E.C. – Doctor Raso, usted recién estaba diciendo: se recopila toda la normativa en esta materia, incluso disposiciones que estaban casi olvidadas como aquella de la ley del año 68. Entonces, queda la pregunta: ¿Se la vas a utilizar efectivamente? ¿Desde la autoridad, desde el gobierno, se van a poner en juego todos esos instrumentos? Ahí es que aparece, creo yo, usted me corregirá, la importancia de estas oficinas en la obra. En los primeros dos artículos del decreto, los 1 y 2 de este decreto del 15 de julio, dicen: “Dispónese la instalación y funcionamiento de una oficina de la Dirección Nacional de Trabajo y otra de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el sitio o en las proximidades de la planta proyectada por UPM prevista en el contrato de fecha 7 de noviembre 2017, etc. Van a funcionar de manera permanente y dentro del lapso comprendido entre el inicio de las obras y su finalización”. Segundo artículo: “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dotará a ambas oficinas de los recursos humanos y materiales suficientes para su adecuado y eficaz funcionamiento a efectos de realizar el seguimiento diario del proyecto, de acuerdo con sus competencias, para lo cual deberán intervenir directa e inmediatamente a instancia de cualquiera de las partes, en las consultas diferendos y conflictos individuales o colectivos que se suscitaren con la finalidad de prevenir, gestionar, mediar, encausar los procedimientos y resolver en el menor tiempo posible los diferendos que los motivaren. También, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, deberán intervenir de oficio con la misma finalidad cuando consideren que la situación así lo amerite”. ¿Hay antecedentes de algo así?
J.R. – No hay antecedentes. Lo que hay antecedentes es que hay oficinas en Nueva Palmira, en Fray Bentos…pero una oficina, o dos oficinas, porque una es de la DINATRA y otra de Inspección adhoc, no hay antecedentes. Y creo que eso es un elemento concreto, práctico, no es un elemento retórico. Entonces, ¿por qué la importancia?. Porque, primero un razonamiento, Emiliano. El conflicto es algo natural en una sociedad pluralista. Es natural el conflicto entre empleadores y trabajadores. Los empleadores quieren ganancia, los trabajadores quieren más salario. El conflicto es natural en una familia. Una familia donde no hay peleas es porque probablemente hay un padre autoritario. Entonces, lo más importante es reconocer el conflicto y buscar los modos de solucionar el conflicto. Es decir, un bosque se puede incendiar, siempre puede suceder que alguien haga un asado y empiece saltar una chispa en el bosque. Pero tener una dotación de bomberos al lado del bosque ayuda a apagar el incendio desde el vamos. Y hay una norma muy importante, Emiliano, la número 6: “los responsables de las oficinas referidas se comunicarán directamente con los jerarcas del Ministerio Trabajo”. Es decir, no son unos sheriffs abandonados allá, en Pueblo Centenario. Son personas que tienen la habilidad para llamar al ministro, al subsecretario o al director de DINATRA. ¡Aquí apareció una chispa, vengan los camiones de bomberos!
E.C. – Y yo agregaría el quinto. Usted se refirió al artículo sexto, pero el quinto habla de las potestades. Dice: “El personal afectado a la oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se instalen conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de la presente resolución, contará con las facultades que legal y reglamentariamente le son asignadas de acuerdo a la normativa vigente en relación a los conflictos individuales y colectivos que pueden suscitarse. Tomará las decisiones pertinentes ante los organismos que corresponda para que se cumpla la obligación de paz pactada en los convenios colectivos respectivos, así como para la obligación de no adoptar medidas en tanto se cumplan las instancias de mediación y conciliación y las cláusulas expresas al respecto incluidas en las normas vigentes, los convenios colectivos y resoluciones de los Consejo de Salarios.
J.R. – Por eso, es algo con fuerza. No es un saludo a la bandera. Y una cuestión que tiene que ver: no nos olvidemos que son los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Yo los conozco a muchos de ellos desde el año 85 hasta la fecha, con todos los gobiernos posibles. Y los funcionarios del Ministerio Trabajo son personas serias, confiables, y honestas. Yo he hablado en América Latina en alguna charla sobre la administración y la inspección de trabajo. Y una de las cosas que digo es “son serios, no son corruptos”. Cuando termino la charla, vienen delegados de otros países y me dicen “explíqueme cómo es eso de que no son corruptos”. A ningún estudio jurídico importante de nuestro país, a ninguna UPM se le ocurre corromper a funcionarios. Entonces, vamos a tener funcionarios serios con poder y con facultades de fuerte representatividad del gobierno.
E.C. – Alguien puede decir, y ayer había algún mensaje que anotaba esto cuando discutíamos el tema en La Tertulia: “¡Ah! Pero entonces éste es otro costo más que está asumiendo el Estado uruguayo”. Cuando se debate a propósito de las concesiones que se le han hecho a UPM a efecto de este proyecto. Éste es un costo.
J.R. – Emiliano, usted tendría que apuntarse todas las preguntas y todas las respuestas hoy y después volverlas a formular en abril del año próximo al nuevo gobierno. Es un costo, pero como yo digo, en cualquier transacción de un obrero, de una empresa, la paz tiene un costo. Y si tenemos que pagar un costo por la paz, y por la paz laboral, bienvenido sea ese costo. Porque aquí hay un emprendimiento. Cuando prendí a las 7 am En Perspectiva, siguiendo mi costumbre, y usted decía: “UPM aprobó”, y antes de ayer, cuando la empresa confirmó la decisión, yo creo que el 90% de los uruguayos tiramos un suspiro. Es una cosa buena con mil problemas. UPM no será un niño de pecho, es una empresa multinacional que no viene a hacer vacaciones a Uruguay, viene a hacer su negocio. Tienen que ser fuertes los empresarios, tiene que ser fuerte el Estado, tienen que ser fuertes los trabajadores. Pero aquí va a haber, en una América Latina necesitada de trabajo, trabajo. Y no “trabajo” de Uber o de PedidosYa; el viejo y duro trabajo del obrero de ocho horas por día, de 44 o 48 horas semanales. Eso oxigena al país, oxigena a la organización sindical, oxigena al interior. Van a haber personas en contra del proyecto, por supuesto. Porque eso es la democracia. Pero nosotros tenemos que pensar que sigue siendo nuestra sociedad una sociedad construida sobre el trabajo. Si puede haber un obrero metalúrgico, un obrero de la construcción más, y un cadete menos de delivery, bienvenido sea. En esta resolución aparecen con nombre y apellido el sindicato SUNCA y los metalúrgicos, porque son de los más importantes del país.
E.C. – Y son los sindicatos principales en una obra como la que empieza ahora en Pueblo Centenario. Un detalle más, antes de cerrar esta parte de la entrevista. Hablábamos de la instalación en el lugar de estas dos oficinas: la Inspección General del Trabajo y la Dirección Nacional de Trabajo. Pero además, en el decreto se crea comisión tripartita de seguimiento de la obra de construcción. ¿Qué importancia le asigna a este otro instrumento?
J.R. – Yo siempre le asigno, en relaciones laborales, importancia al tripartismo. Nosotros a veces vemos el conflicto. Vemos las cámaras y los sindicatos que hablan frente a los canales de televisión. Pero en la interna, en general, en nuestro país las personas son serias y las personas saben dialogar. Entonces, una comisión de este tipo es una comisión de vigilancia adhoc, no es el Consejo Superior Tripartito. Las cámaras, los trabajadores y el Estado van a atener que hacer una comisión de monitoreo en una obra tan grande. Yo creo que todo lo que permite ir resolviendo los problemas a través del diálogo, se consolida más fácilmente. Uno cae en la tentación, cuando ve algún lío, de decir: “vamos a aplicar una ley, vamos a ser drásticos”. En Chile, la Constitución prohíbe la huelga de los funcionarios públicos. Yo el año pasado vi una huelga de los funcionarios del Registro de Estado Civil de Chile que paralizó al país en mil aspectos. En las relaciones laborales se avanza con el diálogo. Mire el caso de la OIT: la OIT no sanciona. Presiona, dialoga, aprieta. Pero nunca sanciona, porque la sanción no sirve en las relaciones laborales.
