Entrevista, martes 26 de junio: Álvaro Garcé

EC —¿Para usted habría que continuar con actuaciones como estas en algunas zonas de algunos de estos barrios donde los narcos se han hecho fuertes?

AG —Desde luego que no está mal que el Estado empiece a tener una presencia donde está ausente.

EC —Ese es uno de los aspectos de este sábado, marcar presencia en un lugar donde al Estado le costaba mostrarse presente y con autoridad.

AG —La autoridad no se ejerce solamente por ir a censar un sábado con una fuerte presencia policial, sino que en todo caso el cumplimiento de la ley y la autoridad del Estado deben asegurarse de forma continua, permanente y no de un modo episódico. Si el Estado satura en un día y una tarde con presencia una zona donde ha estado omiso y después se va, es exactamente lo mismo, volvemos a la situación anterior. Lo que tiene que haber es una presencia permanente no solo en Los Palomares, sino en todas las zonas donde existen niveles de delito comparables con los peores de América del Sur. Uruguay tiene en general niveles de delito que relativamente pueden ser un poco menos malos que el promedio de la región, pero tiene zonas con desempeños tan malos como los peores escenarios de este continente.

EC —Usted dice que ahí hay que tener presencia permanente. ¿De que está hablando? ¿Qué imagina o qué propone concretamente?

AG —Desde luego que eso se tiene que enmarcar en una estrategia de prevención del delito y de disuasión. Y cuando ocurren las situaciones, de represión de estas. Le hablaba de un problema de ejercicio de la autoridad; en definitiva lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han ido generando espacios sin ley. No porque la ley no exista, sino porque en esas zonas y en esos territorios la ley no se aplica. Barrios, ciudades, cárceles. En esos territorios que el Estado ha abandonado o de los por lo menos se ha ido retirando y no ejerce con toda la intensidad que la Constitución y la ley habilitan la autoridad, las organizaciones han ganado terreno. Autoridad que no se ejerce es autoridad que se pierde.

EC —¿Qué es lo que hay que hacer? Una solución en Río de Janeiro fue militarizar las favelas.

AG —No creo.

EC —No es esa la solución que usted maneja o que Todos maneja.

AG —Claramente no.

EC —¿Pero sí hay que establecer una presencia permanente de determinados contingentes policiales especializados?

AG —Desde luego que la presencia policial es indispensable, pero hay que ver qué tipo de presencia policial. Si se trata de tres funcionarios sin apoyo o hablando por celular o mandando mensajes por celular, creo que eso definitivamente no revierte la situación. Es clave darle a la Policía el respaldo y el apoyo que hoy no tiene, respaldo político y respaldo legal. Una de las medidas que ha planteado nuestro sector es rever las normas del Código Penal desde el punto de vista de la legítima defensa. Para nosotros esa es una medida absolutamente clave. Clave en un momento en que la Policía se encuentra en una situación de retirada en el sentido de que cuando se produce un enfrentamiento el policía tiene que esperar a ser agredido para contestar. Eso es inadmisible. El policía tiene que estar debidamente preparado, respaldado, entrenado y jurídicamente blindado para poder dar una respuesta efectiva. Y cuando digo blindado, no quiero decir que nos enfrentemos o que vayamos en camino al gatillo fácil. Nuestro proyecto ha sido muy ponderado y muy claramente ha establecido que se trata de una presunción relativa que admite prueba en contrario y que cuando un funcionario hace uso de un recurso de fuerza tiene que hacerlo dentro de la ley.

EC —Ustedes se refieren a la legítima defensa presunta.

AG —Exacto.

EC —Que es una modificación del artículo 26 del Código Penal.

AG —Es una extensión de las presunciones que existen en materia del Código Penal, en el artículo 26, a favor del policía que actúe en cumplimiento de la ley, dentro de los márgenes de la ley. Hemos optado por revisar este artículo de la legítima defensa y no el correspondiente al cumplimiento de la ley.

EC —El artículo 26 del Código Penal dice que se haya exento de responsabilidad, y detalla distintas situaciones, pero al principio dice: “El que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. ¿Qué es lo que ustedes agregan o complementan a los efectos de cubrir al policía?

AG —Que esos tres elementos en principio y admitiendo prueba en contrario se deben presumir cuando un policía hace uso de un recurso de fuerza. Se presumen en principio, es decir que admite prueba en contrario. Si se modifica este artículo con el alcance que proponemos el policía adquiere una mayor seguridad, tiene un respaldo de que hoy carece y sobre todo, sin ingresar en una lógica de gatillo fácil, le da la posibilidad de repeler una agresión sin esperar la inminencia de la agresión o la agresión directamente consumada. En esa línea estamos razonando. Esto tiene varios ejemplos en el derecho comparado. Es decir, no es una improvisación nuestra, existe en el derecho comparado y tiene –es un tema discutible, desde luego– en la doctrina internacional posiciones que son contestes en señalar que este es un buen mecanismo.

EC —Ustedes tienen a los sindicatos policiales de su lado.

AG —Sí.

EC —Han pedido que se reviera este aspecto.

AG —No es poco. Ellos son los que se juegan la vida, entendieron la necesidad de esta modificación legal y la respaldaron.

EC —¿Y cómo viene la discusión?

AG —Lamentablemente viene dentro de un panorama general de bloqueo, me parece. Aquí el debate de la seguridad está bastante bloqueado y diría ideologizado en el mal sentido. Cuando planteamos estas cosas se nos dijo “esto es gatillo fácil”, “esto es populismo penal”. Nos habría gustado tener una respuesta un poco más a fondo, sustancial. Creo que lo peor que podría pasar en la próxima campaña electoral es que frente a un problema de la magnitud de la inseguridad pública terminemos discutiendo con titulares o con eslóganes cuando lo que queremos y necesitamos es un debate de fondo.

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  1. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Entrevista al Dr. Garcés

    Tengo algunas reflexiones con respecto a los dichos del Dr. Garcés.
    En primer lugar, afirma que existe un manejo poco claro y poco profesional de las estadísticas. Es su opinión. Quisiera saber en qué se basa para hacer tal afirmación. Es probable que los argumentos los reserve para sus alumnos. Los lectores quedamos sin conocerlos.
    En segundo lugar, afirma como un ejemplo de que el manejo es poco profesional el hecho de que muchos delitos no se denuncian. Quisiera saber qué hqría el manejo profesional del Dr. Garcés para incluir en las estadísticas los hechos que no son recogidos en ningún registro porque no se denuncian.
    Después aporta el tema de diferenciar hurto con destreza de rapiña en casos límites, como el despojo de una cartera a una dama. Entiendo que la rapiña es hurto con violencia y entonces habría que establecer una graduación de la violencia para saber si llega a ser un poquito de violencia para categorizar el delito como rapiña o si no llega a ese poquito categorizarlo como hurto con destreza. Verdaderamente si hay error en los casos límites, yo no me preocuparía y en todo caso consideraría a ambos delitos en un mismo grupo de delitos semejantes. Y eso creo que no haría pecar a la estadística de poco profesional.
    A continuación, establece que en el Ministerio del Interior no existe conocimiento de los criterios que se emplean para categorizar a los delitos y entonces, según el Dr. Garcés, por ese motivo también el manejo es poco claro y poco profesional de las estadísticas con el propósito de acercar los resultados de las estadísticas a las promesas electorales. Es verdaderamente increíble la información que posee el Dr. Garcés de los procedimientos que utiliza el Ministerio del Interior para diseñar y elaborar las estadísticas. De todas maneras, dice que el Ministerio no da información clara con respecto a los criterios. Con la información que el Dr. Garcés consigue del Ministerio no comprendo para qué le pregunta al Ministro.
    Emiliano le cita lo que se ha expresado por varias personas con respecto a las causas del crecimiento del delito. El Dr. Garcés no opina, solamente califica que algunas de ellas son absurdas. Y con eso alcanza.
    De todos modos se refiere al aumento de la eficacia policial, como argumento del crecimiento de los delitos y se muestra irónico cuando dice que no es concebible que porque aumente la eficacia de la policía la gente tiene que delinquir más. Me parece que el Dr. Garcés se confunde. No es que la gente cometa más delitos sino que más gente que comete delitos es apresada por la policía y entonces la cantidad de delitos se reflejan en las estadísticas.
    Uno de los temas que más le gustan al Dr. Garcés se refiere a la conducción política de la policía. El problema no está en los funcionarios policiales sino en el Ministro y en el Sub-Secretario del Ministerio. Dice el Dr. Garcés que la policía está carente de respaldo político y jurídico. En relación a este último déficit, promueve el cambio en las normas que refieren a la legítima defensa.
    Lo que no encuentro es relación de la necesidad o conveniencia de reformar las normas respecto a la legítima defensa con el Ministerio del Interior. Creo que este tema tendría que tratarse con los parlamentarios y no con el Ministerio. Por lo menos, creo que es conveniente no juntar este tema con el respaldo político. Afirma el Dr. Garcés que los funcionarios policiales necesitan más apoyo del Ministro y del Sub-Secretario para realizar de mejor manera su tarea. Yo no creo que la policía realice su tarea de manera inadecuada porque si bien han crecido los delitos, también han crecido los arrestos. De todos modos, no sé como sabe el Dr. Garcés que los funcionarios policiales no tienen respaldo se sus autoridades.
    Finalmente, el Dr. Garcés se explaya con respecto a las cárceles y en esto claramente hay que darle la derecha porque conoce el paño. De todos modos, creo que el Gobierno ha realizado importantes mejoras tanto en las condiciones edilicias como en el incremento de las actividades laborales y educativas de las personas privadas de libertad. De eso, naturalmente, el Dr. Garcés no habla porque su propósito es criticar, aunque para ello no tenga suficientes argumentos.

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