EC —Está haciendo comparaciones entre los abogados y los ingenieros.
CC —Sí…
EC —Los ingenieros precisan a los abogados para manejar determinadas situaciones, por lo visto.
CC —Sí, claro, por supuesto. ¿Sabe con cuántos abogados trabajo? He aprendido muchísimo.
EC —De todos modos, ¿una fórmula como esa no es un freno para otros interesados?
CC —No, para nada.
EC —¿Esos que han manifestado su interés, esas otras compañías tienen presente que existe esa cláusula que mantiene su vigencia?
CC —Para nada. Ese no es el tema, el tema es el negocio, es si colocan la capacidad de regasificación. Además lo dice de esta manera el memorándum de entendimiento: “la obligación de invitar a Shell a decidir si tiene la intención de participar o no”. No dice ni cómo participar ni cómo se invita. ¿Qué significa invitar?
EC —¿En cualquiera de esas hipótesis la base es que se terminaría aprovechando de alguna manera esta infraestructura a mitad de camino o a tercera parte de camino que ha quedado después del frustrado proceso anterior?
CC —Sí, lo que se aprovecharía mucho, creo, es el know-how de Gas Sayago, el avance de tener un permiso ambiental, el conocimiento del tema, y todo este trabajo que se ha realizado con Shell.
EC —No necesariamente las obras.
CC —No necesariamente.
EC —Porque hay obra hasta sumergida en el agua, hecha.
CC —Sí, algunas sí, otras no. Por suerte.
EC —Por suerte ¿qué?
CC —Por suerte, porque en realidad algunas de esas obras implicaban un proyecto mucho más grande que el que tenemos planteado en este momento.
EC —¿Entonces? No entendí el “por suerte”.
CC —Porque si tuviéramos que aprovechar todas las obras que están, estaríamos pensando en un proyecto enorme. No estamos pensando en un proyecto enorme.
EC —El diputado Pablo Abdala entiende que Gas Sayago debe cerrar, entre otras cosas por los gastos que implica, US$ 10 millones por año.
CC —Es su opinión. Ahora que podemos y que las condiciones están dadas, vamos a minimizar los gastos. Por ejemplo, hay US$ 25.000 que Gas Sayago paga a UTE por mes por temas de mantenimiento informático y demás. Eso lo vamos a revisar.
EC —¿Qué quiere decir?
CC —Revisarlo, cambiarlo.
EC —Pero ese servicio va a seguir existiendo, UTE se lo va a seguir cobrando a Gas Sayago.
CC —Vamos a ver.
EC —Ah, capaz que no se lo cobra.
CC —Vamos a ver, vamos a conversar.
EC —¿Qué más? El personal.
CC —El otro día me hicieron la pregunta y voy a repetir, por el respeto que te tengo, porque en realidad cuando contesté dije que era lo último que iba a hablar con la prensa. Vamos a tomar las acciones que tengamos que tomar, pero me parece que tenemos que ser muy respetuosos con ese personal, porque ese personal ha trabajado mucho, tiene el know-how de mucha cosa, trabajó fuertemente para el cobro de la garantía de US$ 100 millones contra una empresa enorme y con un cuidado y un compromiso, en un proceso muy delicado. Hay que estar en la negociación para cobrar una garantía y que no se te escape ningún piolín que exponga al Estado a un juicio y nos salga el tiro por la culata. Así que vamos a hacer lo que haya que hacer con la gradualidad y el respeto que haya que hacerlo. Y lo que dije, por ahora no voy a hablar más de esto.
EC —Pero están de por medio las necesidades fiscales, todos los gastos que hay que frenar por otro lado. Por ejemplo, cuando se reclaman medidas de apoyo a la producción, etcétera, algunas de esas medidas cuestan US$ 7 millones, US$ 7,5, y acá estamos hablando de una empresa que pierde US$ 10 millones por año.
CC —Estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas y las vamos a tomar. Lo que digo es que tampoco manoseemos a la gente.
EC —Según el diputado Pablo Abdala, hasta ahora todo el proceso de la regasificadora viene dejando una pérdida para el Estado de US$ 150 millones. ¿Qué le dice ese número?
CC —Primero, como decía hoy, uno puede armar los números y en base a eso estructurar un discurso, cada uno es libre de hacerlo. Hay una cuenta país que hay que hacer, que es qué capitalización puso Ancap en Gas Sayago. Pero Gas Sayago también ha pagado de vuelta al Estado en impuestos, en arrendamientos, y creo que la cuenta país da negativa, pero en US$ 10 millones.
EC —¿Ese es el número de todo este proceso, US$ 10 millones?
CC —Sí, de la cuenta país, esa cuenta que le estoy diciendo.
EC —¿Se pueden conocer los cálculos, el informe?
CC —Sí, te lo hago llegar. Yo me encontré con una realidad en el 2015, yo no participé, encontré Gas Sayago como un dato de la realidad, que se armó en el 2012, con un proceso que venía de determinada manera, y lo que encontré en 2015 fue que la empresa que iba a correr el riesgo y que iba a hacer el asunto definía irse. A partir de ahí lo que he hecho, con la ayuda de este personal y de muchos otros, ha sido mitigar el daño, lograr que se cobrara la garantía de US$ 100 millones, reformular el proyecto para que el Estado no corriera riesgo y no dejar pasar las oportunidades. Lo de Shell fue una gran oportunidad que no anduvo y no por culpa de Uruguay. Ahora no vamos a cerrar el proyecto, vamos a seguir mitigando el costo que tiene para el Estado. Me preocupa, me gusta que los proyectos funcionen, pero entiendo que la manera de no tener ningún costo es cerrar todo y no hacer nada. ¿Y así qué futuro tendría el país? Así que lo que vamos a hacer es, con cuidado y responsabilidad, ver si hay alguna otra oportunidad. Y si no, tomaremos las medidas que haya que tomar.
