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Entrevista, martes 3 de abril: Pablo Abdala

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EC —¿Queda claro para el PN que hubo delitos?

PA —Para el PN hubo hechos irregulares, hubo ilicitudes. Entendemos que eso ya ha sido constatado, y advertimos, como dice la ley –porque hay que tomar como referencia la ley reglamentaria del trabajo de las comisiones investigadoras, que establece pautas muy claras de funcionamiento–, que muchas de esas irregularidades pueden presumir la existencia de delito o pueden tener connotaciones penales. ¿Eso debe dilucidarlo la justicia? Si ya hubiéramos constatado un delito en términos de poder asignárselo o deber asignarlo o imputarlo a determinado funcionario, tendríamos que haber recorrido otro camino que la ley prevé, que es el de imputar ese delito, atribuírselo a determinada persona e incluso convocar a esa persona y darle vista.

EC —¿Para usted todavía no hay ningún delito comprobado claramente?

PA —Hay lo que le acabo de decir: hechos claramente contrarios a las normas jurídicas, a normas legales, a normas reglamentarias, incluso a normas que tienen que ver con acuerdos de voluntades y con convenios suscritos en su momento con Gas Sayago que después fueron incumplidos por la propia Gas Sayago de una manera bastante sospechosa, por decir lo menos. Eso implica el quebrantamiento de reglas de derecho, de normas jurídicas, que en algunos casos, teniendo en cuenta la amplia constelación de delitos que hay en el capítulo de delitos contra la Administración Pública, podrían encuadrar en alguna de las figuras penales.

EC —¿Del trabajo en la comisión surgieron números suficientes como para que usted calculara cómo viene hasta ahora este negocio para el Estado?

PA —Sí, totalmente. No tengo duda de que este ha sido un negocio absolutamente ruinoso para el Uruguay. Y la circunstancia de la semana pasada, lo que se verificó con fecha 31 de marzo, que es la caída del convenio con Shell, termina de ratificar que todo está perdido. Hoy el país no tiene una alternativa de construir una planta regasificadora y mucho menos en ese mismo lugar. A mi juicio los hechos ya han demostrado que la construcción en ese punto del área de Montevideo es bastante inviable.

EC —También es cierto que el Estado recibió dinero porque cuando el consorcio que había ganado la licitación se bajó, se ejecutó la garantía, US$ 100 millones. Entonces, ¿cómo terminan dando esas cuentas?

PA —De acuerdo al balance de 2016 –y estoy seguro de que el del 2017 lo va a ratificar y probablemente denuncie una pérdida mayor–, el saldo es de US$ 155 millones de recursos públicos perdidos o comprometidos, ya sea por la vía de las capitalizaciones que realizaron UTE y Ancap, que son unos US$ 42 millones de dólares, más los pasivos que se han contraído por las más diversas circunstancias, entre otras por un préstamo con la Corporación Andina de Fomento de US$ 80 millones –que se está amortizando a razón de US$ 8 millones por mes–, deudas comerciales, deudas financieras de distinto tipo, por US$ 167 millones. Si a eso le descontamos no los US$ 100 millones, sino los US$ 54 que van quedando de los US$ 100 que se cobraron, porque US$ 46 ya se gastaron, surge todo esto del balance, nos queda un saldo de recursos comprometidos, sin retorno aparente, de US$ 155 millones, como le decía. Eso está en el balance, no es una cosa que le hayamos preguntado a una autoridad o a alguien que haya venido a la comisión.

EC —Vayamos en orden cronológico. El proyecto para construir una planta regasificadora fue una iniciativa de la administración de presidente José Mujica. En 2012 se resuelve crear la empresa Gas Sayago SA, que es una sociedad entre UTE y Ancap, para que fuera la contraparte uruguaya contratante de la obra. Se hace un llamado a interesados, y en 2013 esta sociedad adjudica el desarrollo del proyecto al consorcio GNLS, que a su vez presentó a la constructora brasileña OAS como la subcontratista para ejecutar la obra civil y, además, la conexión de la planta regasificadora con el gasoducto Cruz del Sur, que permitiría que el combustible llegara también a Argentina. Además, GNLS fue un consorcio entre la francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni. Así arrancó esto. Usted fue crítico desde el comienzo. En varias oportunidades dijo que se había tratado de un proceso irregular. ¿Por qué?

PA —Allí vamos al terreno de los hechos irregulares que hemos constatado. Más allá de la génesis y de los errores de concepción y los errores iniciales que a mi juicio se cometieron, que pueden ser imputables a decisiones políticas desacertadas, no necesariamente irregularidades, en términos de esa concepción del negocio originariamente prevista para una obra binacional –que después dejó de ser binacional porque Argentina se bajó, y sin embargo el gobierno del presidente Mujica persistió y resolvió avanzar en solitario, y por lo tanto hacerse cargo de la construcción de una planta que generaría 10 millones de metros cúbicos diarios, cuando no teníamos destino aparente para toda esa producción, porque el mercado interno es chico, en el Uruguay consumimos no más de 300.000 m3 diarios–, más allá de esas decisiones originales muy complejas, que habrían sido reprochables desde el punto de vista político, después empezamos a analizar cómo fueron los hechos vinculados con el proceso que se siguió.

Y ahí aparece una primera conclusión, que en los dos contratos que usted mencionaba –que son el contrato principal en cuanto a encomendarles a GNLS y a OAS la construcción de la planta y por lo tanto adjudicarles el proyecto principal, y la contratación de OAS para la obra conexa de la conexión del gasoducto– hubo un favoritismo a favor de OAS evidente a lo largo de todo ese proceso.

EC —¿Está aludiendo a las denuncias que vinieron de Brasil?

PA —Eso podría ser una contracara virtual, pero creo que muy verosímil, que podría llegar a explicar por qué en Uruguay se hizo lo que se hizo. Pero lo que se hizo en el Uruguay sí está demostrado.

EC —¿Qué vino de Brasil? El presidente de OAS, Leo Pinheiro, está preso como parte de la investigación de corrupción en Brasil. Y según informaciones de prensa de Brasil, este empresario reconoció que OAS pagó a un funcionario del gobierno de Dilma Rousseff para que intercediera ante el gobierno uruguayo a efectos de que su compañía pudiera hacerse con la obra de la regasificadora. Se trata de Fernando Pimentel, exministro de Comercio, hoy gobernador del estado de Minas Gerais. Él habría sido el contacto con el gobierno uruguayo. ¿En qué quedó este tema después de que se investigó en comisión?

PA —En la denuncia que presentamos a la Cámara en octubre, noviembre de 2016 a eso lo llamamos la “conexión brasileña”, la eventualidad de que efectivamente se hubiera realizado una gestión de “buenos oficios”, por decirlo con un eufemismo, o un tráfico de influencias o una intercesión del gobierno de Dilma Rousseff ante el gobierno del presidente Mujica. La Justicia brasileña está procesando esa denuncia. Debo confesarle que la comisión investigadora en este aspecto no pudo probar que Pimentel haya cobrado una coima, eso en todo caso lo está investigando la justicia de Brasil.

¿Qué registramos o cuáles son los avances que concretamos? Por un lado, la confirmación de las relaciones “carnales” que sin duda el presidente Lula mantenía con la empresa OAS, que tuvo una manifestación muy concreta en el Uruguay con relación a la regasificadora. El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, que dio uno de los testimonios que recibimos, nos trasmitió que en determinado momento –no recordaba bien si poco antes o poco después de la adjudicación en el año 2013 de la obra a GNLS y a OAS– Lula vino, traído por OAS a Uruguay, en el avión privado de la empresa, a participar no en una reunión pública, sino en unos desayunos de trabajo con pocas personas, con un puñado de empresarios uruguayos, a los efectos de apadrinar a OAS, presentar el proyecto, interesarse por la suerte de OAS en Uruguay con relación a esta obra.

Y el otro elemento que surgió, que no surgió aquí, surgió en la Justicia brasileña y yo lo aporté a la comisión a fines del año pasado, es un informe de la Policía Federal de Brasil, que es auxiliar del Ministerio Público, que con relación a este caso, como a otros casos en los que Pimentel está denunciado, investigó y llegó a determinadas conclusiones. Ahora estamos en proceso de autenticación, porque a través de la autoridad central del Ministerio de Educación y Cultura estamos gestionando ante la autoridad brasileña la posibilidad de que se certifique la autenticidad de ese documento. Ese informe dice que tampoco ellos logran probar la coima, pero que determinadas coincidencias vinculadas con el modus operandi, con el lugar donde supuestamente se realizaron los pagos –una consultora de Belo Horizonte–, con la circunstancia de que se repiten los empresarios de OAS que intervienen en el pago de sobornos y que esos empresarios en este caso vinculado al Uruguay, como en otros casos, se escudaron en el silencio cuando la autoridad los convocó a declarar, todo eso, los lleva a la conclusión de que esta denuncia puede ser verosímil y que los hechos pueden ser verdaderos. Lo digo simplemente como dato.

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