EC —En cuanto a la elección de horas, la parte del artículo 41 en la que ustedes se apoyarían es esta que dice: “El Estado fortalecerá la gestión de los centros educativos públicos en los aspectos pedagógicos, de personal docente y no docente, administrativos y financieros para cumplir con lo precedentemente expuesto. Asimismo se procurará la concentración horaria de los docentes en un centro educativo y se fomentará su permanencia en el mismo”.
LLP —Exactamente.
EC —¿Cómo entienden que puede usarse este párrafo del artículo 41 para desbloquear el tema de la elección de horas?
LLP —Primero con sentido común y con coraje, dos elementos que el gobierno no ha tenido hasta el momento. Obviamente también con espalda política, que dependerá de la que le dé el partido de gobierno y la que nosotros estamos dispuestos a agregarle si es que se necesita y si es que se solicita. Y después se puede hacer mediante –desde nuestro punto de vista, puede haber más mecanismos– tres elementos jurídicos.
El primero es un decreto que reglamente el artículo 41, que tenga las pautas bien claras y precisas para el cumplimiento inmediato. Eso está sostenido en el numeral 4 del artículo 168 de la Constitución de la República, que faculta al Poder Ejecutivo a ejecutar las leyes y a hacerlas ejecutar. Si no opta por ese mecanismo, tiene la posibilidad de dictar un acto de directiva que exhorte al ente autónomo ANEP a cumplir el artículo 41, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento previsto en los artículos 197 y 198 de la Constitución. Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal puede observar e incluso suspender los actos de los directorios de los entes autónomos. Entonces el Poder Ejecutivo tiene herramientas jurídicas suficientes, si quiere.
EC —Por ejemplo, ¿qué diría el decreto reglamentario, que usted maneja como una de las posibilidades, con respecto a la elección de horas docentes al amparo del artículo 41 de la ley?
LLP —Hay varias propuestas. En el 2015, en el 2016 y en el 2017 hicimos propuestas formales acabadas de más de siete puntos con un mecanismo para la elección de horas. Estos son los mecanismos para poder aplicar la elección de horas, después deberíamos discutir el contenido, que también oportunamente hicimos llegar al gobierno.
EC —El objetivo sería que la elección de horas no fuera por un año, que fuera tal que efectivamente promoviera la permanencia de los docentes en los institutos de enseñanza.
LLP —Por lo menos dos años, después el mecanismo, después que no queden horas sueltas, que un docente pueda tener la mayor carga horaria en un centro educativo para formar una comunidad educativa. Al mismo tiempo, tratar de que no sean siempre los mismos docentes los que eligen las primeras horas, para poder tener la experiencia en distintos centros educativos donde se necesita. En su momento hicimos un plan acabado de siete u ocho puntos que el presidente debe de tener en un cajón por ahí y ustedes pueden tener acceso a él porque está en internet.
EC —Otro de los puntos: “Organizar la próxima ronda de Consejos de Salarios pensando en todos los uruguayos”. Es una instancia crítica que se va a vivir este año, junto con la discusión de la última rendición de cuentas de este gobierno. La combinación es complicada. Ustedes aluden a ese panorama que tiene por delante el gobierno y proponen que “el Consejo Superior Tripartito elabore un acuerdo marco en el que se fijen criterios para gestionar conflictos que ocurran durante las negociaciones de los consejos de salarios”. ¿Puede explicar mejor esta idea?
LLP —Nosotros sabemos que en el año 2015 se produjeron muchos conflictos a raíz de la ronda salarial. En esta ronda van a negociar 170 grupos y subgrupos, es la más grande que ha habido desde la vuelta a la democracia. Y sus consecuencias van a recaer sobre 1.600.000 trabajadores, aproximadamente. Viendo que en el 2015 se perdieron más o menos 1.600.000 jornadas de trabajo y que la conflictividad laboral representó 143 % con respecto al año anterior, sabiendo que vamos rumbo a esta situación, proponemos darle una participación mayor al Consejo Superior Tripartito, entendiendo que cuanto mayor capacidad tengamos para anticipar algunos elementos, mejor para todos. Porque obviamente el reclamo del trabajador de ganar más es lógico y es defendible, pero al mismo tiempo deberíamos pensar en todos los uruguayos, estos mismos trabajadores, que cuando existen paros en la educación, en la salud, en los registros públicos, se ven perjudicados.
Esto atenta contra el empleo, atenta contra la competitividad, atenta contra la vida diaria de todos los uruguayos. Entonces hablamos de una negociación colectiva con sensibilidad social, tratar de evitar la mayor cantidad de conflictos, de tener un mecanismo para el desarrollo de esos conflictos, obviamente dentro de la ley, de tener pautas salariales lo más tempranas y precisas que se pueda, de generar la infraestructura adecuada para que esos grupos puedan negociar al mismo tiempo o dentro de lo posible. Nos anticipamos a un año que pinta para conflicto, como ha sido anteriormente, esta vez con el agregado de la última de rendición de cuentas del gobierno, prepararnos.
EC —Y en cuanto al fondo del asunto, en cuanto al fondo de la negociación colectiva, ¿cómo se plantan ustedes? Por ejemplo, ¿cuáles deben ser los criterios para los ajustes de salarios? El PIT-CNT está reclamando ajustes por inflación, hay quienes entienden que solamente debe tenerse en cuenta el aumento de la productividad. ¿Entonces?
LLP —Lo de la inflación para mí es lógico, porque si no hay pérdida del poder adquisitivo. El tema de productividad desde mi punto de vista y el de nuestro equipo es un elemento que en algún momento el Uruguay va a tener que tomar, va a tener que llevar adelante. Y creo que hay conciencia de muchas de las partes involucradas de que así debe ser. Porque estamos viendo una cosa bastante compleja, que es la destrucción de puestos de trabajo en actividades que no están decreciendo o que no están en crisis. Ahí tenemos que poner la mira y poner bien el ojo porque algo está sucediendo. Y tenemos que hablar de productividad, de tamaño de empresa, de ubicación geográfica. Tenemos que hablar de todos esos temas, sin prejuicios y objetivamente, tratando de beneficiar a ambas partes. Eso obviamente en esta ronda de consejos de salarios el gobierno no lo va a aplicar, no va a insistir y por lo que hemos escuchado, el PIT-CNT no lo tiene en cuenta.
EC —Difícil abarcar todas las propuestas en una entrevista. Lo consulto por las que tienen que ver con la economía. Ustedes hablan de poner en marcha “un plan de respuesta global a la crisis del agro”, “terminar con los precios abusivos de la nafta y el gasoil” y “terminar con los precios abusivos de la energía eléctrica”. Y una de las medidas es la libre importación de combustibles. ¿Por qué sería factible ahora una medida que ya ha sido rechazada varias veces por el gobierno y por los sindicatos?
LLP —Personalmente me preocupo por el tema del gobierno, que es el que tiene que llevar adelante las políticas públicas. Los sindicatos están en todo su derecho y está bien que hagan sus reclamos y sus manifestaciones. Nosotros tenemos que preocuparnos por los órganos constitucionalmente previstos, que son los que llevan adelante el gobierno de nuestro país. Yo sé que eso no está muy de moda y que muchas veces en este gobierno del FA los sindicatos tienen una presión tan fuerte que terminan torciendo las medidas de gobierno. Pero eso es una forma de actuar del FA, no lo que está previsto en la Constitución de la República.
¿Por qué cambiar? Porque creo que la gente puede ir mejorando su forma de entender la vida, y porque creo que después del episodio de Ancap queda meridianamente claro que hay algunas cosas que no podemos volver a pasar, hay algunas cosas que tenemos que mejorar y todos tenemos la posibilidad de cambiar. Es más, esta libre importación de combustibles no es un fin en sí misma, si el combustible fuera barato, de acuerdo a la región –está un 38 % más caro el gasoil y un 34 % más cara la nafta en comparación con la región–, no estaríamos en esta discusión. Esto no es una discusión dogmática, es una discusión de que el combustible y la luz cuestan mucho para cualquier hijo de vecino y para el que trata de emprender, el que trata de industrializar, el que trata de producir, entonces algo tenemos que hacer.
EC —Ustedes proponen que cualquier empresa pueda importar combustibles.
LLP —Cualquiera de las firmas instaladas en el rubro y cualquier agente económico que lo pueda hacer. Con esto no alcanza, está claramente establecido que con esto no alcanza, porque al mismo tiempo…
