, que como lo pagan por un régimen ficto es un porcentaje sobre las ventas, y estamos buscando que el impuesto al patrimonio también se liquide como porcentaje sobre las ventas. Esto hará un régimen mucho más simplificado de lo que es una liquidación de impuestos pura y dura.
Pero además se está masificando para los pequeños y microemprendimientos –calculo que entre este año y el que viene va a haber un salto muy fuerte en esto, ya lo está habiendo– la factura electrónica. Lo que pretendemos, cambiándoles el régimen de liquidación y asociándolo a un porcentaje de ventas, es que el año que viene, con esto ya implementado y la factura electrónica masificada, la DGI, teniendo las ventas y las compras de la empresa y sabiendo que el IRAE y el impuesto al patrimonio se liquidan como un porcentaje de las ventas, pueda poner a disposición en su página web un borrador de los impuestos que los contribuyentes tienen que pagar para que estos únicamente tengan que darle ok. Esto es una reducción sustantiva de los costos de cumplimiento. Después tendré algún problema con el gremio de los contadores, al cual pertenezco, pero para los empresarios esto es una reducción de costos significativa. La DGI está trabajando para poner, dentro de esta mirada estratégica para este año y el año que viene, un software gratuito de facturación electrónica a disposición de las pequeñas empresas que les permita acceder a la liquidación simplificada de impuestos. Junto con esto mencionamos también dentro de las medidas un paquete de mejora en el relacionamiento de los contribuyentes con la DGI, que fundamentalmente beneficia a las pequeñas empresas, que muchas veces son las que tienen menor acceso a asesoramiento profesional calificado.
EC —¿Usted dice que este tipo de medidas ayudan a mantener el empleo, a que no se pierdan empleos en esas empresas? Porque estamos hablando de eso.
PF —Ayudan a reducir los costos de cumplimiento de las empresas, y si se reducen los costos colaboran a mejorar los márgenes de rentabilidad. Si la empresa se vuelve más rentable seguramente tenga más posibilidades de mantener el empleo.
EC —¿Se lo ha evaluado, se ha estudiado su impacto en el empleo?
PF —Esperamos que tanto el paquete de medidas para micro y pequeñas empresas como el régimen general de la Comap que estamos planteando tengan un impacto sobre el empleo. Mencionaba un caso concreto, tú decías que se perdieron unos 37.000 puestos de trabajo en los últimos años…
EC —Desde 2014.
PF —Yo decía que 33.000 puestos de trabajo se perdieron en la construcción. Entonces esperamos que el paquete específico junto con el paquete general de la Comap tengan un impacto significativo en el empleo. Poner a construir 1,7 millones de metros cuadrados por US$ 1.900 millones tiene un impacto.
EC —Está bien, yo le preguntaba a propósito de la última línea que venía desarrollando, la de las medidas que supuestamente benefician a las pequeñas y medianas empresas, si han cuantificado cómo van a incidir, cómo pueden incidir en el empleo.
PF —No hay al respecto una fórmula matemática que digamos esto genera una reducción de costos x y por lo tanto genera un incremento del empleo y o z. Pero sí entendemos que van en la línea, no mirando medida a medida, sino el conjunto de medidas, de mejorar el clima de negocios y por lo tanto colaborar en la generación de empleo. Por ejemplo la Fundación Getulio Vargas, en el informe que emite regularmente, dice que el primer país de América Latina en clima de negocios es Paraguay y el segundo es Uruguay.
