EC —¿Y otras repercusiones políticas? Por ejemplo, ¿qué dice el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), que fue quien puso este tema arriba de la mesa?
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EC —Senador Pablo Mieres, ¿pudo leer el dictamen?
PABLO MIERES (PM) —Sí, claro, lo leí.
EC —Usted fue quien denunció ante la justicia penal el uso de la tarjeta corporativa de ALUR por el senador Leonardo de León. ¿Por qué dio aquel paso?
PM —Aclaro que fue el partido como tal, los denunciantes somos los dirigentes del partido, y el análisis del uso de la tarjeta que motivó la denuncia fue realizado por compañeros del partido, incluso el abogado denunciante tuvo particular cuidado de estudiar todos los gastos.
Nosotros no sabíamos que existían las tarjetas corporativas –y me parece que deberían ser objeto de prohibición en el Estado, es una opinión que tenemos y hemos presentado un proyecto de ley–, pero cuando surge el caso de la tarjeta corporativa de Sendic y del directorio de Ancap nos enteramos de que había otra empresa del grupo Ancap que también tenía tarjeta corporativa, que era ALUR. Por lo tanto hicimos un pedido de acceso a la información y no recuerdo si también un pedido de informes, pero en todo caso ALUR respondió en los tiempos correspondientes enviándonos el detalle del uso de las tarjetas corporativas, de lo que surgió que el único que la usó fue el señor De León. Otros dos jerarcas tuvieron tarjeta pero nunca la usaron, el gerente general la usó en una sola oportunidad, en un viaje, todo el resto, que son todos estos gastos, corresponde al señor De León. El análisis que hicimos –y nos quedamos cortos con respecto a lo que acaba de leer– nos llevó a presentar la denuncia penal.
EC —La denuncia en el terreno penal. Eso todavía no ha producido consecuencias, porque el fiscal Luis Pacheco, que tiene a su cargo esa indagatoria, cuando emitió sus pedidos de procesamiento hace pocos días por el caso Ancap, dejó fuera a De León a la espera de lo que surgiera el informe de la Jutep. Quería tener primero el informe de la Jutep para analizarlo.
PM —Exacto; parte de las funciones de la Jutep es auxiliar al Poder Judicial en las indagatorias, y evidentemente el fiscal Pacheco le pidió a la Jutep un informe. Por eso postergó la decisión sobre el caso de De León, a la espera de este informe, que es lapidario.
EC —¿Qué conclusiones saca usted leyendo las conclusiones de la Jutep?
PM —En primer lugar que es un escándalo, que es de las cosas que le hacen mucho daño a la política, por eso hay que marcarlas a fuego, señalarlas y extirparlas, porque estas conductas de este señor son verdaderas vergüenzas para la actividad política y para la actividad pública. En estas cosas tenemos que ser, de una vez por todas, firmes y claros y no dejar pasar ninguna situación de este tipo, porque es vergonzoso.
Con el agravante de que en el caso de ALUR se trató de una empresa que siempre dio pérdida, que permanentemente fue asistida por Ancap. O sea que el expresidente de ALUR por lo menos podría haber tenido un poquito de sensibilidad de no gastar tanta plata en viajes, en comidas y en todas esas cosas que recién usted reseñaba, cuando es el jerarca de una empresa en dificultades, de una empresa que nunca fue próspera. Entonces es más grave todavía.
Y por supuesto, la reacción lo hace más grave aún, porque recuerdo la cantidad de agravios e insultos que profirió al salir del juzgado hace un mes porque nosotros habíamos presentado la denuncia. Ahora se los va a tener que tragar, porque esto ya es un escándalo público.
Vamos a esperar el dictamen del fiscal. Porque además hay que decir claramente que Jutep no ingresa en el análisis de las conductas penales, tiene como objeto el análisis desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la conducta con respecto a la administración.
EC —El entredicho con usted o, mejor dicho, la respuesta que dio a la salida del juzgado el senador De León, aludiéndolo a usted, entre otras cosas tenía como motivo que en la denuncia ustedes habían incorporado un elemento que no correspondía a gastos efectivamente realizados.
PM —Fue falso eso también, porque el señor De León se caracteriza por decir cosas que después no tienen veracidad. Lo que ocurrió es que había un gasto –ese que yo refería que fue de cargo del gerente general– que en algunas de las versiones originales de la denuncia había sido incluido por error, pero en la denuncia que presentamos fue excluido expresamente, porque además no coincidía con el itinerario de De León. Eso fue eliminado, él se agarró de ese pequeño detalle, pero al otro día el abogado nuestro dijo con claridad que habíamos revisado la denuncia y que sosteníamos plenamente cada uno de los puntos que habíamos presentado. Que por otra parte son los que el dictamen de la propia Jutep toma en consideración, y agrega muchos otros, lo que demuestra que el nivel de las irregularidades es mucho mayor todavía.
EC —Como usted señalaba, el informe de la Jutep no se detiene en la tipificación de delitos.
PM —No le corresponde, es una acción que le corresponde al fiscal. El fiscal le está pidiendo una información a la Jutep. Incluso el informe de la Jutep dice en un apartado “sin perjuicio de las responsabilidades que en el campo penal puedan existir”. Deja la puerta abierta, no ingresa en el análisis de la tipificación de estas conductas desde el punto de vista penal.
EC —De todos modos, según su criterio –usted es abogado también–, y luego de leer ese dictamen de la Jutep, ¿qué delitos podrían estar en juego?
PM —Si estas conductas, con estas calificaciones, terminan no tipificando delito, la ciudadanía va a sufrir una suerte de indignación mayor, porque entonces cualquier cosa vale.
EC —En el caso de Raúl Sendic, por el uso de la tarjeta corporativa el fiscal pide el procesamiento por el delito de peculado, reiterados delitos de peculado.
PM —Sí. Y tómese en cuenta que el uso indebido fue unas cuantas veces menos –aunque la cantidad no hace al asunto–, esto superó por lejos el uso de la tarjeta de Sendic.
