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Entrevista, martes 26 de junio: Álvaro Garcé

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EC —¿Para usted habría que continuar con actuaciones como estas en algunas zonas de algunos de estos barrios donde los narcos se han hecho fuertes?

AG —Desde luego que no está mal que el Estado empiece a tener una presencia donde está ausente.

EC —Ese es uno de los aspectos de este sábado, marcar presencia en un lugar donde al Estado le costaba mostrarse presente y con autoridad.

AG —La autoridad no se ejerce solamente por ir a censar un sábado con una fuerte presencia policial, sino que en todo caso el cumplimiento de la ley y la autoridad del Estado deben asegurarse de forma continua, permanente y no de un modo episódico. Si el Estado satura en un día y una tarde con presencia una zona donde ha estado omiso y después se va, es exactamente lo mismo, volvemos a la situación anterior. Lo que tiene que haber es una presencia permanente no solo en Los Palomares, sino en todas las zonas donde existen niveles de delito comparables con los peores de América del Sur. Uruguay tiene en general niveles de delito que relativamente pueden ser un poco menos malos que el promedio de la región, pero tiene zonas con desempeños tan malos como los peores escenarios de este continente.

EC —Usted dice que ahí hay que tener presencia permanente. ¿De que está hablando? ¿Qué imagina o qué propone concretamente?

AG —Desde luego que eso se tiene que enmarcar en una estrategia de prevención del delito y de disuasión. Y cuando ocurren las situaciones, de represión de estas. Le hablaba de un problema de ejercicio de la autoridad; en definitiva lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han ido generando espacios sin ley. No porque la ley no exista, sino porque en esas zonas y en esos territorios la ley no se aplica. Barrios, ciudades, cárceles. En esos territorios que el Estado ha abandonado o de los por lo menos se ha ido retirando y no ejerce con toda la intensidad que la Constitución y la ley habilitan la autoridad, las organizaciones han ganado terreno. Autoridad que no se ejerce es autoridad que se pierde.

EC —¿Qué es lo que hay que hacer? Una solución en Río de Janeiro fue militarizar las favelas.

AG —No creo.

EC —No es esa la solución que usted maneja o que Todos maneja.

AG —Claramente no.

EC —¿Pero sí hay que establecer una presencia permanente de determinados contingentes policiales especializados?

AG —Desde luego que la presencia policial es indispensable, pero hay que ver qué tipo de presencia policial. Si se trata de tres funcionarios sin apoyo o hablando por celular o mandando mensajes por celular, creo que eso definitivamente no revierte la situación. Es clave darle a la Policía el respaldo y el apoyo que hoy no tiene, respaldo político y respaldo legal. Una de las medidas que ha planteado nuestro sector es rever las normas del Código Penal desde el punto de vista de la legítima defensa. Para nosotros esa es una medida absolutamente clave. Clave en un momento en que la Policía se encuentra en una situación de retirada en el sentido de que cuando se produce un enfrentamiento el policía tiene que esperar a ser agredido para contestar. Eso es inadmisible. El policía tiene que estar debidamente preparado, respaldado, entrenado y jurídicamente blindado para poder dar una respuesta efectiva. Y cuando digo blindado, no quiero decir que nos enfrentemos o que vayamos en camino al gatillo fácil. Nuestro proyecto ha sido muy ponderado y muy claramente ha establecido que se trata de una presunción relativa que admite prueba en contrario y que cuando un funcionario hace uso de un recurso de fuerza tiene que hacerlo dentro de la ley.

EC —Ustedes se refieren a la legítima defensa presunta.

AG —Exacto.

EC —Que es una modificación del artículo 26 del Código Penal.

AG —Es una extensión de las presunciones que existen en materia del Código Penal, en el artículo 26, a favor del policía que actúe en cumplimiento de la ley, dentro de los márgenes de la ley. Hemos optado por revisar este artículo de la legítima defensa y no el correspondiente al cumplimiento de la ley.

EC —El artículo 26 del Código Penal dice que se haya exento de responsabilidad, y detalla distintas situaciones, pero al principio dice: “El que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. ¿Qué es lo que ustedes agregan o complementan a los efectos de cubrir al policía?

AG —Que esos tres elementos en principio y admitiendo prueba en contrario se deben presumir cuando un policía hace uso de un recurso de fuerza. Se presumen en principio, es decir que admite prueba en contrario. Si se modifica este artículo con el alcance que proponemos el policía adquiere una mayor seguridad, tiene un respaldo de que hoy carece y sobre todo, sin ingresar en una lógica de gatillo fácil, le da la posibilidad de repeler una agresión sin esperar la inminencia de la agresión o la agresión directamente consumada. En esa línea estamos razonando. Esto tiene varios ejemplos en el derecho comparado. Es decir, no es una improvisación nuestra, existe en el derecho comparado y tiene –es un tema discutible, desde luego– en la doctrina internacional posiciones que son contestes en señalar que este es un buen mecanismo.

EC —Ustedes tienen a los sindicatos policiales de su lado.

AG —Sí.

EC —Han pedido que se reviera este aspecto.

AG —No es poco. Ellos son los que se juegan la vida, entendieron la necesidad de esta modificación legal y la respaldaron.

EC —¿Y cómo viene la discusión?

AG —Lamentablemente viene dentro de un panorama general de bloqueo, me parece. Aquí el debate de la seguridad está bastante bloqueado y diría ideologizado en el mal sentido. Cuando planteamos estas cosas se nos dijo “esto es gatillo fácil”, “esto es populismo penal”. Nos habría gustado tener una respuesta un poco más a fondo, sustancial. Creo que lo peor que podría pasar en la próxima campaña electoral es que frente a un problema de la magnitud de la inseguridad pública terminemos discutiendo con titulares o con eslóganes cuando lo que queremos y necesitamos es un debate de fondo.

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