E.C. – ¿Se está redactando un esquema de tolerancia cero?
J.R. – Para mí este es el esquema de una regulación de todo el sistema de relaciones laborales en Uruguay, porque mañana una empresa nacional u otra empresa multinacional piensan “¿y por qué esto a UPM, y no a mi?”. A mí me parece que si esto tiene cierto consenso, si esto empieza a operar, vamos a tener en este país una ley de regulación, o un decreto, o un convenio marco de regulación del conflicto. Y me gusta hablar de “regulación de conflicto”, porque a veces se habla de la regulación de la huelga. La huelga de los trabajadores no es la única causa del conflicto: es una de las posibles causas. Puede haber una huelga por acción, pero el conflicto abarca todo.
E.C. – ¿Para usted, este decreto relativo a UPM marca una huella en las relaciones laborales de ahora en adelante, en Uruguay?
J.R. – Marca la huella de una regulación negociada de las relaciones laborales, que ya está pero, como yo decía, no se aplica, o se olvida, o se encajona. Me parece además que sea cual sea el futuro gobierno, a esto le va a dar cierta continuidad. Imagino que un futuro gobierno, que no fuera el gobierno oficialista, va a tomar y aplicar esto, no se va a desgastar inventando algo que después le cree problemas complejos. Yo el otro día hablaba con un compañero que es uno de los expertos de relaciones laborales con los cuales me gusta intercambiar. El decía que cualquier gobierno del futuro va a tener que enfrentarse a los centros de poder del Uruguay. No es que viene un nuevo gobierno, si hubiera un cambio, y dice “acá, borrón y cuenta nueva”. Eso no es posible, no es racional, y pase lo que pase en noviembre esto da continuidad a las políticas de relaciones laborales. Esto le da nuevas fuerzas al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no queda ahí como una dependencia para resolver conflictos cuando pueda y como pueda. Le dan protagonismo al Ministerio Trabajo, que yo creo que debe ser bienvenido, cualquiera sea el Ministro de Trabajo. Esto me hace sentir cómodo: no estamos hablando de este documento con un color político. Este va a ser un documento para el futuro, cualquiera sea el color político. Así lo creo.
E.C. – ¿Si usted fuera UPM estaría tranquilo, teniendo en cuenta la exigencia que planteó inicialmente en aquel acuerdo marco, en el memorándum de entendimiento de noviembre de 2017?
J.R. – Hay una cuestión que yo tengo clara, que puede que no lo sea, pero para mí es claro: estas empresas multinacionales, ya antes de aterrizar tienen estudios jurídicos, tienen expertos, tienen economistas que hacen un verdadero escaneo del país, como capaz que ni nosotros mismos lo podemos hacer. UPM viene a realizar un negocio del que va a sacar su provecho, y lógicamente, en todo negocio hay riesgos. UPM, con esto, está diciendo “yo sé que hay riesgos, pero con este documento el riesgo está más contenido, me sirve el negocio”. También es importante, Emiliano, que este documento conserva el poder sindical, conserva el poder del Estado y del Ministerio de Trabajo. Tampoco vamos a engañarnos: no pensemos que los trabajadores son los malos y UPM son los buenos. UPM es una multinacional mayor de edad y bien formada. No es malo que haya un sindicato vigilante. Lo que es malo es que haya un sindicato destructivo e irracional. Pero yo creo que si están al frente de esto la construcción y los metalúrgicos va a haber mucha racionalidad. Son dos sindicatos antiguos, de vieja escuela. Usted ve la construcción, ve el SUNCA, con lo que hicieron Otegui y Andrade. Algún día habrá que valorar: el sindicato es muy duro, pero con conflictos sólo cuando hay algún accidente de trabajo.
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Transcripción: Candela Stewart
