Entrevista, martes 26 de junio: Álvaro Garcé

EC —Tiene la impresión de que el año pasado ya teníamos un problema serio que las estadísticas no estaban mostrando.

AG —Exacto, lo estaban relativizando y minimizando, lo estaban manejando. Ahora ya no.

EC —Entiendo lo que dice, pero mientras usted lo señalaba, yo me quedaba pensando en otro tipo de delitos, los homicidios. Allí parece más difícil manipular, discutir o maquillar las cifras. Estamos teniendo un aumento importantísimo de los homicidios si comparamos con el año anterior.

AG —Gravísimo.

EC —Ahí no es un tema de cómo se anota una denuncia.

AG —De acuerdo. Pero hay una tendencia, la tasa de homicidios ha estado en permanente aumento.

EC —Sí, pero ¿por qué un salto tan alto, de 50 % o más, si se compara este primer semestre con el del año anterior? Es mucho.

AG —Es mucho y es muy grave. Lo que ha pasado, tengo la sensación, es que un problema que venía gestándose y adquiriendo una mayor dimensión, que es el tamaño y el poder de organizaciones criminales, ha hecho definitivamente eclosión. Y desde luego, el homicidio es el delito que muestra el mayor nivel de violencia y el que es además más difícil de ocultar, por lo tanto lo podemos tomar como un indicador objetivo muy importante. En ese sentido es altamente preocupante que Uruguay haya pasado de tener niveles de homicidios comparables a los de los países más desarrollados de Europa occidental a situarse prácticamente en la mitad de la tabla mundial, pero con una tendencia grave al aumento. Y si tomamos los homicidios en cárceles, Uruguay tiene las cárceles más violentas de toda América del Sur. Lo venimos planteando desde hace por lo menos tres años comparando la cantidad de homicidios que hay en Uruguay y en Argentina, y diríamos que nuestras cárceles son de tres a cuatro veces más violentas que las argentinas, notoriamente más violentas que las chilenas y que las colombianas. Y cuidado, porque cuando en una sociedad se instala definitivamente la violencia en determinados sectores, que pueden ser lugares, pueblos, barrios, cárceles, esa violencia después se difunde al resto de la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo.

EC —Si nos detenemos en los homicidios, usted menciona dos grandes razones: el avance de las organizaciones vinculadas al narcotráfico…

AG —Al crimen organizado en general.

EC —… y lo que está pasando dentro de las cárceles.

AG —Sí, pero frente a ese avance el MI ha sido claramente omiso y no ha tomado medidas elementales que están en la primera hoja de todo manual.

EC —¿A qué se refiere?

AG —Por ejemplo, venimos planteando desde hace años que es absurdo que las organizaciones de crimen organizado tengan todas las facilidades para trabajar las 24 horas al día los siete días a la semana con celulares, cuando deberían tener bloqueada esa posibilidad.

EC —Ahí está hablando de lo que pasa dentro de las cárceles.

AG —Cuando el director de la Policía Nacional dice “todo esto empezó en las cárceles”, tiene razón. El detalle es que él es uno de los principales responsables de esa situación. Pero es verdad que hay un nivel de violencia que comenzó dentro de la cárcel, que se fue trasladando a la sociedad y que está en permanente conexión, porque el grupo criminal puede estar privado de la libertad ambulatoria pero está trabajando y está activo. En la medida en que eso ocurre es muy fácil mandar matar, es muy fácil mandar apretar testigos, es muy fácil organizar el negocio desde dentro de la cárcel. Frente a eso hay una omisión y una pasividad inexplicables. Diría que es un hecho que le genera responsabilidad al Estado después por las muertes que ocurren. Porque cuando el Estado no toma las medidas indispensables para garantizar mínimamente la seguridad de los ciudadanos, el Estado de derecho debe responder por eso. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir que en esta escalada de homicidios que ha habido hay una responsabilidad, que es inexcusable, por decisiones erróneas del MI.

EC —¿Y cómo observa mientras tanto algunas medidas que ha promovido el gobierno? Por ejemplo, la del sábado pasado. ¿Cómo observa el censo que se llevó a cabo en la zona conocida como Los Palomares de Casavalle, un lugar donde se había ido concentrando una porción importante de poder a cargo de organizaciones criminales y de narcos en particular? Se va a analizar ahora qué se hará con esas 450 viviendas, muchas de ellas precarias, muchas de ellas sin papeles, y además con agregados realizados en espacios públicos y calles. Un lugar que no solamente congregaba una parte del poder de estas organizaciones, sino que además resultaba en buena medida inaccesible para la policía, justamente por las limitaciones a los efectos de circular con vehículos, etcétera.

AG —Ojalá que con este censo no ocurra lo que ha sucedido con tantos otros censos. Recuerdo un gran censo carcelario de 2010, que se suponía que iba a ser la base empírica para tomar decisiones que corrigieran esas situaciones que estaban siendo denunciadas. Si ahora tenemos un gran censo que termina en un nuevo diagnóstico, pero se evitan o no se toman en tiempo y en forma las decisiones que hay que tomar, tendremos más diagnóstico, más opiniones, pero no una solución.

EC —Para usted esta medida es correcta, va en la línea adecuada.

AG —Está bien censar.

EC —¿Qué habría que hacer con Los Palomares concretamente?

AG —Tomar decisiones basadas en la evidencia es un principio de gestión de calidad. Las decisiones hay que tomarlas basándose en comprobaciones empíricas. El tema es que hay que tomar esas decisiones. Qué hay que hacer con Los Palomares excede mi ámbito de especialidad, en la medida en que esto refiere a la prevención social del delito como un escenario amplio. Y aquí hay medidas de prevención del delito, de prevención policial, de disuasión y de represión, así como de rehabilitación que no se están tomando. Y en todos esos planos, la prevención, la disuasión, la represión y fundamentalmente la rehabilitación, se está fallando. El Estado está fallando, está fallando el MI; los resultados los tenemos a la vista.

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1 Comentario - Escribir un comentario

  1. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Entrevista al Dr. Garcés

    Tengo algunas reflexiones con respecto a los dichos del Dr. Garcés.
    En primer lugar, afirma que existe un manejo poco claro y poco profesional de las estadísticas. Es su opinión. Quisiera saber en qué se basa para hacer tal afirmación. Es probable que los argumentos los reserve para sus alumnos. Los lectores quedamos sin conocerlos.
    En segundo lugar, afirma como un ejemplo de que el manejo es poco profesional el hecho de que muchos delitos no se denuncian. Quisiera saber qué hqría el manejo profesional del Dr. Garcés para incluir en las estadísticas los hechos que no son recogidos en ningún registro porque no se denuncian.
    Después aporta el tema de diferenciar hurto con destreza de rapiña en casos límites, como el despojo de una cartera a una dama. Entiendo que la rapiña es hurto con violencia y entonces habría que establecer una graduación de la violencia para saber si llega a ser un poquito de violencia para categorizar el delito como rapiña o si no llega a ese poquito categorizarlo como hurto con destreza. Verdaderamente si hay error en los casos límites, yo no me preocuparía y en todo caso consideraría a ambos delitos en un mismo grupo de delitos semejantes. Y eso creo que no haría pecar a la estadística de poco profesional.
    A continuación, establece que en el Ministerio del Interior no existe conocimiento de los criterios que se emplean para categorizar a los delitos y entonces, según el Dr. Garcés, por ese motivo también el manejo es poco claro y poco profesional de las estadísticas con el propósito de acercar los resultados de las estadísticas a las promesas electorales. Es verdaderamente increíble la información que posee el Dr. Garcés de los procedimientos que utiliza el Ministerio del Interior para diseñar y elaborar las estadísticas. De todas maneras, dice que el Ministerio no da información clara con respecto a los criterios. Con la información que el Dr. Garcés consigue del Ministerio no comprendo para qué le pregunta al Ministro.
    Emiliano le cita lo que se ha expresado por varias personas con respecto a las causas del crecimiento del delito. El Dr. Garcés no opina, solamente califica que algunas de ellas son absurdas. Y con eso alcanza.
    De todos modos se refiere al aumento de la eficacia policial, como argumento del crecimiento de los delitos y se muestra irónico cuando dice que no es concebible que porque aumente la eficacia de la policía la gente tiene que delinquir más. Me parece que el Dr. Garcés se confunde. No es que la gente cometa más delitos sino que más gente que comete delitos es apresada por la policía y entonces la cantidad de delitos se reflejan en las estadísticas.
    Uno de los temas que más le gustan al Dr. Garcés se refiere a la conducción política de la policía. El problema no está en los funcionarios policiales sino en el Ministro y en el Sub-Secretario del Ministerio. Dice el Dr. Garcés que la policía está carente de respaldo político y jurídico. En relación a este último déficit, promueve el cambio en las normas que refieren a la legítima defensa.
    Lo que no encuentro es relación de la necesidad o conveniencia de reformar las normas respecto a la legítima defensa con el Ministerio del Interior. Creo que este tema tendría que tratarse con los parlamentarios y no con el Ministerio. Por lo menos, creo que es conveniente no juntar este tema con el respaldo político. Afirma el Dr. Garcés que los funcionarios policiales necesitan más apoyo del Ministro y del Sub-Secretario para realizar de mejor manera su tarea. Yo no creo que la policía realice su tarea de manera inadecuada porque si bien han crecido los delitos, también han crecido los arrestos. De todos modos, no sé como sabe el Dr. Garcés que los funcionarios policiales no tienen respaldo se sus autoridades.
    Finalmente, el Dr. Garcés se explaya con respecto a las cárceles y en esto claramente hay que darle la derecha porque conoce el paño. De todos modos, creo que el Gobierno ha realizado importantes mejoras tanto en las condiciones edilicias como en el incremento de las actividades laborales y educativas de las personas privadas de libertad. De eso, naturalmente, el Dr. Garcés no habla porque su propósito es criticar, aunque para ello no tenga suficientes argumentos.

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