EC —Vamos a detenernos por último en la libertad vigilada, que está consagrada en el Código Penal…
BM —No, en la Ley 19.446, es una ley posterior. Antes de que entrara el Código en vigencia, cuando se quiso limitar la libertad anticipada, la condicional y la provisional a los reincidentes, reiterantes, etcétera, se quiso ser mucho más duro y se agregó un artículo que comprende ambos tipos de libertad.
EC —Lo cierto es que ha adquirido más presencia…
BM —Es la vedette.
EC —… viene aplicándose con más intensidad con el nuevo CPP. Forma parte de la negociación, aparece en la negociación entre defensa y fiscalía, como usted relataba. Habilita que la fiscalía solicite y la justicia homologue que un delincuente cumpla un período de su sentencia en prisión y otro en libertad. Sucede que durante esa etapa de libertad vigilada algunos delincuentes reinciden. ¿Qué solución plantea para esta realidad?
BM —Yo no tengo las soluciones, a mí me rechina esta forma que tienen los fiscales de pactar, como a esta señora, la jefa de los Chingas o la presunta, cinco meses de prisión y el resto de libertad vigilada. Esa persona va a ir a la cárcel, ¿y en cinco meses qué va a hacer? Nada.
EC —En cinco meses no puede pensarse en ninguna forma de rehabilitación.
BM —No, no. Teníamos la prisión preventiva preceptiva, pero nuestro ADN está en contra de las penas cortas de prisión. Con la libertad vigilada la persona ya sabe “tal día salgo, entonces no me importa mi conducta acá adentro, hago lo que quiero, como quiero”. Para el sistema penitenciario –no lo he hablado con ningún jefe de cárcel– esto debe ser un problema. No ayuda a la persona. O sea, lo que busca Petit –y en eso lo acompaño, es una persona a la que estimo, lo veo sumamente proactivo y le está haciendo muchísimo bien al sistema penitenciario– es la rehabilitación. Y tenemos que enfocarnos allí; una libertad vigilada dispuesta de antemano, en un acuerdo, no. Primero, estoy pasándome por arriba al juez de ejecución, que es el que tiene que decidir esas cosas. Y en segundo lugar, yo no sé cómo ha sido esa persona en la cárcel. Entonces por ahora mi recomendación sería que los fiscales se abstengan de las libertades vigiladas. Pero cada uno manda en su casa.
EC —Esta posibilidad de que en el período de libertad vigilada el delincuente ya comience a reincidir obviamente es preocupante en los casos individuales, pero el MI tiene una preocupación mayor, lo preocupa una especie de avalancha, teme que ahora en 2019 las cifras de los delitos empeoren porque durante este año varios de los condenados con prisión el año pasado van a salir de la cárcel en régimen de libertad vigilada. El ministerio prevé que serán miles, según dijeron fuentes del gobierno a Búsqueda, una cifra que rondaría los 4.000, y por lo tanto, ese fenómeno que recién estábamos analizando para cada uno de los casos tendría una manifestación masiva. ¿Usted tiene esa misma preocupación?
BM —No sé cuántos van a salir este año, porque no me manejo con las estadísticas del MI ni sé de dónde las saca, no puedo decir si van a ser mil, dos mil, tres mil. Creo que el instituto, al margen de cuántos vayan a salir, así está desvirtuando todo, porque eso tiene que ser un premio, no tiene que entrar en la negociación. Te portaste bien, aprendiste un oficio, tenés continente afuera que te pueda apañar, te vamos a dar una vigilada. En esos términos yo admito que siga, pero no así, de pique, porque entonces hago lo que quiero porque sé que llega el día tal y me voy.
Hace poco nos llegó a la Corte –que no nos tiene que llegar– la llamada de una jueza de ejecución que tenía a un agresor por violencia doméstica para el que se había pactado por desacato no sé si cuatro o cinco meses de prisión y después libertad vigilada. Es una jueza de Canelones, y allí visitan a los presos todas las semanas, los conocen a la perfección, y sabían que este señor seguía siendo violento y que salía a matar a esa mujer. Llama a mi secretaría, plantea la situación, le digo que dé cuenta al juez de familia especializado, que no tengo nada que hacer allí. Después se resolvió, se habló con el juez de la causa para que le pusiera una pulsera. Pero nosotros no podemos estar interviniendo en estos asuntos. Y esa noche la mujer pasó desprotegida, porque recién se le puso la pulsera al otro día. Entonces no puede pensarse en una libertad vigilada de acá a seis meses, ¡voy a ver cómo se porta el tipo, la persona!
EC —En definitiva, a propósito de todos estos problemas, estos ruidos…
BM —Mucho ruido.
EC —… ¿cuál es la salida? ¿Esta comisión de seguimiento es el ámbito?
BM —No, no sé a quién se le ocurrió que la SCJ integrara la comisión de seguimiento, porque entre las potestades de esta comisión está elevar proyectos de ley. Y la SCJ no eleva proyectos de ley porque eventualmente después tiene que entender sobre inconstitucionalidad. Entonces me está acompañando un juez penal, vamos a sentar unas bases y creo que después lo voy a dejar a él, porque si mañana se plantea la inconstitucionalidad yo no voy a decir “ah, yo intervine en esto”.
EC —Ese es otro defecto de la ley del nuevo CPP.
BM —Exactamente.
EC —No se debió haber previsto que la SCJ integrara esa comisión.
BM —Claro, el Parlamento no quiere entender que no damos opiniones o que no intervenimos en proyectos de ley no por no querer colaborar –al contrario, estamos para colaborar, todos–, sino porque tenemos una función, que es la más importante, que es el control de constitucionalidad de las leyes.
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Transcripción: María Lila Ltaif
