EC —Usted vio que tanto la Fiscalía de Corte como el fiscal Jorge Díaz han hablado de este asunto, han hablado de los comentarios y las inquietudes, de las denuncias planteadas por la doctora Fossati. Ayer, por ejemplo, en una entrevista en el semanario Búsqueda, le preguntan al doctor Díaz sobre esa impresión que tiene la doctora Fossati de que está siendo perseguida, de que el traslado del que es objeto en realidad es un castigo, y dijo: “Hubo más de 60 traslados y va a haber esta semana 10 o 15 más, todos se hicieron sin ningún tipo de problema. Tenemos un traslado problemático porque hubo una reacción pública. ¿De qué estamos hablando? De un traslado de una fiscalía a otra de la misma categoría, en la misma materia. ¿Cuál es el problema?”. El periodista acota: “Pero se la trasladó al viejo sistema penal, con el cual muchos fiscales hoy no quieren trabajar”. Y el doctor Díaz responde: “El objeto de trabajo es exactamente el mismo, la materia penal; los bienes que están en juego son exactamente los mismos, un delito ocurrió antes y otro después, la única modificación en el medio es el régimen procesal, no hubo ninguna vulneración de derechos. Si dice que es una sanción por sus dichos, este fiscal –se refiere a sí mismo– impulsó un artículo en el estatuto que establece que los fiscales tienen la más absoluta libertad de expresión, y este fiscal –por sí mismo– ha defendido siempre la libertad de expresión de los fiscales. Basta mirar los diarios de cinco años atrás o las redes sociales; este fiscal ha recibido críticas de un montón de fiscales y algunas en términos muy duros. Sin embargo nunca tomé una medida sancionatoria respecto de un fiscal porque ejerciera la libertad de expresión”. ¿Cómo ve esta explicación que el doctor Díaz da?
OP —Es una explicación que puede ser atendible. Pero me parece que hay que confrontarla con los dichos de la doctora Fossati, a la que yo quería escuchar en el ámbito parlamentario y hacerle preguntas referidas a sus afirmaciones. Si ella dice que los fiscales sienten que no tienen garantías para actuar con relación a personas cercanas al poder, quisiera preguntarle en qué hechos concretamente se basa para hacer esas apreciaciones. Esa es la oportunidad que no estamos teniendo. Y me gustaría que después de que la doctora Fossati se explayara con precisión sobre eso, contestara el fiscal de Corte. Él contesta –por supuesto, en la dinámica que se dio es natural que lo haga– en términos generales, dice “hubo 60 traslados y no hubo protestas”. Sí, claro, me parece que nadie sostiene que se haya perseguido a todos por igual, sería absurdo. Pero hay una persona que dice “a mí me persiguen porque he criticado al sistema”. Las sanciones o las persecuciones o este tipo de situaciones se dan siempre con relación a pocas personas, no a la generalidad del colectivo, pero para saber exactamente qué pasó tendríamos que escucharla a ella.
Y en cuanto a la libertad de expresión, es cierto que la norma que la consagra está en el estatuto de los fiscales y que el doctor Díaz abogó por su inclusión. El problema no es el ejercicio de la libertad, sino las eventuales consecuencias que eso tiene, si una persona puede llegar a sentir que si critica después la desplazan a una materia que aunque sea la misma tiene un régimen procesal diferente. Uno es el sistema que se muere, que se extingue, se están liquidando los vestigios del antiguo sistema procesal, y otra cosa es lo que empieza, lo que va a perdurar. La doctora Fossati estaba haciendo un curso de especialización, una maestría en el nuevo código, se ha dedicado intensamente a estudiar y conocer el nuevo código, por eso rechina un poco que a una de las pocas fiscales que han tomado esa iniciativa, porque no es que todos lo estén haciendo, se la desplace. Quizás haya razones técnicas; no las conocemos porque no hemos tenido oportunidad de escucharlos, era lo que queríamos hacer.
EC —Usted mencionó dos puntos que lo habían preocupado de las declaraciones de la doctora Fossati. El otro era la forma como se asignan los casos entre los distintos fiscales. ¿Puede explicarlo un poco mejor?
OP —Trataré de hacerlo. Tradicionalmente había en la Fiscalía, como en la justicia, un régimen de turnos, que no depende de la voluntad del denunciante. Uno iba a presentar una denuncia tal día y automáticamente sabía, por la planilla de turnos, que le iba a tocar un determinado fiscal, ya estaba predeterminado, usted no podía elegirlo. Se decía que con el nuevo sistema, este que está en vigencia ahora, el turno para los fiscales se iba a determinar por un lado en función de la fecha de acaecimiento de los hechos en situaciones de flagrancia, detienen a un ladrón en la esquina, quién está de turno ahora. Eso queda establecido así. Pero estaban las otras situaciones, la gente que va, un abogado, por ejemplo, a presentar una denuncia en la cual ha estado trabajando durante muchos meses, la elaboró y un día determinado va y la presenta, y supongamos que involucra a alguna figura de importancia en la vida del país. ¿Esa denuncia a qué fiscal le toca? Yo tenía entendido que era un sistema absolutamente aleatorio, una operación aritmética, que en el momento en que se presenta la denuncia se cuenta cuántos casos tiene cada fiscal y al que tenga menos automáticamente se le pasa la que llegó. Pero según lo que infiero de las manifestaciones de la doctora Fossati no es así, hay una asignación en principio de esa característica, pero eso luego puede ser corregido, hay una etapa de discrecionalidad que no sé cuándo empieza ni cuándo termina…
EC —Hoy el diario El Observador explica cómo es el procedimiento. “Cuando alguien presenta una denuncia ante la Policía o a la Fiscalía General de la Nación, siempre que no haya detenidos, el caso ingresa a la oficina llamada Depuración, Priorización, Asignación, de la Fiscalía General de la Nación, que fue creada a partir de la puesta en marcha del Código del Proceso Penal. Ese grupo, donde un equipo de cuatro fiscales, diez abogados, siete funcionarios y cuatro becarios estudiantes de Derecho trabajan es el que se ocupa. Leen la denuncia, le asignan un nivel de prioridad entre bajo, medio y alto y nombran a un fiscal que se va a ocupar de investigarla”. ¿Usted conocía que era así?
OP —Sí, sí, esa es la DPA que le llaman. Justamente, ahí estudian, clasifican y asignan, pero allí no está todo meridianamente claro, y por lo que han dicho la doctora Fossati y en conversaciones privadas algunos otros operadores del sistema, puede ocurrir que a un fiscal le llegue un caso y al otro día no aparezca en su bandeja, es decir, que se lo quiten y lo asignen a otro. No sé cómo funciona eso. Y me parece un punto de la mayor importancia, porque una cosa es que los fiscales se asignen en función de normas preestablecidas, cristalinas, objetivas, que todo el mundo pueda conocer, y otra cosa es que haya un margen de incidencia para la discrecionalidad, que las autoridades del Ministerio Público y en última instancia el fiscal de Corte puedan decir “me parece que para este caso el fiscal más adecuado es este” o “el fiscal más idóneo”.
EC —¿Pero de hecho eso no termina existiendo de manera natural? Porque hay fiscalías especializadas, entonces si el caso es de una cierta especialidad debe ir a ese tipo de fiscalía.
OP —Eso por supuesto que es así, allí no hay ninguna intervención discrecional de nadie, simplemente se asigna en función de la materia. Esa asignación no está en discusión. Pero la doctora Fossati planteaba a propósito de este tema que no entiende por qué ante las amenazas proferidas contra el fiscal de Corte, por las cuales se pretendió formalizar el proceso contra un abogado, la fiscal interviniente es del campo de los estupefacientes. Preguntaba la doctora Fossati qué tiene que ver esto de los estupefacientes, el narcotráfico, con la amenaza contra el fiscal. Son cosas que no están claras, que quizás tengan una explicación precisa, pero entonces es bueno que la conozcamos todos y que sepamos exactamente cómo funciona esto de la asignación de casos. Porque estas cosas no pueden estar en la penumbra.
