EC —El propio fiscal dice que habiendo examinado las cuentas bancarias, habiendo obtenido el levantamiento del secreto de esas cuentas, la conclusión que saca es que no hubo enriquecimiento patrimonial.
DC —Claro, entonces lo que tenemos es un conjunto de decisiones, algunas fuera de la ley y otras que dan prueba de un nivel de improvisación, de falta de profesionalismo alarmante. Esto es una señal para los que hoy ejercen cargos públicos, para los partidos, de que tienen que seleccionar mejor a sus equipos, de que se requiere más rigor, sobre todo cuando pensamos en las pérdidas, porque acá hay mucho dinero en el medio. Hoy nos enfrentamos a otra clase de problemas, como los temas del agro, los temas de la educación, los temas de las políticas sociales, para todo se necesita dinero y esto es un ejemplo de cómo se pierde dinero. Por lo tanto esto es también una señal.
Pero las instituciones están funcionando. Fijate en la investigadora. Los analistas al principio éramos muy pesimistas porque las comisiones investigadoras no tienen mucho poder, no consiguen que muchos indagados vayan a declarar, porque no es obligación –hubo un conjunto de gerentes de Ancap que decidieron no ir a declarar en la investigadora–, y aun así, con esas precariedades, la comisión investigadora consiguió desarrollar una investigación seria. Desde la perspectiva del funcionamiento institucional me parece que esto es una buena noticia, que va a doler, obviamente, porque impacta en la confianza, pero tenemos que estar tranquilos de que las cosas están funcionando.
Hay un segundo nivel de análisis que es bajar un escalón, ya no pensar en el régimen político, en la democracia, en cómo impacta esto sobre el funcionamiento global, sino mirar la competencia política. Porque estamos muy cerca del 2019 y una decisión de esta naturaleza va a generar ganadores y perdedores a la hora de evaluar costos.
A priori es difícil saber cuánto va a impactar, porque para eso se necesitan estudios, estudios de opinión pública, etcétera. Pero me animo a creer que esto va a tener un costo para el Frente Amplio (FA), porque lo tuvo en el pasado. Luego el FA y el gobierno se recuperan tras la salida del vicepresidente Sendic, pero esto es traer todo nuevamente al primer plano, volver a discutir públicamente todo lo que ocurrió. En ese sentido me parece que es inevitable que mucha gente se enoje y que haya muchas preguntas por ejemplo sobre cómo Sendic y su grupo llegaron a manejar la principal empresa del país y todas sus colaterales, incluida ALUR, cómo hubo tan bajos controles del partido, cómo se decidieron ciertas cosas. Me parece que ese tipo de cosas van a estar sobre la mesa. Creo que sobre Raúl Sendic esto es un impacto letal, porque él al renunciar por motivos propios evitó una condena partidaria y estaba intentando regresar, ha hecho giras, ha ido a hablar a los comités de base, pero me parece que tener una acusación y estar procesado va a marcar una situación de la cual es muy difícil regresar.
EC —Sí, además en materia política abre interrogantes en el sentido siguiente. Yo mencionaba recién –el fiscal lo subraya– que no se ha constatado enriquecimiento patrimonial de estos jerarcas, ni de exdirectores ni de funcionarios de Ancap en el período considerado y en vinculación con los hechos que están en cuestión. Pero el fiscal también dice que en varios capítulos sí se comprobó que estas decisiones cuestionables de Ancap beneficiaron a empresas. Fue claramente beneficiada Trafigura, la intermediaria entre Ancap y Petroecuador, fue claramente beneficiada la empresa Exor, que intervino en la fórmula para la cancelación anticipada de la deuda de Ancap con Pdvsa. Dos empresas que fueron seleccionadas sin pasar por el proceso correspondiente de licitación, etcétera. También fue beneficiada, dice el fiscal, la empresa Teyma, responsable de la construcción de la planta de biodiésel en Paysandú, una planta que tuvo defectos por lo menos en su etapa inicial y sin embargo no fue penalizada por eso, sino que, al revés, recibió una serie de compensaciones y pagos.
Entonces la pregunta que queda abierta es: ¿a dónde fue a parar ese beneficio? Esas empresas se beneficiaron; lo primero que tiende a pensar cualquiera es que hubo coimas. El fiscal no constata eso, no encuentra que haya habido dinero que haya ido a parar a las cuentas bancarias de jerarcas o de directores. Pero ¿qué pasó con ese beneficio? ¿Cómo se justifica ese beneficio que tuvieron esas empresas?
DC —Sí, es difícil entender la racionalidad de las decisiones. Obviamente la primera presunción que cualquiera tiene cuando lee estos casos es “alguien se benefició y recibió algún tipo de coima”. Pero la justicia no lo pudo demostrar. La segunda hipótesis podría ser que estas empresas hayan terminado apoyando financieramente campañas electorales, pero eso tampoco lo vamos a saber, porque nuestro régimen de financiamiento es demasiado débil, no es exhaustivo y carece de controles apropiados. Por tanto me inclino a pensar que esto tampoco lo vamos a saber, por lo cual me parece que va a quedar un gran interrogante.