EC —A propósito de esta noticia del archivo de la denuncia sobre el caso de ALUR y su planta de bioetanol, la producción de En Perspectiva consultó anoche al fiscal Luis Pacheco, queríamos entrevistarlo para conocer sus argumentos. La respuesta fue que por ahora por lo menos no va a realizar declaraciones, entre otras cosas porque se le ha acumulado mucho trabajo.
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EC —Vamos al asunto que fue el disparador de la invitación. Usted y el exfiscal Enrique Viana son los representantes legales de Juan José Ayala, el abogado sospechoso de haber amenazado de muerte al fiscal de Corte. ¿Cómo llegó a este caso, cómo termina vinculado a este caso?
GS —Me llama la señora de Ayala por teléfono [y me dice] que Ayala está en la Fiscalía General.
EC —Usted es amigo de él.
GS —Lo conozco desde el 25 de junio de 1980, cuando entré a trabajar como administrativo 2 en la Fiscalía del Crimen de cuarto turno a cargo del fiscal Miguel Langón. Él era un abogado ya maduro –tiene 72 años– y yo era el muchacho que llevaba y traía los expedientes de Fiscalía, una especie de conserje. Allí lo conocí, como conocí a la cantidad de veteranos que están hoy en el foro.
EC —Recordemos el episodio de la amenaza. El sábado 18 de noviembre del año pasado de noche alguien llama a la Fiscalía de Corte y al agente de policía que atiende le dice: “Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”. Usted había conocido esa noticia. Hasta ahora, hasta esta semana en la que se produjo la audiencia judicial, ¿había tenido algún contacto más con este tema? Había hablado con el doctor Ayala.
GS —No, en absoluto. Yo voy a la Fiscalía a atender un problema cuya etiología desconocía, me iba a informar a la Fiscalía. Veo cámaras, veo que está lleno de cámaras, están mis amigos periodistas allí y le pregunto a la funcionaria Alicia de Facio, con quien nos conocemos también de aquella época: “¿Qué pasa, Alicia, que hay cámaras?”; “Está el fiscal general”; “Ah. ¿Y por qué?”; “Por la amenaza de muerte”; “Ah… Yo vengo por Ayala”; “Pero precisamente, Ayala está detenido por la amenaza”; “¡Ah, no sabía! Creía que era por otro asunto”.
EC —Usted iba por Ayala, ¿por qué tema?
GS —No sé, iba a averiguar en Fiscalía General por qué tema era. Me encuentro con que está vinculado al tema de las amenazas. Es más, pido para hablar con la fiscal, Mónica Ferrero, a quien aprecio mucho y conozco desde hace muchísimos años. Después de que termina de declarar el fiscal general, que pasa, no saluda, por supuesto –no me preocupa mucho–, pido para hablar con Mónica. Y le digo: “Yo voy a ser el abogado de Ayala”, y ella me dice: “Pah, hay un problemita, vos estás en las escuchas”.
EC —Sí, porque la fiscal a cargo de la investigación había ordenado una serie de actuaciones, entre ellas la interceptación de llamadas telefónicas. Y en una de ellas, por lo menos en una, aparece usted.
GS —Claro, sí. Entonces me dice: “Por razones éticas, capaz que no te conviene asumir”; “No hay problema, llamo por teléfono a Enrique y que venga él y asuma”. Y efectivamente hago eso. Enrique Viana viene, escucha la ratificación solamente de la denuncia por parte del fiscal general, no acepta acceder a ningún otro mecanismo de prueba, a otra recolección de prueba que está en la carpeta, y de allí en más me informa que no hay ningún elemento que me impida tomar la defensa. Por lo tanto asumo como codefensor. Y allí la estrategia que planteamos con Enrique, coherente y congruente con nuestra posición con respecto al Código, es la de que nuestro defendido no declare en Fiscalía, y además, obviamente, preparar la interposición de la inconstitucionalidad, que el doctor Enrique Viana, con su enjundia jurídica, ya tenía prácticamente armada, más de 80 fojas con citas de todo tipo de ilustres constitucionalistas y publicistas. Por lo tanto nuestro defendido no declara y nosotros aguardamos la audiencia de formalización.
EC —Vamos un poco más a los detalles. En una de esas grabaciones de conversaciones telefónicas él admite, de hecho, haber sido quien hizo esa llamada telefónica con la amenaza. “Estoy escondiendo el revólver, el 32 nuevo que tengo. Cuando yo amenacé a Díaz dije que era un comando y se cagaron, yo preví que me hicieran un allanamiento, así no me podían joder, y escondí tanto el 32 nuevo que no lo encuentro, lo metí en el gimnasio con bolsas y todo. Ahora ando con un revólver de un coronel. Vos sabés que ahora tiene lío Díaz. El ministro Bonomi, por el asunto del Código y esas cosas, y Díaz sacándose fotos en el interior. Lo van a matar entre Zubía y Salle, yo estoy atento para caerle arriba y despedazarlo”, dice Ayala en una conversación con su mecánico.
GS —Sí.
EC —Ayala está comprometido en este caso, está complicado.
GS —Ayala está, como acaba de decir usted, con el grado de compromiso que implica esta escucha. Ahora, vayamos por partes…
EC —Ayala ahí reconoce que fue quien llamó.
GS —Fíjese que usted tiene esa escucha y Huberto Álvarez no, el juez. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo uruguayo escuchó esas grabaciones y escuchó otra grabación.
EC —Yo no las tengo, salieron en televisión, las difundió Subrayado.
GS —Salieron en televisión, y salió otra, la de Ayala hablando conmigo. Ahora, miren qué curioso, todo el pueblo uruguayo está enterado de esas grabaciones, del contenido, patatín patatán; el juez no. Qué curioso, porque el artículo 16 de la Constitución de la República dice que en la pirámide del orden jurídico es de máxima jerarquía, todo lo otro está por debajo, o sea, el Código está por debajo. El artículo 1 de la Constitución de la República dice que quien toma declaraciones al indagado inmediatamente y bajo la más seria responsabilidad es el juez instructor. ¿Sabe qué pasa?
