EC —¿Cómo vio ese gesto?
AG —Como un cambio muy significativo. La realidad les pasó por arriba a las estadísticas. El año pasado cuando se decía que definitivamente se había ingresado en un camino de descenso de las rapiñas y que se iban a cumplir las promesas realizadas en la campaña 2014 –bajar un 30 % los hurtos y rapiñas y bajar a un 30 % la reincidencia–, pensábamos que había un manejo que no era profesional ni serio de las estadísticas y que no estaban reflejando lo que verdaderamente sucedía. Y yo creo, por aquello de que no se puede tapar el sol con la mano, que la realidad les pasó por arriba a esas expresiones de deseo y hoy se está viendo con toda crudeza…
EC —¿Entonces no eran realistas las cifras, las estadísticas del año pasado?
AG —No, evidentemente no reflejaban la realidad en la medida en que hay una cantidad de delito muy importante que no se denuncia –la cifra oculta–, y por otra parte no se tiene un claro conocimiento de cuáles son los criterios que se emplean para la categorización de ciertos ilícitos. Por ejemplo, hay una frontera muy tenue entre el hurto con destreza y la rapiña; es decir, la persona que le tironea la cartera a una señora y la arrebata, ¿hasta qué punto emplea violencia? ¿Cuándo deja de ser un hurto con destreza y se transforma en una rapiña? Durante mucho tiempo hemos recibido denuncias de ciudadanos que habiendo sido rapiñados fueron a realizar la denuncia policial y salieron con un registro por hurto mediante destreza. Entonces lo que hubo fue un manejo de las estadísticas poco claro, poco profesional y tendiente a acercar, por lo menos en los números, la promesa.
EC —¿Cuál es el límite entre lo que usted está señalando y la manipulación?
AG —Creo que se manejó de una manera poco clara y nunca se plantearon explicaciones cuando se les preguntaba al ministro y al MI cuáles eran los criterios. Nunca apareció una respuesta muy clara.
EC —Está hablando de una especie de manipulación o maquillaje de las cifras.
AG —Un manejo poco profesional y sobre todo dirigido a presentar en forma apresurada resultados que no se estaban obteniendo. En definitiva la realidad terminó pasándole por arriba a eso. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ha estallado con crudeza un problema profundo de seguridad, como nunca antes había ocurrido en el país.
EC —Cuando se examina lo que está pasando en estos primeros meses del año aparecen distintos análisis, se buscan causas. Tengo acá anotadas las que se han mencionado, básicamente cuatro. Podrían ser algunos de los motivos la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP); mayores facilidades para realizar denuncias, a partir de la distribución de tablets entre los funcionarios policiales que operan en las calles d a fines del año pasado; menor cantidad de dinero en circulación debido a la bancarización, que obligaría a los delincuentes a mayor cantidad de hurtos y rapiñas para obtener objetos que después comercializan, y por último problemas en la actuación policial frente a la delincuencia. Son esas cuatro razones las que han estado en la vuelta.
AG —Las tres primeras suenan francamente como justificaciones y bastante absurdas. Y me llama la atención, porque no es la primera vez que el MI insiste en esta tesis que presenta a la eficacia policial como una razón para el aumento del delito. Si fuera así sería francamente absurdo; decir que como la eficacia policial aumentó la gente tiene que delinquir más es inconsistente e insostenible.
De las cuatro razones la que más o menos se aproxima a la realidad es la que refiere al problema del funcionamiento del servicio, los problemas que tiene la Policía. Pero el núcleo, la raíz del problema, no está en la Policía sino en su conducción política. El problema no está en la Policía Nacional.
EC —¿Qué quiere decir que el problema esté en la conducción política?
AG —Que ha habido una política equivocada. Por un lado, por ejemplo, lo vemos en el manejo de la autoridad. Ha habido una renuncia al empleo de la autoridad y de la ley en muchas situaciones, no sé si por prejuicio ideológico solamente, pero lo cierto es que vemos una Policía que está en retirada, que está atada, que no siente el respaldo de los mandos políticos, una Policía a la cual en general los grupos criminales le han ido perdiendo el respeto. Y se da una situación paradojal y muy compleja para el Estado de derecho, y es que mientras los delincuentes están más seguros, la ciudadanía se siente más desprotegida. Entonces allí hay un problema que no se revierte fácilmente, hay sin duda una dificultad objetiva en el funcionamiento de la Policía, pero, reitero, no por un problema intrínseco de la Policía. Hay un divorcio además muy claro, una falta de sintonía entre el ministro, su equipo y en general los cuerpos policiales. Todo esto termina resintiendo un servicio que es esencial.
Respecto a las otras causas, me parece que son justificaciones y que no son capaces de pasar un análisis profundo de las cosas. Que alguien diga que porque existe más eficacia policial los delincuentes tienen que robar más es insostenible.
EC —¿Quién dice eso?
AG —Yo se lo he escuchado al subsecretario del Interior, lo he escuchado en general en el discurso del MI. Pero aquí, yendo a lo que me preguntaba en el inicio de la nota, ha habido un cambio claro en cómo se está posicionando el MI respecto a esta crisis de seguridad. Ahora hay una admisión del problema, siempre relativizando las causas y siempre transfiriéndolas, porque, nos faltó decir, la culpa es de los magistrados, la culpa es del CPP. Se presenta un tema que es estructural y en aumento en los últimos 10 años como un efecto de los últimos ocho meses en que se ha aplicado el nuevo modelo procesal penal. Suena a justificación.
EC —Me quedé pensando en lo siguiente. Usted decía que quizás lo que ahora se ve como un salto adelante en las cifras de hurtos y rapiñas no esté reflejando una realidad.
AG —Un sinceramiento con la realidad, en todo caso. Ahora sí. Los homicidios.
