EC —Otro frente abierto que tiene la justicia es la actuación en casos vinculados con la seguridad pública. El foco del malestar está puesto en el texto del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que entró en vigencia en noviembre de 2017, pero también en decisiones tomadas por jueces y por fiscales cuando aplican ese nuevo marco. ¿La preocupa ese ambiente de críticas hacia el Poder Judicial?
BM —Muchísimo, muchísimo.
EC —Parece que el malestar de la gente ya no se canaliza solo a través del “renunciá, Bonomi”, ahora hay otros culpables.
BM —Sí, sí. Y creo que con justicia.
EC —¿Por qué?
BM —Porque no todo es problema de Bonomi. A veces el Ministerio del Interior (MI) hace una actividad que después no se puede ver reflejada en el ámbito judicial o se ve reflejada mínimamente. Y eso causa mucha indignación, sobre todo a los encausados, los formalizados; los penados salen muy contentos, según me decía ayer un juez penal.
EC —¿Salen muy contentos?
BM —Claro, porque salen con una visión ya definida de cuál es su situación, a través del proceso abreviado. En cambio las víctimas no. Es un tema que hay que abordar con mucha prudencia, porque es muy sensible socialmente, y porque hay mucha gente que está trabajando y tratando de hacer las cosas mejor, todos los días. Ayer tuvimos una reunión sobre la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, para apoyarla, para el tema de tobilleras, que se unió allí con el tema de género. Fue una reunión muy provechosa, con muy buen diálogo entre Fiscalía de Corte, MI y SCJ. Eso es lo principal, tener un buen diálogo y que no haya chisporroteos. Lo cierto es que desde noviembre del 17 se instaló un gran ruido.
EC —Porque el nuevo CPP se aplicó crujiendo, no fue una entrada en vigor pacífica, ordenada.
BM —No, ni difundida suficientemente. Hasta último momento hubo modificaciones que no permitieron la reflexión, que es tan importante en derecho; en la vida es importante reflexionar, pero en derecho muchísimo más.
EC —Hablemos en particular del juicio abreviado. Es la instancia en la que el fiscal puede negociar el resultado del proceso con el acusado, es una de las nuevas herramientas que introdujo este CPP. En el MI y en la propia justicia estarían pensando en modificar la regulación actual; ¿es así efectivamente? ¿Están en ese análisis?
BM —Alguien me dijo que el doctor Jorge Díaz había dicho que no estaba de acuerdo con la postura del MI y de la SCJ en cuanto a la modificación del proceso abreviado. Yo no sentí al MI hablar en esa reunión, que fue la primera que hicimos de seguimiento. Fui yo quien planteó que no se podía seguir así.
EC —Vamos por partes. Es muy bajo el número de procesos penales que van efectivamente a juicio oral para su resolución, un 3 % de los casos. El 97 % se resuelven mediante proceso abreviado.
BM —No necesariamente; si acá estuviera Díaz le diría “eso no es verdad”.
EC —El doctor Díaz es muy discutidor en esta materia.
BM —Muy discutidor, sí. Lo que pasa es que tomamos bases distintas. Para llegar a ese número, englobamos proceso abreviado, suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios, mediación y principio de oportunidad. Cinco institutos, que dejan a discrecionalidad del fiscal si comienza o no el proceso oral. Y a veces si comienza alguna investigación.
