EC —¿Qué implicaba eso?
JC —A diferencia de República Dominicana, por ejemplo, que al igual que nosotros impone el funcionamiento del código en todo el país el mismo día, otros países, empezando por Chile y Panamá, han empezado la reforma en alguna zona geográfica acotada, lejos de la capital, como podía ser aquí el norte del país, Rivera y Artigas, y luego, con el correr del tiempo, con la contrastación acotada de cómo funciona en la realidad el código, la han ido expandiendo a lo largo de años, muchas veces cuatro o cinco años, hasta llegar a la capital y completar la reforma. Y utilizaban ese tiempo para ver cuáles eran los defectos concretos de funcionamiento y además para irles dando experiencia práctica a los operadores. En Chile no solo siguieron capacitando cuando se iba llegando a los centros poblados, a las ciudades más complicadas, con los operadores que allí estaban, sino que además iban corriendo los operadores que ya tenían experiencia desde el principio. Aquí el Poder Legislativo decidió utilizar el sistema más riesgoso, que es la aplicación inmediata simultánea en todo el país.
EC —Pudo haberse ido por el camino que ustedes proponían y se fue por este otro, y una de las consecuencias ha sido esta controversia permanente en la que se van exponiendo las dificultades que existirían para la persecución criminal. ¿No le da la impresión de que se crea una sensación de caos o de debilitamiento de la autoridad que incluso puede ser beneficiosa para la delincuencia?
JC —Tengo la sensación de que no ha sido buena la imagen que hemos dado en estos primeros meses. En lo personal y en representación del Poder Judicial habíamos pedido disculpas por eventuales errores en la implementación, lo que a veces no se entendió y apareció alguna pregunta como “¿van a ir presos inocentes?”. No, los errores de implementación son estos, son los errores y demoras en el funcionamiento del nuevo sistema, que debe ir mejorando el hermanamiento de sus piezas. Era imposible pensar que íbamos a sustituir un proceso obsoleto pero que venía funcionando al 100 % de su capacidad durante décadas por un proceso nuevo, y que ese proceso nuevo, con operadores en roles nuevos como los fiscales, iba a empezar funcionando a pleno desde el primer día. De hecho empezó funcionando muy bajo, sobre todo en el primer bimestre, empezó funcionando con gran lentitud; quizás parte de los resultados negativos que se han ido percibiendo provienen de ese primer bimestre, de noviembre y diciembre del año 2017, cuando incluso para sorpresa de quienes podíamos estar alertados el funcionamiento fue extremadamente lento en la persecución penal, en la formalización.
EC —Ayer en el Senado se votó este proyecto de ley que modifica el CPP nuevo. En particular se votó un aditivo que crea una comisión de seguimiento integrada por MI, Poder Judicial y Fiscalía General de la Nación. ¿Esa puede ser una forma adecuada de procesar todo este desencuentro?
JC —Es muy probable. Nosotros apoyamos plenamente esa institucionalización de la comisión interinstitucional de seguimiento, que existió hasta que se puso en funcionamiento el código. Las tres ramas vinculadas, la Fiscalía de Corte, la SCJ y el MI, tuvimos una comisión interinstitucional de implementación hasta noviembre, hasta que empezó a funcionar. Una cantidad de mecanismos fueron acordados entre las instituciones y luego –no sé las otras dos ramas que intervienen— la SCJ mantuvo, pero ya en la interna del Poder Judicial, su comisión de seguimiento de la implementación del código, la tenemos funcionando y la sigue dirigiendo el ingeniero Marcelo Pesce, que es nuestro subdirector general de los servicios administrativos.
EC —Sí, ahora se habla de crearla. Pero ¿por qué es necesaria una ley para eso? Porque esta ley ni siquiera está terminada de aprobar, ahora tiene que pasar a la otra cámara, hay que aguardar todo ese proceso para que exista un ámbito en el que las distintas instancias involucradas vayan evaluando en conjunto y se pongan de acuerdo. ¿No lo podrían hacer hoy, esta tarde?
JC —Algunas instancias se han tenido en ese sentido. Hemos tenido también diferencias en las cifras, diferencias en la interpretación de las cifras…
EC —Por eso, ¿no es tiempo de juntarse?
JC —Pero ha habido, creo que Patricia Marquisá por la Fiscalía de Corte y el ingeniero Marcelo Pesce se han reunido y han tratado de subsanar la mayor parte posible de las descoordinaciones. El Poder Judicial ha estado afín y ha tenido cintura para efectuar modificaciones puntuales que la realidad fue requiriendo. Lo hemos dicho –no lo ocultamos–, estamos satisfechos con cómo efectuamos la planificación, los escenarios alternativos futuros de funcionamiento. Por lo cual, en el Poder Judicial habíamos calculado adecuadamente los recursos necesarios, los jueces, los defensores, las salas, el sistema informático estuvo pronto con antelación, y logramos procesar esta reforma con decencia, que es lo que decíamos. Pero hemos señalado que no hemos terminado de procesarla.
EC —Usted defiende la parte del Poder Judicial en este asunto, pero mi pregunta era otra: ¿esa comisión interinstitucional no puede crearse esta tarde, no se puede poner a funcionar esta tarde?
JC —Pienso que sí. El tema es que al no existir un marco legal que habilite, la autonomía de cada organismo torna bastante complejo que empecemos a opinar un organismo respecto de cómo debería funcionar otro.
