EC —Dice el artículo 153 del Código Penal: “El funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”. Ese es el delito de peculado.
PM —Ahí la cuestión que hay que determinar es si De León era funcionario público o no, cosa que obviamente es objeto de análisis, y seguramente de discusión, porque ALUR es una empresa con capitales públicos, y por eso corresponde todo el análisis que hace la Jutep, porque son fondos del Estado y además porque De León estaba allí en representación de Ancap. Pero no sabemos si el fiscal entenderá que corresponde al Estatuto del Funcionario Público o si, como un jerarca privado, podrá estar sometido a eventuales delitos ocurridos con respecto a los fondos de una empresa que utilizó de manera indebida.
EC —¿Cuál sería el delito?, ¿apropiación indebida?
PM —Ese es el tipo delictivo que nuestros abogados han considerado más probable de aplicar. Pero eso depende del fiscal, es el que tiene que determinarlo.
EC —Apropiación indebida es el artículo 351 del Código Penal: “Lo comete el que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble que le hubiera sido confiado o entregado por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella, y será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.
PM —Esa puede ser otra opción. Con el agravante de que es en reiteración real, porque esto habría ocurrido en innumerables ocasiones. Pero no nos adelantemos, esto está en manos ahora del fiscal Pacheco, que en los próximos días tendrá que determinar cuál es la actitud que va a asumir.
EC —Otro factor delicado que está en juego es que De León hoy es senador, por lo tanto está protegido por los fueros.
PM —Sí, ese es un asunto que va a tener que discutir su bancada. Yo creo que hay una conducta delictiva, y el informe de la Jutep ha sido contundente. Eso demuestra que cuando el PI mete para adelante en un asunto de esta delicadeza y de esta característica, lo hace con total convicción y con total responsabilidad, no lo hacemos a lo loco para tirar, para buscar protagonismo. Al contrario, porque necesitamos que el sistema político se libre de estas barbaridades.
Si el fiscal pide procesamiento, debe pedir el levantamiento de los fueros. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer. Y suponemos que todos los partidos deberían tenerlo, porque estas cosas de los fueros no pueden convertirse en coronitas para que las personas que cometen delitos no puedan ser alcanzadas por la justicia.
EC —El informe de la Jutep también, de hecho, al pasar, cuestiona a la propia empresa, a la propia ALUR. Por ejemplo, en la página 2 constata que “la empresa no ha contado en el período considerado con reglamentación escrita respecto del uso de las tarjetas corporativas ni consta que se hayan efectuado controles respecto al uso de las mismas”.
PM —Ahí se da la peculiaridad de que el usuario de la tarjeta es simultáneamente el jerarca principal de la empresa. Entonces cae una nueva responsabilidad sobre el señor De León.
EC —También dice que no había reglamentación “y no se constataron rendiciones de cuentas del uso de tarjetas corporativas ni presentación de comprobantes”.
PM —Por supuesto, es una cosa lamentable. Lo que más me calienta es que estas cosas llevan a que la gente generalice, diga “son todos iguales”, “da todo lo mismo”, “que se vayan todos”, ese tipo de conclusión terrible y muy injusta. Es injusta con nosotros, con el PI, pero es injusta con políticos de todos los partidos que actúan de otra manera, y la mayoría de los políticos de este país actúan con un criterio de altruismo, de responsabilidad, de preocupación por la cosa pública. Entonces estos casos enchastran todo. Por eso hay que actuar con firmeza y uno espera que el partido al que pertenece De León haga lo propio, porque esa es la señal que hay que darle a la ciudadanía.
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Transcripción: María Lila Ltaif
