EC —Tiene la impresión de que el año pasado ya teníamos un problema serio que las estadísticas no estaban mostrando.
AG —Exacto, lo estaban relativizando y minimizando, lo estaban manejando. Ahora ya no.
EC —Entiendo lo que dice, pero mientras usted lo señalaba, yo me quedaba pensando en otro tipo de delitos, los homicidios. Allí parece más difícil manipular, discutir o maquillar las cifras. Estamos teniendo un aumento importantísimo de los homicidios si comparamos con el año anterior.
AG —Gravísimo.
EC —Ahí no es un tema de cómo se anota una denuncia.
AG —De acuerdo. Pero hay una tendencia, la tasa de homicidios ha estado en permanente aumento.
EC —Sí, pero ¿por qué un salto tan alto, de 50 % o más, si se compara este primer semestre con el del año anterior? Es mucho.
AG —Es mucho y es muy grave. Lo que ha pasado, tengo la sensación, es que un problema que venía gestándose y adquiriendo una mayor dimensión, que es el tamaño y el poder de organizaciones criminales, ha hecho definitivamente eclosión. Y desde luego, el homicidio es el delito que muestra el mayor nivel de violencia y el que es además más difícil de ocultar, por lo tanto lo podemos tomar como un indicador objetivo muy importante. En ese sentido es altamente preocupante que Uruguay haya pasado de tener niveles de homicidios comparables a los de los países más desarrollados de Europa occidental a situarse prácticamente en la mitad de la tabla mundial, pero con una tendencia grave al aumento. Y si tomamos los homicidios en cárceles, Uruguay tiene las cárceles más violentas de toda América del Sur. Lo venimos planteando desde hace por lo menos tres años comparando la cantidad de homicidios que hay en Uruguay y en Argentina, y diríamos que nuestras cárceles son de tres a cuatro veces más violentas que las argentinas, notoriamente más violentas que las chilenas y que las colombianas. Y cuidado, porque cuando en una sociedad se instala definitivamente la violencia en determinados sectores, que pueden ser lugares, pueblos, barrios, cárceles, esa violencia después se difunde al resto de la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo.
EC —Si nos detenemos en los homicidios, usted menciona dos grandes razones: el avance de las organizaciones vinculadas al narcotráfico…
AG —Al crimen organizado en general.
EC —… y lo que está pasando dentro de las cárceles.
AG —Sí, pero frente a ese avance el MI ha sido claramente omiso y no ha tomado medidas elementales que están en la primera hoja de todo manual.
EC —¿A qué se refiere?
AG —Por ejemplo, venimos planteando desde hace años que es absurdo que las organizaciones de crimen organizado tengan todas las facilidades para trabajar las 24 horas al día los siete días a la semana con celulares, cuando deberían tener bloqueada esa posibilidad.
EC —Ahí está hablando de lo que pasa dentro de las cárceles.
AG —Cuando el director de la Policía Nacional dice “todo esto empezó en las cárceles”, tiene razón. El detalle es que él es uno de los principales responsables de esa situación. Pero es verdad que hay un nivel de violencia que comenzó dentro de la cárcel, que se fue trasladando a la sociedad y que está en permanente conexión, porque el grupo criminal puede estar privado de la libertad ambulatoria pero está trabajando y está activo. En la medida en que eso ocurre es muy fácil mandar matar, es muy fácil mandar apretar testigos, es muy fácil organizar el negocio desde dentro de la cárcel. Frente a eso hay una omisión y una pasividad inexplicables. Diría que es un hecho que le genera responsabilidad al Estado después por las muertes que ocurren. Porque cuando el Estado no toma las medidas indispensables para garantizar mínimamente la seguridad de los ciudadanos, el Estado de derecho debe responder por eso. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir que en esta escalada de homicidios que ha habido hay una responsabilidad, que es inexcusable, por decisiones erróneas del MI.
EC —¿Y cómo observa mientras tanto algunas medidas que ha promovido el gobierno? Por ejemplo, la del sábado pasado. ¿Cómo observa el censo que se llevó a cabo en la zona conocida como Los Palomares de Casavalle, un lugar donde se había ido concentrando una porción importante de poder a cargo de organizaciones criminales y de narcos en particular? Se va a analizar ahora qué se hará con esas 450 viviendas, muchas de ellas precarias, muchas de ellas sin papeles, y además con agregados realizados en espacios públicos y calles. Un lugar que no solamente congregaba una parte del poder de estas organizaciones, sino que además resultaba en buena medida inaccesible para la policía, justamente por las limitaciones a los efectos de circular con vehículos, etcétera.
AG —Ojalá que con este censo no ocurra lo que ha sucedido con tantos otros censos. Recuerdo un gran censo carcelario de 2010, que se suponía que iba a ser la base empírica para tomar decisiones que corrigieran esas situaciones que estaban siendo denunciadas. Si ahora tenemos un gran censo que termina en un nuevo diagnóstico, pero se evitan o no se toman en tiempo y en forma las decisiones que hay que tomar, tendremos más diagnóstico, más opiniones, pero no una solución.
EC —Para usted esta medida es correcta, va en la línea adecuada.
AG —Está bien censar.
EC —¿Qué habría que hacer con Los Palomares concretamente?
AG —Tomar decisiones basadas en la evidencia es un principio de gestión de calidad. Las decisiones hay que tomarlas basándose en comprobaciones empíricas. El tema es que hay que tomar esas decisiones. Qué hay que hacer con Los Palomares excede mi ámbito de especialidad, en la medida en que esto refiere a la prevención social del delito como un escenario amplio. Y aquí hay medidas de prevención del delito, de prevención policial, de disuasión y de represión, así como de rehabilitación que no se están tomando. Y en todos esos planos, la prevención, la disuasión, la represión y fundamentalmente la rehabilitación, se está fallando. El Estado está fallando, está fallando el MI; los resultados los tenemos a la vista.
