EC —¿Qué posibilidades hay de que se acepte este planteo, este requerimiento del Poder Judicial en la rendición de cuentas?
JC —Creo que muy bajas, porque desde las conversaciones previas hasta ahora no se nos llamó del Poder Ejecutivo para analizar los números. Los hicimos nosotros, y no están incluidos en el proyecto alternativo que hace el Poder Ejecutivo.
EC —Se va a complicar entonces, ya han pasado estos meses en los que la ley de hecho no ha podido aplicarse. ¿El año que viene tampoco?
JC —La parte filosófica de la ley y una cantidad de principios que la ley establece y obviamente la propia ley está vigente. Lo que no hemos podido implementar es la readjudicación de trabajo, la readjudicación de competencia por imposibilidades materiales, sobre todo en el interior del país. Es muy probable que pese a las restricciones presupuestales en el mediano plazo sí podamos ir pensando en una transformación de juzgados, por ejemplo, porque son los más claros, los juzgados de violencia doméstica en juzgados de género. La situación es que en nuestras previsiones, que son como las de Inumet, uno hace escenarios de contingencia, en nuestras previsiones los que podríamos transformar se verían inmediatamente desbordados.
EC —Entonces esta ley va a andar mal.
JC —Va a ser difícil implementarla.
EC —Lleva ya ocho meses de aprobada, en estos meses prácticamente no ha podido ser realidad. Y usted dice que los recursos que ustedes, que en realidad son para el año que viene, difícilmente les sean concedidos. O sea que esta ley va a seguir con problemas.
JC —Y tampoco es solo un tema de recursos, le recordaría que ni siquiera al día de hoy hemos podido de implementar efectivamente el CPP en lo que no tiene que ver exactamente con el proceso penal. Pero ¿cómo se realiza en una estructura piramidal la implementación del Código? Elevando cargos de la parte inferior de la pirámide, ascendiendo jueces de paz de ciudad, jueces de paz departamentales y jueces de paz departamentales a jueces letrados del interior y jueces letrados del interior a jueces letrados de Montevideo para llenar la treintena de cargos nuevos que tuvimos con el CPP. Eso fue corriendo la sábana o la frazada, pero como decidimos también, en aras de no bajar la calidad de los magistrados, que los nombramientos debían hacerse exclusivamente entre los egresados de la Escuela Judicial del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el número de egresados todavía no nos ha permitido llenar los cargos en la base de la pirámide. Estamos esperando y apurando una generación de egresados para antes de fin de año para llenar al menos una quincena de juzgados que están vacantes en el interior. Hay algún departamento del interior que tiene un solo juez de paz de ciudad a cargo de tres o cuatro juzgados.
EC —Con este panorama que usted está describiendo esta ley de diciembre del año pasado, la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, va a camino a ser papel mojado.
JC —Esperemos que no. Requiere tiempo y recursos.
EC —Hay un problema entonces en el Poder Legislativo, la costumbre de votar leyes que no tienen financiamiento.
JC —Creo que como algún especialista decía, somos un país legiferante, que cree en exceso en la posibilidad de la ley o de la norma de cambiar por sí misma la realidad. La ley es muy importante para cambiar la realidad y muchas veces es un requisito sine qua non para cambiar la realidad, pero la implementación de determinadas leyes tiene costo. Creo que los anglosajones tienen mucho más clara la situación de que para que una ley efectivamente cambie la realidad, efectivamente cambie lo que se quiere y no quede en letra muerta, hay que poner recursos, trabajo, dedicación. Y gran parte del efecto de la ley no está en su diseño sino en su implementación, como quizás también esté pasando en el CPP.
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Transcripción: María Lila Ltaif
