EC —No está porque no había un reglamento.
JF —Y porque no se presentaron los interesados.
EC —Ni había reglamento ni se presentaron los interesados.
JF —Y había además un período de cinco años que imposibilitaba que presentara la documentación, que seguramente no exista porque no existía la obligación porque no existía el reglamento, entonces ahora debe hacer un ejercicio de memoria que hacía solamente el que había realizado los gastos, que coincidía con la figura del presidente, que coincidía seguramente con una relación jerárquica sobre la administración de la empresa.
EC —Es interesante lo que usted dice, permite ver este caso en otra dimensión. Pero surgen igual una cantidad de preguntas.
RA —A propósito de este punto de que la empresa ALUR no hizo la denuncia, de todas formas, ¿esa relación que usted describe no podría haber sido consultada en el juzgado, citando a las autoridades de ALUR, sin que necesariamente hubieran hecho la denuncia ellos?
JF —¿Qué iba a pasar si el fiscal hubiera citado al presidente de Ancap del momento o –no sé si hay– a alguna sección dedicada a ALUR específicamente? Le habrían preguntado: “¿Hay reglamento?”, “No, la empresa privada no hizo reglamento”, “¿Había obligación de demostrar los gastos?”, “No, no había obligación de demostrar los gastos”, “¿Usted tiene una lista de gastos para cotejar?”, “No, eso lo tiene ALUR, nosotros no nos metíamos en eso, lo controlaba ALUR”.
RA —¿Y las actuales autoridades de ALUR tampoco? Yo pensaba en eso.
JF —El actual presidente de ALUR, que desconozco, no creo que tenga absolutamente ningún papel para contribuir con la investigación. Pero además, y voy más allá, me traen los papeles de los gastos: ¿dónde está, en el estatuto, en un reglamento, en un papel, que el presidente no podía gastar eso, si el presidente es justamente el que tiene los actos de dominio sobre la administración y los gastos de la empresa?
EC —Uno de los argumentos que manejaba el senador Mieres es que en muchos de esos casos eran viajes en los que De León tenía viáticos para almuerzo, cena, alojamiento, y sin embargo los gastos de la tarjeta corporativa son de ese estilo: comidas, hoteles, etcétera. O sea, tenía rubro destinado por la empresa para esos gastos y sin embargo gastó aparte con la tarjeta.
JF —Los duplicó. Yo traigo mañana al presidente de Ruedas Redondas, que contrata con el Estado, y resulta que el Estado, que le da trabajo para hacer ruedas redondas, detecta que el hombre gasta a lo loco. ¿Qué puedo hacer? Saquémonos el peso de que acá estamos hablando de una empresa muy complicada, una empresa relacionada con otra empresa que ha estado muy complicada y que todo eso tiene vínculos con el Estado. Si sacamos esa carga y observamos objetivamente, es como pretender que el derecho penal se meta en los gastos de un presidente de una empresa.
EC —Sigue siendo muy interesante su análisis y sigo planteando preguntas. Aceptemos sus argumentos y su razonamiento, pero el oyente puede decir: entonces es muy fácil, es una empresa que opera en el derecho privado y que en su mayoría pertenece al Estado, basta con que no se dicte un reglamento para que los directores puedan hacer lo que quieran con la plata de esa empresa.
JF —Exactamente. Esa es la frutilla de la torta: hacen las cosas a troche y moche sin darles los marcos formales necesarios para que estas cosas no pasen. Exactamente, por no escribir una carilla y media fomentamos después que gente que tal vez no está preparada o que se endulza con las posibilidades económicas que le dan estas situaciones actúe fuera de lo que se espera de ella.
EC —Lo que usted está diciendo, para empezar, es que el sistema político debió haber resuelto que en esas empresas…
JF —El sistema político es el culpable de estas consecuencias, y no se le puede pedir a un fiscal que interprete para los aplausos de la tribuna. Un fiscal tiene que cumplir la ley, que fue lo que hizo Pacheco.
EC —El sistema político debió haber dispuesto que en ALUR hubiera un reglamento para el uso de la tarjeta corporativa –en ALUR y en otras empresas similares–.
JF —Si no hay tendrían que estar redactándolo, con tantos funcionarios de confianza y de desconfianza que tienen.
EC —Pero también tiene responsabilidad cada uno que asume en el directorio de esa empresa.
JF —¡Por supuesto! Tiene que firmar el reglamento, decir “lo conozco, lo voy a cumplir”.
