EC —Usted mencionaba un par de medidas que entiende imprescindibles. Hablaba de la necesidad de darle mayor respaldo al policía en su actuación, y para eso el proyecto de ley de defensa legítima presunta, y la necesidad de actuar en las cárceles para cortarles las posibilidades de comunicación a los jefes de organizaciones criminales que de hecho muchas veces terminan controlando la actividad desde su encierro. Pero también decía que hacían falta planteos más generales. ¿A dónde iba? ¿Cómo concibe el giro que está haciendo falta por ejemplo en el MI?
AG —Creo que lo primero que hay que hacer es un sinceramiento, un análisis a fondo del problema, no solo de sus causas sino de sus dimensiones, sin transferir la culpa a otros actores, y asumir que en este momento Uruguay tiene una situación de seguridad como nunca antes había tenido y que es necesario llegar a consensos para salir de ella.
No estamos en la tesitura de cuanto peor, mejor; no es nuestra filosofía. No queremos celebrar el fracaso de otros para luego venir con las soluciones salvadoras y fundacionales. Lo primero que hay que admitir es que ha habido un error persistente e importante en las políticas de seguridad y que allí está la causa de este aumento de los homicidios y de la inseguridad en todo el país. Si bien es cierto que se han tomado algunas medidas –es justo reconocer que el presupuesto del MI ha mejorado, que se ha construido mayor infraestructura carcelaria–, la raíz y el núcleo del problema siguen intactos, y es ahora y no dentro de dos o tres años, no es en marzo de 2020 que hay que tomar decisiones de fondo.
Una decisión de fondo es respaldar a la Policía, no solo políticamente sino jurídicamente. Hemos puesto ejemplos de cuáles deberían ser esas medidas de respaldo. Pero si en el corto plazo no se logra cortar el aumento del delito, Uruguay puede tener una situación muy complicada.
EC —Pero aparte de respaldar a la Policía, ¿qué más? Se lo pregunto teniendo en cuenta que dentro del PN hay visiones distintas. Usted me dirá cuán distintas, pero lo cierto es que hay planteos que van por lados distintos.
Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, va por el camino de una reforma constitucional con cuatro medidas: cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión; reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores; permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha “fundadamente” que se están cometiendo delitos, y la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la Policía. Una reforma constitucional, obviamente con efectos una vez que, si se logra, haya un plebiscito y ese plebiscito se apruebe. Ese es un camino.
Después está el de Verónica Alonso, para quien la prioridad es que hoy, a corto plazo, la Guardia Republicana cobre otro protagonismo y tenga más efectivos, derivar hacia ese cuerpo 600 efectivos que ya revistan en otras unidades de la Policía, de modo de pasar de los 1.400 integrantes a 2.000.
¿Entonces?
AG —No son visiones incompatibles ni excluyentes en la medida en que convergen en un diagnóstico común: hay un problema de seguridad y es necesario enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con decisión, además. ¿Que eso involucra aspectos jurídicos?, sin duda.
De lo que usted mencionaba, si se quiere revisar el allanamiento nocturno necesariamente pasa por una reforma constitucional. Para el cumplimiento efectivo de las penas no sería estrictamente necesaria una reforma constitucional, sino simplemente reformas de nivel legal.
En el PN tenemos una valoración distinta de los medios, pero sin duda tenemos un objetivo común. En lo personal, no me molesta que la ciudadanía firme porque en definitiva se trata de una reivindicación legítima de mayores niveles de seguridad. Claramente para mí –y diría que esto es común denominador en el sector– la prioridad pasa por fortalecer a la Policía, profesionalizarla, fortalecerla política y jurídicamente.
EC —¿Una herramienta para eso sería lo que propone Verónica Alonso, un fortalecimiento de la Guardia Republicana, por ejemplo?
AG —La Guardia Republicana ha tenido un papel importante en los últimos años y no está mal que se piense en su fortalecimiento. Pero me parece que es en la Policía nacional en su conjunto que hay que pensar, no solamente en un determinado sector o en un cuerpo especial. Es más, lo que hemos visto es que en los últimos años se ha ido priorizando a algunos cuerpos policiales, como por ejemplo la Republicana, y se ha ido dejando de lado al grueso de la Policía Nacional.
EC —¿Qué otras medidas faltan en la Policía Nacional?
AG —Lo primero y más elemental es darle respaldo…
