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Entrevista, miércoles 14 de marzo: Eduardo Rubio

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EC —¿Por qué presentaron el proyecto que instrumenta el Plan Nacional de Vivienda Popular? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la situación en materia habitacional?

ER —Primero, hay una inspiración –como en todos los proyectos que hemos presentado– en el programa de la UP. El tema vivienda ocupa un espacio importante. Y ocupa un espacio importante porque las cifras se manejan, van, vienen, pero la gente de la facultad, la gente de Fucvam, la gente que está en el tema de vivienda habla de un déficit habitacional de entre 60.000 y 80.000 viviendas. Es un déficit endémico, incluso legisladores del Frente ayer plantearon eso, que no han podido atacar ese déficit endémico. Lo plantearon el diputado Coutiño y algún diputado del MPP.

EC —Sin embargo se ha construido mucho en Uruguay en los últimos tiempos.

ER —Tengo la carpeta en el auto con las cifras. Ayer no manejé cifras. Hay que ver cómo se manejan las cifras. Se dice “dimos 25.000 soluciones habitacionales”, pero cuando uno después desagrega los datos se encuentra con que en realidad se construyeron 533 casas de Mevir, 1.300 cooperativas de vivienda, 300 viviendas de pasivos, y lo demás fueron ayudas de alquiler, la reparación de un techo. No digo que no valga la pena y que no sea importante para el que tenga el techo roto que se lo arreglen, pero en términos de déficit habitacional no incidió, incidió muy poco.

EC —Ustedes detectan ese déficit habitacional en un sector de la población, además.

ER —Sí, fundamentalmente en los sectores de ingresos bajos y medios, donde hay problemas. Hay datos del censo de 2011 de la cantidad de familias agregadas de dos y de tres familias.

EC —¿Allí incluyen la casa o la vivienda que precisa quien está residiendo en un asentamiento?

ER —Por supuesto, ahí hay también trabajadores que están en asentamientos. Yo estuve en Bella Unión, he recorrido el país, y usted escucha la versión oficial y es verdad que donde estaba el barrio Las Láminas hoy hay un barrio precioso, fue de las primeras obras del gobierno del FA, debe haber sido en 2005, 2006. Pero en el entorno de Las Láminas se multiplicaron los asentamientos. En el asentamiento de AFE, que está corrido un poquito hacia la derecha, hay 200 personas que no tienen luz ni agua, pero no piense que es gente indigente, son trabajadores. Bella Unión además tiene un problema gravísimo, no tiene cartera de tierras, no tiene dónde edificar. Problemas brutales. En Salto hay 32 asentamientos.

EC —¿Qué es lo que ustedes proponen entonces? ¿Cuál es la herramienta que proponen?

ER —Ayer se planteaba, por ejemplo, que nosotros desconocíamos la Ley Nacional de Vivienda de 1968; todo lo contrario. Este proyecto de ley tiene una inspiración muy fuerte en ese concepto de la ley del 68, que está vigente pero que no se aplica, y es que el Estado debe ser un actor fundamental en la inversión en la construcción de la propiedad de carácter popular social. Pero además por un mandato constitucional, del artículo 45 de la Constitución. Partiendo de esa base decimos que si el Estado no invierte en la construcción para resolver este problema, el mercado no lo va a resolver porque no es negocio para el mercado. Para el mercado el negocio es lo que está pasando. Y yo no puedo culpar a las inmobiliarias, a los grandes constructores, ellos no se van a preocupar por la vivienda para los trabajadores, para los que no pueden pagar una cuota de más de $ 5.000.

EC —¿Por qué el artículo 6 crea el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, cuando por otro lado existe, como se destacó ayer desde el FA, el Fondo Nacional de Vivienda, creado en el año 68?

ER —Yo desafío a cualquier legislador del Frente a que nos muestre dónde está el Fondo Nacional de Vivienda. En la charla que tuvo Fucvam con el presidente de la República hace poco una de las dos propuestas que le llevó fue la de reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda, que se diluyó en Rentas Generales. Entonces cuando nosotros planteamos este fondo específico es para sostener este proyecto. Como hay un fondo específico que se destina al cooperativismo de vivienda, que también se dijo que lo desconocíamos. Se ve que no leyeron el articulado, el artículo 2 del proyecto nuestro plantea declarar de interés nacional.

EC —“Declárase de interés nacional el establecimiento de políticas públicas de vivienda, el financiamiento con un presupuesto justo y los subsidios a los planes y proyectos de acceso a la vivienda por ayuda mutua con autoconstrucción, el desarrollo de los mismos con celeridad y el fomento de la creación de cooperativas de vivienda”.

ER —Ayer se decía que desconocíamos y prácticamente queríamos enterrar el cooperativismo. No, nosotros planteamos una herramienta y proponemos que para esa herramienta haya un fondo concreto, que sea tangible, no que quede en el borbollón. Como pasa con cada herramienta. Ayer se hablaba de voluntarismo, de que esto era voluntarista, mágico, etcétera. Hablando de voluntarismo, ¿alguien puede pensar que la propuesta del expresidente Mujica cuando hace el Plan Juntos por fuera de la estructura estatal, con aportes suyos y de los empresarios, era viable? Y si era viable, ¿por qué ahora se institucionalizó y está dentro del Ministerio de Vivienda, yendo a lo que se negaba al principio, entrar en la burocracia del Estado? Entonces, voluntarismo no, tenemos voluntad.

EC —¿Esto es la continuación del Plan Juntos, un complemento del Plan Juntos? ¿De algún modo Mujica detectó algo parecido a lo que ustedes están marcando ahora?

ER —No, el presidente Mujica apuntó mucho más a los sectores que están en la indigencia. Acá estamos hablando de sectores con un ingreso mínimo y hasta las 20 BPC (base de prestaciones y contribuciones), de sectores trabajadores que pueden pagar una cuota por la vivienda.

EC —¿Qué es lo que se prevé como solución?

ER —Planteamos que el Estado construya y proponemos que además en un plan nacional las licitaciones se hagan en cada departamento con empresas locales y mano de obra local. Planteamos que el universo al que va dirigido son todos los uruguayos que están entre un ingreso mínimo y el núcleo familiar que llega a las 20 BPC, $ 77.000 hoy. No se exige ahorro previo, no se plantea la autoconstrucción, se plantea la construcción tradicional, como dice la crítica del Frente, con un objetivo productivista. Nosotros decimos con el objetivo de generar fuentes de trabajo, porque en Uruguay en la construcción hoy hay 40.000 personas sin trabajo y no es mala cosa que un plan con inversión pública que apunta a resolver un problema social tan grave como la vivienda ayude también a resolver el tema de la desocupación. La mejor política social es el trabajo.

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