EC —Un elemento de prueba siempre que un planteo público como ese del doctor Díaz efectivamente incida en el fiscal, si el fiscal del caso se atiene a lo que el doctor Díaz dijo en declaraciones a la prensa. ¿Y eso después pasa?
GS —Pasa, porque después de Díaz habló Gabriela Fossati…
EC —Los fiscales tienen independencia técnica.
GS —No, no tienen independencia técnica.
EC —Teóricamente tienen.
GS —No, no tienen independencia técnica. Ya está confesado, la doctora Fossati acaba de salir a los medios de comunicación dando cuenta del nivel de terror que viven los fiscales. No tienen independencia técnica. Por supuesto, yo no tengo la potestad de manejar el Guardián, el Guardián lo manejan él y Bonomi, entonces no puedo traerle una interceptación telefónica. Pero no tienen independencia técnica, hay traslados arbitrarios, hay persecuciones y hay clima de terror. No lo planteo yo, lo planteó la propia fiscal Fossati, que acaba de ser sancionada. Fui el abogado defensor del fiscal Enrique Viana, que fue perseguido por el fiscal general Jorge Díaz.
EC —Vamos ahora al caso de ALUR y la planta de bioetanol.
GS —Le decía, nada contra el fiscal Pacheco, pero está sometido a directivas. El tema es así: yo formulo la denuncia el 25 de agosto del 2014 aportando elementos de prueba sobre un presunto o pretendido sobrecosto de pagar tres veces el valor internacional de una planta de etanol.
Algunas precisiones para los amigos que nos escuchan. Las plantas de etanol, como los vehículos, como cualquier elemento, son tasables, hay precios, más o menos hay precios. Entonces una planta que iba a producir 70 millones de litros a nivel internacional se cotiza entre US$ 35 y US$ 50 millones. Nosotros la pagamos en definitiva US$ 170 millones. Cuando uno ve esos números dice “acá pasa algo”. Yo como neófito en materia de ingeniería civil recojo esa información y la llevo a la justicia. El tema es el sobrecosto de la planta. La jueza y el fiscal tienen los mismos déficits en materia específica de eso, y después de prácticamente tres años y medio el fiscal Pacheco pide la gran prueba pericial de ingeniería civil conjuntamente con contadores.
EC —¿Por qué enfatiza eso?
GS —Ahora viene. Todos estábamos expectantes de esa gran pericia. Esa pericia, por razones burocráticas, no se hace. Y no obstante no hacerse la prueba de la investigación, se pide el archivo. Se lo voy a leer, porque usted no tiene por qué creerme.
EC —Yo no leí el expediente, sobre todo no leí esta resolución.
GS —Lo tengo acá, voy a la parte medular, porque la vista son tres carillas. “Respecto de eventuales sobrefacturaciones en el costo de la obra, tangencialmente mencionada en la denuncia, aunque no específicamente denunciada –la denuncia es específica sobre el costo–, la Fiscalía requirió, en reiteradas oportunidades, la realización de peritajes, habiéndose agregado distintos informes contables de asesoramiento emitidos por la contadora Élida Pardo y el contador Marcelo Arámbulo, de cuyas conclusiones no es posible extraer elemento de convicción que permita el inicio de un proceso penal, aclarándose que no se ha podido contar con un peritaje específico que pudiera determinar o ilustrar los costos de una obra civil de esta naturaleza”. Porque los contadores le dijeron al fiscal: “Nosotros somos contadores, no podemos tasar una planta de etanol, tenemos que trabajar con peritos que nos suministren la información en el aspecto de ingeniería civil”.
EC —¿Y qué pasó con ese pedido que hicieron los peritos?
GS —No se hizo el peritaje, no se hizo la reunión.
EC —¿Por qué no?
GS —Por razones burocráticas, está más allá de mí determinar por qué. Pero lo importante es que el peritaje central no se hizo. Es como que en el caso de una mala praxis no se haga el peritaje o la junta técnica de los médicos que diga “sí hubo error médico”, o “no hubo error médico”.
EC —Si las cosas son como usted me está contando…
GS —Usted las tiene a la vista.
EC —… el fiscal debió haber dicho “hasta no tener el peritaje no puedo seguir”. ¿Cómo es que resolvió que archivaba?
GS —No me lo tiene que preguntar a mí, yo soy el que está molesto con eso, no con Pacheco.
EC —Por eso, no entiendo por qué no está molesto con Pacheco, porque el que resuelve es Pacheco.
GS —Porque Pacheco está sometido a directivas y si sigue adelante y pide la pericia termina de fiscal en Bella Unión, y no porque ser fiscal de Bella Unión sea un demérito, pero es todo un problema de carácter existencial para Pacheco terminar administrando justicia en Bella Unión. La cosa es muy clara, el que manda y dice quién va preso y quién no es el doctor Díaz.
Pasó otra cosa importantísima en este expediente: antes del archivo el fiscal pidió que mi denuncia se acumulara con la denuncia posterior que habían hecho los políticos de mi país, siempre tarde, siempre dos o tres años más tarde que el doctor Salle. Entonces la jueza le dice que no se puede acumular mi denuncia a una denuncia posterior, que en todo caso se acumule la denuncia posterior a la mía. Y ahí retira el pedido de acumular, porque no pueden admitir que sea la denuncia del doctor Salle la que se esté tramitando. Es preferible que sea la del ámbito político, la de los compañeros de la Cámara.
EC —A partir de una resolución como esta, el archivo, que usted acaba de conocer, ¿qué le queda, qué va a hacer?
GS —Voy a seguir insistiendo como insistí hasta llegar al tribunal de apelaciones con el tema del pacto tributario criminal entre Mujica y Paco Casal. Los tribunales dicen, con cierta razón –artículo 22 de la Constitución–, que el titular de la acción pública es Jorge Díaz, la Fiscalía General. Por lo tanto yo no tengo legitimación activa, cuando voy al tribunal y llego apelando la decisión del archivo y la decisión que dice que yo no tengo legitimación, llego hasta el tribunal de apelaciones. Y el tribunal de apelaciones me dice: “Salle, vos no sos nadie, no tenés legitimación. Aquí el que tiene legitimación es Díaz”. Por lo tanto si Díaz pide el archivo está frito. Pero no está frito Salle, yo no voy en nada, a mí nadie me paga.
EC —Supongo que esa es una pregunta que se están haciendo varios oyentes.
GS —Yo no soy el abogado de Pérez Morgan, el abogado de Pérez Morgan fue…
EC —Quién financia todo este trabajo suyo, etcétera.
GS —Lo financia el ejercicio liberal de la profesión mía y hasta hace poco de la odontología de mi señora, que era odontóloga, ahora se jubiló; supongo que va a ser en parte el Estado a través de la pasividad que mi señora está cobrando. A mí no me financia nadie, yo no soy ni siquiera el abogado de Pérez Morgan, lo puede consultar. Fue el doctor Donnángelo el abogado de Pérez Morgan. Yo tomo la información que da a nivel púbico Pérez Morgan. Yo aquí estoy defendiendo la probidad de la Administración Pública, estoy defendiendo el Estado de derecho y estoy defendiendo el bolsillo de todos y cada uno de los uruguayos, por simple responsabilidad ciudadana, hasta si se quiere por retribución a la Udelar, que me dio la oportunidad de ser abogado.
