Entrevista, jueves 24 de mayo: Carlos Moreira

El intendente de Colonia habló de la campaña de recolección de firmas lanzada por su sector, Alianza Nacional, para reformar la Constitución en aspectos de seguridad.

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EN PERSPECTIVA
Jueves 24.05.2018, hora 8.28

EMILIANO COTELO (EC) —Quedó oficializado. Alianza Nacional (AN) comenzó ayer la campaña de recolección de firmas para plebiscitar una reforma de la Constitución que incluye cuatro propuestas vinculadas con la seguridad pública. “Vivir sin miedo” es el lema elegido.

En un acto que tuvo lugar en el Palacio Legislativo, el líder del sector, Jorge Larrañaga, presentó, junto con varios dirigentes, la comisión que se pone al frente de esta movilización y que está presidida por Silvia Ferreira, hija de Wilson Ferreira Aldunate.

¿Por qué se va por este camino? ¿Cómo va a ser el trabajo de este grupo?

Lo charlamos con el doctor Carlos Moreira, intendente de Colonia, abogado, exsenador y exsubsecretario del Interior entre 1990 y 1994.

¿Dónde lo encontramos?

CARLOS MOREIRA (CM) —En Colonia del Sacramento.

EC —¿Qué tal allí? ¿Cómo viene este otoño-invierno?

CM —Un poco complicado con la situación de Argentina, estos meses no son los mejores para el turismo particularmente. Estamos esperando a ver qué pasa en Argentina, que se estremece económicamente. Pero bien, en términos generales bien.

EC —Ahí han sentido el golpe de esta inestabilidad de las últimas semanas, ahí se notó.

CM —Claro. En estos días se ha sentido, veníamos de una temporada veraniega muy buena y ahora se ha sentido una caída en el ingreso de turistas. Trataremos de compensarla de diferentes maneras, pero evidentemente la relación de precios ha variado, Argentina ahora está más barata, entonces nos perjudica, sin ninguna duda. Vamos a tratar de paliar eso con incentivos.

EC —¿Qué medidas pueden adoptar ustedes?

CM —Hacer rebajas de precios, espectáculos, tratar de dar estímulos para que la gente venga. Eso se logra con buenos precios, con entretenimientos, con espectáculos, en fin. En eso estamos trabajando con la Asociación Turística y la Cámara Hotelera. Los meses de invierno siempre baja el ingreso de turistas, es natural, pero ahora se sumó esto de los cambios, sobre todo la devaluación abrupta que hubo en Argentina, los precios han bajado allá. Así que veremos, tenemos que pelear. No es solo el turismo, la agropecuaria tampoco está atravesando su mejor momento. Pero vamos a salir adelante, no tengo dudas.

EC —Vamos a centrarnos en el otro sombrero suyo, el de dirigente de AN, y en esta campaña en particular. Hace tiempo que Larrañaga y AN venían preparando esta iniciativa. ¿Por qué decidieron volcarse a una reforma constitucional para impulsar medidas vinculadas con la seguridad pública?

CM —Porque de otra manera no podíamos sacar adelante esto. Hemos presentado proyectos de ley, muchos proyectos de ley y ninguno contó con los votos en el Parlamento. De modo que la única forma de poder hacer aplicables estas medidas que consideramos necesarias es ir por la vía de una reforma constitucional y que la gente decida, primero firmando y luego votando la reforma en la elección de octubre.

EC —Una de las objeciones que se formulan a ese planteo es que se sigue cargando a la Constitución de la República de disposiciones que deberían ser materia de ley y que entonces terminan teniendo una rigidez que no corresponde.

CM —Pero la gente decide, esto es el ejercicio de la democracia directa. Cuando no podemos ir por el camino de la ley porque no tenemos las mayorías necesarias, y vaya si lo hemos intentado en varias oportunidades, optamos por este camino. El voto de la gente, más allá de sus afinidades partidarias, porque seguramente gente que pertenece a otras agrupaciones y a otros partidos políticos va a apoyar esto porque lo considera necesario. No hay otra forma de obtener esos resultados. Mucho más grave es la situación de la seguridad pública hoy. Creo que tenemos que buscar caminos alternativos y que es legítimo hacerlo para obtener los resultados que la gente quiere. No hay ninguna duda de que es así.

EC —El camino que han elegido implica que tienen que obtener la adhesión del 10 % de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico para que se habilite el plebiscito que tendría lugar junto con las próximas elecciones nacionales. Son unas 270.000 firmas. Si todo marcha bien, si se recolectan esas 270.000 firmas y entonces la propuesta se plebiscita junto con las elecciones nacionales y se aprueba, las medidas van a entrar en vigor en esa fecha.

CM —De inmediato.

EC —Sí, pero dentro de un año y medio, cuando el problema que preocupa es el de hoy.

CM —Claro, pero es eso o nunca. Hoy algunos indicios hay de que algún cambio se está proponiendo porque están planteando que las Fuerzas Armadas puedan hacer patrullajes y colaborar con función policial en los 20 km anexos a la frontera. Es un signo, un síntoma: a las Fuerzas Armadas, que tienen otro rol, que están formadas profesionalmente en forma diferente, ahora se les asignan competencias complementarias para coordinar con la acción policial en los 20 km de frontera. No en los centros poblados, pero sí en la franja de 20 km de frontera. Creo que esta situación exige cambios radicales, no tengo ninguna duda. Ahora estamos presenciando que el presidente de la República se pone al frente de esas medidas vinculadas a la seguridad… Claro, si escuchamos lo que Layera dijo, que es una visión casi apocalíptica de la situación, que vamos a llegar a El Salvador, a Guatemala… Que lo diga el número tres del Ministerio del Interior (MI) me preocupa muchísimo, y a todos los uruguayos.

EC —A propósito del camino elegido, del procedimiento, en el mejor de los casos las medidas entrarían en vigor al día siguiente de la votación positiva en las urnas, o sea dentro de un año y medio. Pero también podría ocurrir que la reforma fracasara; después de todo, arranca con una base muy débil: no la apoya todo el Partido Nacional (PN), ya se desmarcaron Luis Lacalle Pou y Verónica Alonso… Tampoco la apoya la nueva corriente formada por intendentes wilsonistas escindidos de AN. ¿Cómo se evaluó eso, el respaldo político con el que arrancan?

CM —Hemos visto los resultados de alguna encuesta que nos da un apoyo popular muy grande. Vamos a hacer el esfuerzo, nos tenemos fe para conseguir las firmas. Lo entiendo legítimo, cada cual puede tener su opinión respecto a estos temas. No queremos unanimidades en esa materia, vamos a buscar nuestro propio camino, vamos a iniciar la recolección de firmas y con mucho respeto escucharemos lo que digan los otros. […] es la gente, a ese pronunciamiento nos queremos someter.

EC —Otra objeción que se maneja dentro del PN es que con una recolección de firmas en pos de un plebiscito se da la señal de que no se está seguro de una victoria de la oposición en las elecciones nacionales. Esto se planteaba en El Observador hace unos días: “En un escenario de paridad como el que muestran las encuestas para el 2019 entre el PN encabezando la oposición y el Frente Amplio, resignarse a que los cambios tengan que llegar por una reforma constitucional y no de la victoria opositora en las urnas no es una buena señal”.

CM —Si tenemos opiniones diferentes dentro del propio PN, aunque ganemos las elecciones, si los otros sectores no acompañan tampoco sacaríamos las leyes. Entonces creemos que la única forma es recurrir a la voluntad de la gente, que la gente se pronuncie, sin que esto signifique romper la unidad del partido ni decir que no vamos a ganar. Creo que vamos a ganar, pero al margen de eso, nos pondremos de acuerdo en muchos temas y en este particularmente no estamos de acuerdo. El país tampoco necesita unanimidades dentro del partido, eso no significa que no nos tengamos fe para ganar las elecciones. Simplemente, en AN entendemos que ese es el camino. Tendremos que esperar un año y pico, no tenemos otra forma de lograrlo.

EC —Por otro lado, supongo, este mecanismo de recolección de firmas les sirve a AN y a Jorge Larrañaga para convertirse en centro de atención, para movilizar.

CM —No es ese el propósito, nosotros ya habíamos presentado varios proyectos de ley con las mismas medidas y ninguno fue votado. Entonces no es para posicionarnos en un lugar especial, es simplemente porque entendemos que son medidas que la sociedad uruguaya hoy está pidiendo a gritos. La gente está con miedo, la inseguridad pega. Por ejemplo este año hay un aumento extraordinario de los homicidios, que es uno de los delitos más crueles; tenemos bandas de narcotraficantes que andan a los tiros en Montevideo y se matan; en ciudades pacíficas como San Carlos, Minas, el Chuy, vemos bandas de narcotraficantes disputándose territorios; se habla de la feudalización de algunos barrios. Hemos llegado al límite, más allá de nuestras opiniones partidarias, creemos que este es el camino y por eso nos lanzamos a recorrerlo.

EC —Veamos las medidas incluidas en el proyecto de reforma constitucional. En primer lugar, la más publicitada y polémica quizás, la creación de una Guardia Nacional. Dice: “Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad Pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo”. ¿Por qué proponen esto?

CM —Lo dijo Layera el otro día, la Policía está desbordada, ha llegado a un punto en que no puede dar las respuestas efectivas que la gente quiere. Y si tenemos acá un cuerpo armado, […], vertical, […] el adiestramiento para cumplir funciones policiales. No es sacar a los soldados a la calle”como en la época de la dictadura; vamos a darles un estatuto especial, vamos a someterlos al Código del Procedimiento Policial, con todas las garantías para la gente, bajo sus mandos naturales pero coordinando acciones con el MI de acuerdo a las directivas del Poder Ejecutivo. Por lo tanto van a tener una formación policial propia.

Además no es ninguna novedad para las Fuerzas Armadas, porque ya participan en funciones policiales. Por ejemplo la Prefectura Nacional Naval en la franja costera, por ejemplo la Policía Aeroportuaria en los aeropuertos, la custodia perimetral de las cárceles, las propias misiones de paz en el exterior muchas veces cumplen funciones típicamente policiales que desempeñan muy bien. Entonces creo que acá, dándoles el estatuto jurídico, la garantía, el adiestramiento e incluso una retribución mayor de la que perciben hoy, los efectivos de las Fuerzas Armadas pueden hacer una enorme contribución para el tema de seguridad.

EC —Ustedes han manejado un número, unos 2.000 efectivos pasarían de las Fuerzas Armadas a esta Guardia Nacional.

CM —Hemos pensado que con eso sería suficiente, 2.000 efectivos con retribuciones iguales a las de los policías, porque los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen retribuciones muy inferiores a las de los del MI. Es aprovechar los recursos humanos de que ya dispone el Estado uruguayo a través de sus Fuerzas Armadas para ayudar a la Policía en el desempeño de su tarea.

EC —¿Qué tipo de tareas?

CM —Todas.

EC —El texto de la reforma empieza diciendo: “Son competencias de la Guardia Nacional: Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas…”.

CM —Claro, como la vida, como la integridad física, como el derecho de propiedad.

EC —Y después dice: “Llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado”. Ahí aparece una muy específica, pero después vuelve a un margen amplio: “Participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo. Realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo”. En definitiva terminarían siendo policías.

CM —Exacto. Todas las funciones que tiene la Policía. Y además con la capacitación y sometidos a las reglas de actuación de la Policía, a la ley del procedimiento policial. Es prácticamente una equiparación de tareas. Ese artículo 3 que habla de sus competencias es muy amplio y les da todas las funciones de la Policía. Es una coordinación con la Policía Nacional, esa es la idea que tenemos. Con adiestramiento, con un estatuto jurídico que proteja a los ciudadanos y que proteja a esas Fuerzas Armadas, a ese cuerpo especial. Me parece que puede ser un gran apoyo a una Policía que hoy se muestra desbordada.

EC —Pero ¿por qué se crea la Guardia Nacional?, ¿por qué no se transfiere lisa y llanamente a esos soldados a la Policía? ¿Cuál es la idea de que exista una Guardia Nacional?

CM —¿Y por qué no? Porque sería complicado, porque formarlos dentro de las propias Fuerzas Armadas bajo sus mandos les daría también una suerte de independencia para coordinar acciones con la Policía Nacional. Yo creo que está bien. Creo que en algún momento hubo transferencia de efectivos de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Además esa Guardia Nacional existe en varios países del mundo, en países europeos.

EC —La pregunta es a propósito del matiz. Existe, sí, en otros países, pero le pregunto para terminar de entender por qué, cuál es el peso de una institución o de un cuerpo llamado Guardia Nacional. ¿Se supone que simbólicamente es más potente el hecho de que haya soldados en las calles?

CM —El tema de los uniformes y demás no lo sabemos, no está puesto en el proyecto de reforma constitucional, pero es darles una función de coordinar acciones, no de integrarlos al MI, se trata de que conserven una independencia orgánica que asegure una efectiva coordinación de acciones con la Policía Nacional. Esa es la idea que tenemos.

EC —En definitiva seguirían siendo soldados y si las Fuerzas Armadas los requirieran se desempeñarían también, llegado el caso, ahí, en su cuerpo de origen.

CM —Esos 2.000 efectivos están destinados a esa función, ahí no hay retorno a sus tareas.

EC —No habría retorno posible a las Fuerzas Armadas.

CM —Creemos que estos estarían afectados a la tarea de la preservación del orden y la tranquilidad pública y no a las funciones típicamente militares. No tendría sentido que estuvieran una semana haciendo una cosa y otra semana haciendo la otra. Eso pasa con la guardia perimetral de las cárceles, pero no en este caso; en este caso sería permanente.

EC —A propósito de por qué esta medida, dice uno de nuestros oyentes, Luis Felipe, de barrio Larrañaga: “La militarización de barrios o zonas críticos requiere de una disciplina mayor que la policial”. Por ahí vendría una de las ventajas de un cuerpo como este.

CM —Puede ser. La profesionalidad de las Fuerzas Armadas y la verticalidad de estos cuerpos armados, que es proverbial. Sin duda, la disciplina es buena.

EC —Pero ¿terminaría ocurriendo lo que señala el término que él utiliza, la militarización de un barrio o de una zona crítica?

CM —No, no se trata de eso. Usted leyó los cometidos, son prácticamente los mismos que los del MI. Son asegurar el orden y la tranquilidad pública, preservar la integridad de la vida, de los bienes, cuidar a la gente, hacer acción preventiva, disuasiva y eventualmente represiva. Es para coordinar acciones y cooperar con el mantenimiento del orden, que está seriamente afectado, creo que no hay ningún uruguayo que lo ignore.

EC —Veamos la medida que habilita los allanamientos nocturnos. En este caso es un agregado al artículo 11 de la Constitución, que es el que dice: “El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. La reforma propuesta dice: “Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: ‘No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos’”. ¿Por qué se plantea la introducción del allanamiento nocturno?

CM —Porque las circunstancias han cambiado. Porque esta es una norma que viene de la Constitución del 30, con realidades completamente diferentes. Hoy vemos que por ejemplo las bocas de venta de pasta base, de cocaína, de venta de drogas funcionan en la noche. Entonces ¿cómo podemos capturar a mucha gente que está vendiendo si la policía no puede ingresar? Por eso prevemos que con orden expresa del juez competente, con todas las garantías, se pueda proceder al allanamiento nocturno en tanto muchas actividades delictivas se hacen en hogares durante la noche. Fíjese la controversia que se produjo cuando Layera dijo que el Mides no colabora, que puede tener información sobre dónde se vende pasta base. Pasta base, cocaína o cualquier otro tipo de droga. Me parece que permitirlo con la garantía de una orden expresa del juez competete responde a una nueva realidad. La realidad cambió y por eso proponemos ese cambio.

EC —¿Qué ocurre en el derecho comparado?

CM —En muchos países existen los allanamientos nocturnos. Eso ha cambiado, es de otros tiempos este tema de la prohibición de los allanamientos nocturnos. Es aggiornar nuestra Constitución a una nueva realidad y prevenir los efectos nocivos de la comercialización de la droga, que es un delito grave.

EC —La disposición dice: “No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno”. ¿Se requiere de una ley para que efectivamente entre en vigencia esta norma?

CM —Se requiere ley, lo que hacemos con esto es destrabar la prohibición constitucional. Después se requiere una ley.

EC —Esta disposición no entraría en vigor al día siguiente de la aprobación en las urnas.

CM —No, esto requiere ley. Es simplemente destrabar el impedimento constitucional del artículo 11, se agrega un inciso que dice que la ley puede dar esa posibilidad. Después habrá que ver si se dicta la ley, pero por lo menos destrabamos el impedimento constitucional del artículo 11.

EC —Vamos a la tercera disposición. Aquí se propone un agregado al artículo 27 de la Constitución, que dice: “En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría los jueces podrán poner al acusado en libertad dando fianza según la ley”. Y ustedes disponen que se agregue: “La ley podrá establecer que quienes fueren condenados por sentencia firme por determinados delitos no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad. La ley dictada por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer para quienes hubieren sido condenados por sentencia firme, por los delitos graves que determine en forma expresa, pena de reclusión permanente, la que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia, quien podrá decretar su libertad luego de cumplidos 30 años de reclusión”. ¿Qué es esto?

CM —Esto también existe en muchísimos países del mundo, en casi todos los países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, para estos delitos que son gravísimos.

EC —Estamos hablando de cadena perpetua.

CM —No, estamos hablando de reclusión permanente.

EC —¿Cuál es la diferencia entre cadena perpetua y reclusión permanente?

CM —Esto son 30 años, nuestro Código Penal también prevé 30 años […] medidas de seguridad. No es cadena perpetua, la cadena perpetua no puede ser revisada. Nosotros decimos que a los 30 años la Suprema Corte de Justicia (SCJ) podrá, con un cuerpo asesor que se creará, decir que se ha rehabilitado o que tiene que permanecer recluido. Son delitos gravísimos, absolutamente. Creemos que en estos casos no debe procederse a la liberación anticipada de ninguna manera.

EC —Hay dos partes, en estos casos no puede haber liberación anticipada, no puede haber ningún instituto que beneficie a esta persona antes del cumplimiento de la pena, y cuando llegue a los 30 años de reclusión todavía puede ocurrir que la persona continúe presa.

CM —Sí, si no tiene signos de rehabilitación, naturalmente con la garantía de que sea la SCJ la que lo determine con un cuerpo asesor. La SCJ puede decir “este tiene que seguir porque no se rehabilita”. Mire de qué delitos se trata: violación y abuso sexual seguido de muerte, sicariato u homicidios múltiples. El que le encarga a uno matar a otro y lo mata, el que mata a más de una persona y el que abusa de un menor y después lo mata. Estamos hablando de delitos gravísimos. Que esa persona se pueda rehabilitar es difícil, pero le damos la posibilidad de que a los 30 años la SCJ, el máximo órgano judicial, la revise, la vea y si tiene signos de rehabilitación la libere. Fíjese Gonçalvez: está preso en Paraguay, salió a los 23 años y no demoró nada en volver a cometer delitos, no homicidios pero tráfico de estupefacientes. Signos de rehabilitación no tenía. Lo recuerdo porque es de mi época.

EC —Fue un caso muy sonado que hasta hace poco tuvo sus coletazos.

EC —¿Quedó algo por mencionar de las medidas que ustedes proponen en esta reforma constitucional? Ya hemos recorrido casi todas ellas.

CM —No, esas son las cuatro medidas que proponemos, una que tiene que hacerse efectiva mediante la sanción de una ley y las otras que son de vigencia inmediata una vez producido el pronunciamiento popular, si es afirmativo. Tenemos que llegar a él mediante la recolección de 270.000 o 280.000 firmas. Ya hoy nos vamos a poner a trabajar en eso.

EC —De todos modos, ustedes incluyen unas disposiciones transitorias en el artículo 4 de la reforma.

CM —Sí, pero siempre para tener vigencia después del pronunciamiento popular. Acá no hay nada de efecto inmediato. Hay normas programáticas y disposiciones transitorias que se van a someter a la consideración de la gente. Esperamos tener un resultado positivo en esto, creemos que hoy el país necesita un cambio radical en materia de seguridad pública. Estamos convencidos de eso.

EC —Las disposiciones transitorias y especiales previstas en el artículo 4 de la reforma que ustedes proponen son para que aquellas disposiciones anteriores que requieren ley puedan empezar a aplicarse de todos modos mientras tanto.

CM —La única que requiere ley es el levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos. Ahí destrabamos la norma del artículo 11 de la Constitución, pero eso requiere después aprobar una ley. Las otras tienen vigencia inmediata si el pronunciamiento popular es afirmativo.

EC —Una pregunta que puede hacerse: ¿por qué estas cuatro medidas y no más medidas o menos medidas? Visto de otra manera, ¿con esto alcanza para enfrentar la ola de violencia e inseguridad pública? ¿No se necesita una política integral y coherente, que iría bastante más allá de estos instrumentos que ustedes están planteando?

CM —No tenemos ninguna duda de que eso es así, pero esto es necesario. Si usted me dice “terminemos con la exclusión, mejoremos los índices educativos, fomentemos la unidad familiar”… Por supuesto que esto solo no soluciona el tema de la seguridad pública, después hay que tener un haz de políticas sociales, que son muy importantes para esto, políticas educativas, que son fundamentales. Porque hay realidades y realidades. Mi departamento es uno de los más seguros del país, porque hay determinadas condiciones sociales y económicas, porque la tasa de desocupación es menor que la media nacional, porque los indicadores educativos son mejores que en muchos lugares del país y porque tenemos una larga tradición de comportamientos correctos, capaz que por aquellos flujos migratorios que hicieron de este departamento una unidad territorial y social importante. Todas esas cosas. Naturalmente que con esto solo no se arregla, pero entendemos que esto es necesario, que recorrer este camino es necesario, sobre todo para lo inmediato.

EC —¿Cuánto tiempo van a destinar a esta campaña?

CM —Vamos a destinar 180 días, esa es la idea que tenemos. Vamos a ver.

EC —¿Empiezan hoy mismo? ¿Las recorridas, la posibilidad de firmar, la distribución de papeletas hoy ya están en ejecución?

CM —Yo ahora voy a Carmelo, voy a Valdense con un grupo de militantes de mi sector. Aquí en Colonia ya comenzamos.

EC —Hoy, esa es la actividad que usted desarrolla hoy.

CM —Sí, sí, esa es la idea.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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