EC —¿Hay algún indicio de quién podría haber sido, en el gobierno uruguayo, el funcionario que favoreciera a OAS a partir de aquella gestión oscura que venía de Brasil?
PA —No, no lo hay. Si lo hubiera lo habríamos dicho y en todo caso estaríamos ya frente a la presunción de un delito referido a un funcionario determinado, lo que hablábamos más temprano. Y en esto debemos ser serios. Pero aunque la conexión brasileña no hubiera existido –ese capítulo no estaba en la denuncia–, creo que igual se justificaba haber avanzado en la investigación independientemente de este aspecto.
EC —¿Por qué?
PA —Por la razón que hablábamos al principio, porque los hechos irregulares que se han concretado son notorios. La manipulación que hubo en la adjudicación de dos contratos de esta envergadura…
EC —¿A qué se refiere con “manipulación”?
PA —Me refiero a un proceso que he catalogado como amañado. El proceso vinculado, supuestamente “competitivo” con la adjudicación del proyecto principal, que se resolvió en 10 días, como lo confesó el propio ingeniero Casaravilla cuando compareció en la comisión. Ese proceso terminó haciendo recaer la adjudicación sobre una de las cuatro ofertas, que no era ni la más económica técnica ni económicamente, y que técnicamente además estaba tachada por determinados informes que se recabaron, como por ejemplo el de una consultora que se contrató para analizar las ofertas. Creo que son elementos suficientes como para entender que allí hubo una suerte de predeterminación.
EC —Uno de los aspectos que se investigaron fue la adjudicación a OAS de la obra de conexión con el gasoducto Cruz del Sur, pese a que había ofertado un precio superior al de su competidor.
PA —Totalmente. En ese caso incluso hay circunstancias más notorias que la oferta económica. Para empezar, allí Gas Sayago está en falta con la comisión, porque no nos dio toda la información. Usted me dirá que Gas Sayago era una empresa privada, que podía no haber hecho llamado, podía haber contratado directamente; en todos los casos se le dio una especie de formato de licitación a todo esto, que después no se respetó, porque en Gas Sayago ni siquiera cumplieron las reglas que ellos mismos establecieron supuestamente para elegir determinado contratista, en un caso como en el otro. En este caso concreto se presentaron 18 oferentes.
EC —OAS aparece dos veces en todo este paquete, primero contratada por el consorcio ganador para llevar a cabo las obras de la planta regasificadora…
PA —Y no solo contratada, viene con el consorcio ganador desde el inicio, en la etapa de preselección. Son dos empresas brasileñas.
EC —… y después se la contrata para ejecutar la obra de conexión con el gasoducto Cruz del Sur.
PA —Ahí directamente. Llamado para el cual se presentan 18 empresas. Se advierte –una cosa que todo el mundo conoce, o por lo menos todos los que saben de estos temas conocen– que OAS no tiene antecedentes ni experiencia en la construcción de obras subfluviales, de obras marítimas, de infraestructuras off-shore, como se dice comúnmente. Gas Sayago lo señala en un informe que la Gerencia General le eleva al directorio, dice que OAS no cumplía con los requisitos de admisibilidad. Sin embargo OAS termina siendo preseleccionada entre cinco empresas de esas 18, y entre las cinco preseleccionadas termina siendo la adjudicataria, a pesar de que desde el punto de vista económico ha surgido que no representaba la mejor oferta, y es más, terminamos pagando demasiado caro por ese gasoducto. Vamos a demostrar –creo que lo vamos a lograr– que el precio del kilómetro de gasoducto construido en la zona terrestre notoriamente está por encima de los valores internacionales, de los valores que maneja el Banco Mundial, de los valores que se pagan comúnmente por obras de estas características.
Y fíjese qué rocambolesco fue todo esto: José Coya, presidente del directorio de Ancap, resolvió en forma urgente la autorización a Gas Sayago para que le adjudicara esta obra a OAS por resolución de presidencia, y después la sometió a consideración del directorio. Esa resolución dice que le adjudican la obra a OAS, pero que el tramo subfluvial, que son 3 km –que nunca se construyeron–, debe hacerlo con una tercera empresa, que ni siquiera se había presentado al llamado. Una tercera empresa que no sé de dónde sacó Gas Sayago. Cualquier cosa de estas en materia administrativa sería causal de nulidad evidente. Por eso digo que se actuó con criterios políticos, se actuó con predeterminación, con subjetividad.
EC —Otro detalle: en la comisión se investigó también la concesión para este proyecto del predio en Puntas de Sayago, un predio de la ANP donde atracaría el barco regasificador y donde habría una terminal que permitiría transportar el combustible hacia el gasoducto. Usted entiende que existió una irregularidad, porque esa concesión se hizo sin ley habilitante y sin un proceso competitivo. ¿Ese es el punto crítico?
PA —Exactamente. Y se inscribe en un contexto más amplio, que es la arbitrariedad con que creo que aquí se actuó. Tratando de explicar esto, cuando he hablado públicamente del tema, he establecido un paralelismo, un símil con lo que ocurrió en el caso de Pluna y el procesamiento original y la condena posterior al expresidente del Banco República y al ministro Lorenzo –que todavía no ha sido condenado o está en discusión jurídicamente si será condenado o no– en cuanto a que fueron procesados por abuso de funciones, por haberse tomado atribuciones para determinada finalidad que no les correspondían, en ese caso el otorgamiento de un aval. Salvando las distancias, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, aquí el gobierno claramente actuó con arbitrariedad en función de que sobrepasó la competencia de varios organismos en distintos aspectos vinculados con esta materia. Pasó esto con la ANP, con la Armada Nacional, y con UTE y Ancap.
En el caso de la ANP, si bien fueron consultados originalmente cuando se hicieron los primeros estudios –porque esto arranca antes, en el 2007, en el primer gobierno de Vázquez– y fueron consultados después de que se resolviera emplazar en ese lugar la planta regasificadora, la decisión de emplazarla allí le fue notificada; lo confesó el ingeniero Díaz cuando fue a la comisión. Además está lo que usted menciona, la concesión del álveo –que implica una concesión que le hace la ANP a Gas Sayago para construir allí la planta regasificadora– es observada por ilegal por el Tribunal de Cuentas, pero no por una razón de forma, sino por un tema de fondo, que era que no había ley habilitante y que iba a participar una empresa privada –no Gas Sayago, que es privada pero es de propiedad estatal, sino que eso iba a terminar en una concesión a un privado, como efectivamente ocurrió–. Pero el gobierno resolvió seguir adelante.
Y cuando digo que hubo arbitrariedad con UTE y Ancap, aunque parezca mentira, que eran los accionistas de la obra, me refiero a que en la adjudicación –eso es parte de las irregularidades– el gobierno tomó la decisión y después la sometió a la consideración y a la aprobación del directorio de Ancap y del directorio de UTE.
Y otro tanto pasó en la rescisión, cuando se rescinde el contrato en el que se hacen supuestamente recíprocas concesiones con GNLS, después de un incumplimiento flagrante con GNLS. El gobierno dice que le cobramos US$ 100 millones de garantía, como si fuera una maravilla, pero ya vimos que con los US$ 100 millones no cubrimos ni una parte de todo lo que se gastó. Además está claro que a GNLS le debimos haber demandado mucho más de lo que le demandamos en la rescisión. Por ejemplo, el directorio de Ancap la aprobó sin estudio previo.
