EC —Vamos al momento en el que aquel proceso de construcción de la planta queda por el camino. Después de la adjudicación hubo varios desencuentros entre la empresa, el consorcio concesionario GNLS, y OAS, la constructora brasileña, por las características de la obra, por el atraso en el cumplimiento del calendario que se había acordado. En 2015, GNLS termina rescindiendo su contrato con OAS y tiempo después anuncia que se retira del proyecto, que se baja. Esto motivó que en setiembre de ese año Gas Sayago rescindiera el contrato con GNLS. Hubo que resolver esto porque en el camino existió la posibilidad de reformular el contrato, hubo algún planteo del concesionario para que se modificaran las condiciones, teniendo en cuenta los mayores costos que había tenido que asumir.
PA —Pidió un aumento del canon.
EC —Exacto. Finalmente Gas Sayago resuelve rescindir el contrato con GNLS.
PA —Una decisión acertada del presidente de la República en esa oportunidad.
EC —Ahí está, ¿cómo evalúa esta parte del proceso?
PA —Como le decía, considero que está claro que eso sobrepasó la competencia de los organismos competentes. No perdamos la perspectiva de que Gas Sayago es una empresa privada de UTE y Ancap que se constituyó precisamente para darles celeridad, eficiencia, prontitud, rapidez a las decisiones que tomaran en la construcción de una obra que en realidad era de ellas. Por lo tanto era menester que cada decisión importante fuera aprobada por los accionistas, como pasó con la adjudicación, como pasó con la adjudicación de la conexión del gasoducto, como pasó con las autorizaciones de incremento de capital, del endeudamiento, etcétera. Eso debió haber pasado con la rescisión del contrato que se negoció y se suscribió.
EC —¿Entonces?
PA —No sé muy bien quién la monitoreó. Supongo que la ministra de Industria, el Ministerio de Industria y Energía (MIEM). Pero UTE y Ancap son organismos con autonomía, para algo está prevista esa autonomía en la Constitución de la República.
EC —¿Qué es lo que cuestiona?
PA —Por ejemplo, en el caso de Ancap está claro, fue un testimonio que dio el director Labat –director por la oposición, por el PN, pero que nadie contravino cuando compareció el directorio en pleno en la comisión investigadora– que Ancap aprobó la rescisión sobre tablas. Se suponía que una decisión de esta magnitud, dejar sin efecto un contrato de US$ 1.200 millones de inversión después del incumplimiento de la contraparte, debió ameritar un análisis de los servicios, un informe jurídico. Labat relató –y repito, nadie lo contravino ni contradijo– en la comisión investigadora que en determinado momento sesionaba el directorio de Ancap analizando un orden del día que no tenía nada que ver con esto, era una reunión ordinaria, y el presidente Coya trajo un expediente, lo puso arriba de la mesa y dijo “esta es la rescisión del contrato con GNLS y hay que votarla ahora”. Cosa que por supuesto el director Labat no hizo. Eso puede parecer un exceso de formalismo, pero no lo es, porque si no entonces vale cualquier cosa, si no cualquiera decide lo que quiere. Por algo nuestro ordenamiento institucional implica lo que implica, bueno, malo o regular. Usted sabe de qué estoy hablando. Por eso decía que también en eso hubo arbitrariedad.
EC —¿Y cómo evalúa el papel que jugó Marta Jara –hoy presidenta de Ancap– como gerenta general de Gas Sayago en todo el proceso?
PA —Marta Jara obviamente tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de estos hechos. Ella se incorporó hacia fines del año 2012 a la gerencia general de Gas Sayago, desplazando en parte al gerente general de entonces, que era De Aurrecoechea. Y cuando digo “en parte” me refiero a que, para no perjudicar a De Aurrecoechea, supongo, se resolvió inventar la gerencia general adjunta. Entonces Gas Sayago pasó a tener dos gerentes generales en vez de uno, dicho sea de paso. Desde entonces asumió un notorio liderazgo, negoció directamente con GNLS los términos del contrato que finalmente se suscribió. Contrato que implicó, dicho sea de paso, una modificación radical de las bases que habían regido el llamado original, en términos de que se establecieron garantías notorias a favor del contratista, a los efectos de salvar su responsabilidad, agravando la responsabilidad del Estado, como lo estamos viendo ahora. Entre otras cosas, se estableció una garantía soberana ilimitada de parte del Estado que hoy están utilizando los damnificados privados que quedan por el camino después de todo esto. Porque hablamos de los recursos públicos, pero hay un concurso en marcha de más de 300 empresas nacional, de las cuales 15 o 20 son las principales. Los subcontratistas de las obras de la construcción de la regasificadora, que totalizan entre US$ 20 y US$ 30 millones de la masa concursal y que están empezando a hacerle juicios al Estado, en función de esas garantías que el Estado extendió.
EC —Para usted fueron excesivas.
PA —No sé si excesivas, pero veo que eso forma parte de una misma lógica…
EC —Pero yo le preguntaba por Marta Jara; ¿usted cuestiona a la ingeniera Jara por ese tipo de decisiones que se tomaron?
PA —No, no, quiero ser muy cuidadoso, desde el punto de vista del comportamiento personal, de la decencia de los funcionarios, no estoy en condiciones de hacer ningún señalamiento, porque no quiero perder la seriedad en esto. Lo que digo es que se llevó adelante un proceso absolutamente desacertado e irregular desde el punto de vista objetivo, yo describo los hechos. Después las responsabilidades que puedan recaer desde el punto de vista político, por supuesto, las asigno y las adjudico a todos los que intervinieron, del presidente de la República para abajo. El presidente Mujica tuvo en esto una impronta muy particular. No olvidemos que el anuncio de la adjudicación a GNLS se hace en la Torre Ejecutiva el día 14 de mayo, dos días antes de la aprobación de los directorios de UTE y Ancap. Pero desde el punto de vista penal o de la responsabilidad personal, la comisión no ha llegado tan lejos. Para eso queremos que en todo caso la justicia se haga cargo.
EC —Pero usted hablaba recién de cómo se cambiaron los términos del contrato que se firmó con GNLS.
PA —Sí, sí. Y allí el argumento era que eso era una necesidad para garantizar que la inversión se concretara. Se nos habló de algo que a mí francamente hasta me parece pueril, que es la circunstancia de un período ventana. Cuando se nos intentó explicar por qué en 10 días se tomó la decisión de adjudicarles esta obra a GNLS y a OAS, se nos dijo que había que actuar rápido para que GNLS no advirtiera que era la mejor oferta y subiera sus aspiraciones o nos demandara más de lo que finalmente nos demandó. Eso nunca lo vi en ninguna licitación pública y me parece un argumento absolutamente inconsistente. En ese contexto se da la inclusión, por ejemplo, de dos cláusulas en el contrato, la cláusula 33 y la cláusula 35, que implicaron la posibilidad de que el contratista, en este caso GNLS, cediera sus derechos a un tercero, sin aprobación de Gas Sayago, que era el que encargaba la obra, que pudiera poner como garantía los activos y los bienes de la obra que se iba a construir. Cosa que parece lógica, pero en tal caso de incumplimiento el Estado uruguayo, Gas Sayago, tenía que primero cumplir con los acreedores de GNLS para después hacerse de los activos. Circunstancia que no aconteció porque los hechos dijeron que no, pero pudo haber acontecido. La garantía soberana que se extendió –que yo puedo entender que se extienda una garantía con la firma del presidente de la República y del ministro de Economía para garantizar las obligaciones de UTE y Ancap– fue de tal amplitud que ahora nos está pasando lo que nos está pasando. Estas empresas nacionales, con toda razón, como GNLS no les pagó, como OAS no les pagó ni les va a pagar aparentemente, están haciendo juicios contra el Estado. Lo que implica una contingencia que puede agravar la responsabilidad de los uruguayos en todo esto.
