EC —Un hecho muy reciente en el que usted también terminó vinculado fue la publicación en el sitio web de Presidencia de la República de los antecedentes como deudor del colono Gabriel Arrieta, que había calificado de “mentiroso” al presidente Vázquez el lunes de la semana pasada en la vereda frente al Ministerio de Ganadería. Arrieta iba a contratarlo a usted como su abogado. ¿Finalmente eso se concretó? ¿Van a dar algún paso, van a ir a la justicia?
GS —En efecto, me consultó telefónicamente, por cuanto su abogado de confianza hasta el momento, el doctor López Goldaracena, en virtud de esa confrontación con el presidente de la República renunciaba a su patrocinio. Hay una instancia que es una inconstitucionalidad interpuesta por mi colega que está en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y que por lo tanto se va a agotar con la sentencia de la SCJ. Y también me contrata para enfrentar la campaña vindicativa, abusiva, en respuesta a ese incidente que promovió el presidente de la República cuando pensó que era todavía el líder popular y que iba a ser vitoreado por las masas, sin saber que ya estos tres gobiernos del FA han convertido a la Presidencia de la República en altamente impopular.
EC —¿Entonces? ¿Qué va a hacer usted?
GS —Por el momento estamos respondiendo a los aspectos de carácter mediático, estamos estudiando los elementos fácticos y jurídicos que tomaremos.
EC —¿Hay una violación de la ley en esa publicación que hizo Presidencia?
GS —Se ha relativizado el tema del manejo de los datos privados por cuanto la presidenta del Instituto Nacional de Colonización manifestó que había datos que eran públicos. Entonces tenemos que hacer una revisión de los elementos que efectivamente hayan tomado público antes de la publicación en la página de la Presidencia y lo que se publicó en la Presidencia. Si allí hay datos que no eran de dominio público y que la Presidencia, repito, en una desviación de poder y en una actitud vindicativa, manejó, eventualmente podemos realizar las acciones que están previstas en la Ley 18.331.
EC —Escuchándolo y evaluando el tono de su planteo da la impresión de que lo ve difícil…
GS —Lo veo difícil, porque estoy plenamente acostumbrado, y desgraciadamente para el pueblo uruguayo, a otro tipo de situaciones abusivas muchísimo más desproporcionadas. Es más, se lo dije ni bien me llamó Arrieta y cuando me planteó la proyección que él le daba al tema: “Arrieta, usted está en el Uruguay. Y estar en el Uruguay del siglo XXI entraña una situación muy peculiar, que no siempre la gente que tiene contacto con el poder puede llegar a ponderar en toda su magnitud”.
EC —¿A qué se refiere?
GS —Al nivel de avasallamiento del Estado de derecho, al nivel de arbitrariedades, al nivel de abuso y al nivel de corrupción.
EC —Pero si el panorama es así, debería haber cómo llevarlo a los tribunales, debería haber cómo plantear una denuncia.
GS —El problema está en los tribunales. El gran problema de nuestro país. Usted sabe porque usted está empapado, como periodista que es, de la realidad nacional, y para esta nota también usted manifestó cosas que yo he dicho. Yo he hablado de un golpe de Estado técnico en el país. He hablado de que a partir de la Ley 19.334, votada por todos los partidos, con excepción de Unidad Popular, ha habido un golpe de Estado técnico porque se ha vaciado de poder al Poder Judicial y se ha conferido todo ese poder, fundamentalmente en la órbita penal, a un individuo. No a una institución, sino a un individuo, un exmilitante del Partido Comunista, que a través de estos gobiernos que cambiaron política e ideológicamente ahora es un operador imperial, un operador de los Estados Unidos, que es el doctor Jorge Díaz. Él decide qué se investiga y qué no se investiga.
El ejemplo más grotesco que tenemos hoy de ese tipo de actuación es el expediente de ALUR, el archivo de ALUR. Por lo tanto, hablamos de que se le ha confiscado el poder al Poder Judicial, al poder controlador, y se lo ha entregado a una agencia del gobierno, lo cual es inconstitucional –más allá de lo que haya dicho la Corte–, porque los artículos 197 y 198 le dan la potestad al presidente de la República de revocar lo que diga Díaz. Si hay un Poder Ejecutivo que puede revocar por imperio de la Constitución lo que dice el fiscal general, estamos en una situación muy comprometida, de colapso de las instituciones democráticas, republicanas y fundamentalmente del Estado de derecho.
EC —La pregunta que yo le hacía a propósito del caso del colono de San José termina entonces vinculada con todo lo demás que estamos charlando hoy, especialmente con sus objeciones a la reforma del CPP. Pero acaba de aludir recién a otro tema en el que también está involucrado, otra noticia en la que está involucrado, que se conoció el viernes, se publicó en el fin de semana y hoy mismo tiene algunas versiones. Tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu archivó la denuncia por sobrecostos en la adjudicación de la planta de etanol de ALUR a la empresa Abengoa en Paysandú. La denuncia había sido presentada por usted a partir de declaraciones que formuló en su momento el ingeniero Gabriel Pérez Morgan, fundador de la empresa Serrana Bioenergía, en planteos públicos que hizo y también cuando se presentó en la comisión investigadora sobre Ancap en el Parlamento. ¿Cómo recibió esta novedad?
GS —No con decepción. Todo lo que sea denuncia de corrupción gubernamental-empresarial en este sistema que acabo de describir, de golpe de Estado técnico, será archivado. Yo ya sé que se archiva UPM, por ejemplo, el contrato ROU-UPM, por lo tanto sabía que se archivaba el expediente de ALUR. Usted podrá preguntar o se preguntará la gente: pero Salle, ¿por qué denuncia si sabe perfectamente bien que se van a archivar las denuncias? Porque genero esto que le traje, que es la fotocopia del expediente. Y genero las vistas, hago hablar al sistema, y eso es importantísimo, porque al hacer hablar al sistema se producen dictámenes y sentencias que son verdaderamente incongruentes, que son impresentables. Yo tengo particular estima por el doctor Luis Pacheco, es más, tengo excelente relación con el doctor Luis Pacheco.
EC —El fiscal.
GS —El fiscal que archivó. Y tengo excelente relación con casi todos los fiscales. Pero a partir de la Ley 19.743, que es un elemento más de la ingeniería jurídica para conferirle poder a Díaz, Díaz tiene potestades de dictar instrucciones. Y si bien la ley dice “instrucciones generales”, yo le traje aquí verdaderos códigos que ha dictado Díaz. Y después viene el ejercicio práctico, porque una cosa es el deber ser que se expresa en las normas y otra cosa es el ser, que es la actuación, el elemento operativo, fáctico del ser humano. En el aspecto operativo, Díaz da instrucciones sobre casos concretos. Usted podrá poner en duda lo que estoy diciendo, pero el propio Díaz se encarga de dar los elementos probatorios.
EC —¿A qué ejemplos se refiere?
GS —Usted recordará el caso Balcedo, cuando él viaja a Maldonado y en lugar de hablar del caso Morosoli, habla el propio Jorge Díaz ante los micrófonos y dice: “En este caso, tolerancia cero”. Dos aspectos. Primero, no es el fiscal del caso, no tenía por qué hablar. Y segundo, dijo una gran verdad: “En este caso, tolerancia cero”; en los otros, sobre todo en los del doctor Salle, impunidad total. Ahí ya tiene un elemento de prueba.
