EC —Los presos que estaban amotinados trasmitieron sus demandas e incluso difundieron fotos por teléfonos celulares vía WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Se supone que usaron teléfonos de los guardias o eran teléfonos de los propios presos?
JMP —No lo sé exactamente, me da la impresión de que tenían algunos celulares de ellos. En ese lugar ya se habían detectado celulares en algún momento, lo que habla de que ese lugar se había degradado como lugar de seguridad, ya estaba con filtraciones, por lo menos, que muestran que era insostenible, que era un lugar que ya estaba funcionando mal desde ese punto de vista. Al Uruguay le es muy difícil encontrar una forma, todavía no ha logrado encontrar una fórmula de cómo tener un lugar con seguridad y que a la vez tenga un funcionamiento con estándares mínimos de tratamiento.
EC —Hay dos temas acá, de quién eran los celulares, si eran de los guardias o si eran los propios presos, pero en cualquiera de los dos casos los celulares pudieron funcionar. Y ahí aparece otra pregunta, porque en su momento se había instalado un sistema de bloqueo de las señales celulares en el Comcar. ¿Por qué no está activo?
JMP —El sistema se instaló, yo lo vi…
EC —Sí, quienes hemos ido al Comcar hemos visto los aparatos distribuidos en el predio.
JMP —Creo que esa pregunta, como tantas otras, va a lo mismo, que es en parte la escasez de recursos. Porque tampoco hay cámaras, salvo en ese lugar en el módulo 12, no hay cámaras que vean quién rompe las instalaciones del bloqueo de celulares. Creo que después de tantas veces que se rompieron ya no se instalaron más. Pero sí, en el Comcar los bloqueadores de celulares no están funcionando, salvo en algunas pequeñas áreas.
EC —Esa es una situación también seria, también grave. La semana pasada entrevisté aquí en En Perspectiva a su antecesor en el cargo, el doctor Álvaro Garcé, que fue el primer comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario. Y él insistía: “Hace años que venimos planteando que es absurdo que las organizaciones de crimen organizado tengan todas las facilidades para trabajar las 24 horas al día siete días a la semana con celulares, cuando deberían tener bloqueada esa posibilidad”. Y agregaba: “En la medida en que eso ocurre, es muy fácil desde la cárcel mandar matar, es muy fácil mandar apretar testigos, es muy fácil organizar el negocio desde la reclusión. Y frente a eso hay una omisión y una pasividad inexplicables. Diría que es un hecho que hasta le genera responsabilidad al Estado, por las muertes que después ocurren, porque el Estado no toma las medidas indispensables que podía haber tomado para que esa gente desde la cárcel no operara como está operando”. ¿Qué dice de esto?
JMP —Esas son cosas que hemos dicho varias veces. También hay que distinguir que hay muchos lugares donde hay celulares y funcionan con otro régimen. Yo no diría que no debe existir ningún celular en la cárcel, hay muchas cárceles que funcionan con celulares porque su régimen lo permite, y es más, es un mecanismo de comunicación que existe en muchas partes. No debe existir claramente donde hay personas vinculadas a delitos graves, a crimen organizado, los controles deben ser muy fuertes allí o estar muy regulada la comunicación. Lo que pasa es que hay un sistema que se va degradando.
EC —Fíjese que estamos hablando de una mezcla, porque por un lado usted indica que la infraestructura edilicia es correcta, en ese aspecto no hay críticas de fondo; sí objeta las condiciones de reclusión, el sistema de aislamiento, las pocas horas de contacto con otras personas que tienen estos reclusos pesados, el hecho de que no tengan actividades educativas, de formación, laborales, el régimen de visitas mínimo con el que cuentan, que por supuesto impacta también en sus familias. Entonces por un lado tenemos “perjuicios” o condiciones que afectan a estas personas privadas de libertad, pero por otro tenemos defectos del sistema que las “benefician”, incluso a los efectos de continuar delinquiendo.
JMP —Ese es el problema que tiene un sistema que en algunas de sus zonas está caído y que no tiene una estructura, no tiene fuerza, se transforma en una especie de gueto público por falta de recursos. Hasta que eso no se levante, hasta que no se dé ese salto cualitativo en la reforma y se pueda separar un sistema de cárcel abierta de mínima seguridad, de mediana seguridad de un lugar de seguridad donde haya controles estrictos en la comunicación, con un régimen diferente de visitas, que tenga su lógica, que tenga sus reglas claras. Cuando no hay reglas claras, supuestamente porque es tan duro el régimen que no se puede hacer nada, la falta de reglas claras supuestamente por mayor seguridad es lo más inseguro que hay porque lleva al caos y a la degradación de todos y pasan este tipo de cosas.
EC —Al comienzo de la entrevista usted resaltaba el trabajo de mediación que se hizo en esta oportunidad. Había un funcionario en particular del MI que en el uniforme tenía el cartel de mediador, etcétera. ¿Es la primera vez que ocurre algo así?
JMP —Por lo menos es de las primeras veces, por lo que me dijeron allí. Y sinceramente vi un personal muy entrenado, muy preparado, que sabe responder a las presiones, que articuló bien con las autoridades del lugar, con el conocimiento de los internos, que supo de qué manera establecer el diálogo, tener distintas alternativas, planes E y C, evitar que la intranquilidad se extendiera al resto del establecimiento. Creo que eso es una señal positiva, pero que no debería impedirnos ver las muy preocupante situación que hay. Me preocupa mucho lo que está pasando en el sistema penitenciario. Me preocupa mucho porque esto no fue un hecho aislado del módulo 12 porque haya habido allí un intento de fuga de personas de mucha peligrosidad. Acá hay un problema estructural subyacente que está saliendo por distintos lugares y que creo que no estamos viendo.
EC —Una curiosidad, ¿usted entiende que este debate público permanente a propósito de la inseguridad que se está dando en Uruguay, incluso este entrecruzamiento de acusaciones entre operadores vinculados al sistema, como el MI, la Fiscalía, el Poder Judicial, puede tener algo que ver con esto que usted dice que se viene gestando y no son hechos aislados en las cárceles?
JMP —Quizás no sea lineal, pero creo que hay una agitación de todos los actores, desde los que están en la cúspide de la pirámide institucional y también de quienes están más abajo, como son los privados de libertad. Por eso que veníamos planteado desde hace tiempo –perdón que me autocite–, que tenemos que tener algún sistema en el que jueces, fiscales, MI, Policía, sistema penitenciario pudieran dialogar institucionalmente aunque no de forma vinculante, de forma mandatoria, pero por lo menos para discutir todos estos temas que se están discutiendo ahora a través de la prensa, discutirlos como se hace en Colombia, en Perú, a través de un consejo de política criminal. Porque al final del día todos defienden lo mismo, fiscales, jueces, policías, sistema penitenciario, Parlamento, legisladores, todos estamos tratando de proteger la vida, evitar la violencia y favorecer la integración social, desde distintos roles. Pero esos roles es bueno hablarlos en frío, discutir qué está pasando.
