EC —Tengo preguntas de los oyentes. Por ejemplo, este correo electrónico consulta: “No vi ni escuché al legislador mantener las mismas críticas o la misma preocupación cuando cambiaron de lugar a la jueza Motta”. En ese caso había la sospecha de que se la trasladaba por la forma como ella estaba manejando los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Qué dice?
OP —El Poder Judicial es un poder independiente del Poder Legislativo. Nosotros no tenemos forma de control alguna sobre lo que el Poder Judicial hace o deja de hacer en su funcionamiento administrativo interno. El único mecanismo de control que tenemos sobre los jueces es un hipotético juicio político contra los ministros de la Corte. Pero no tenemos ninguna otra posibilidad, no podemos llamar a ningún ministro a sala para que explique cómo está funcionando la Corte y eventualmente censurarlo, porque son poderes independientes.
En cambio, con respecto a la Fiscalía General de la Nación sí tenemos los poderes de contralor que tiene el Parlamento sobre la administración en su conjunto y también sobre entes autónomos y servicios descentralizados, bien que a través del ministro del ramo en estos casos. Entonces cuando nos interesamos por el funcionamiento de la Fiscalía estamos ejerciendo nuestra competencia constitucional de control sobre el funcionamiento de la administración. Estaríamos totalmente fuera de nuestra competencia y del Estado de derecho si pretendiésemos controlar cómo hacen las designaciones o los traslados los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Y aclaro, porque es obvio que la pregunta viene con punta, que el traslado de la doctora Motta se hizo cuando mi esposa no integraba la SCJ y no tuvo arte ni parte en ese traslado.
EC —¿Infiere que esa pregunta tiene que ver con que la actual presidenta de la SCJ es su esposa?
OP —Sí, naturalmente, somos demasiado grandes para chuparnos el dedo. Viene por ahí la pregunta, pero hay un fundamento constitucional que no tiene que ver con las personas. El Parlamento no controla el funcionamiento administrativo del Poder Judicial.
EC —Yendo a un encare un poco más global, ¿usted está preocupado por la gestión del doctor Jorge Díaz como fiscal de Corte? Porque sobrevuelan ese nombre y esa gestión en denuncias como esta que hace la doctora Fossati y en otros planteos públicos que están en la vuelta.
OP —En el período pasado yo estaba en el Senado y voté favorablemente la venia para el doctor Jorge Díaz. Y por el momento no me arrepiento de haberlo hecho. Creo que es una persona muy inteligente, muy capaz, muy trabajadora, que le ha puesto una gran energía al funcionamiento del Ministerio Público, puso a andar un servicio descentralizado prácticamente desde cero para que estuviera en condiciones de trabajar con el nuevo CPP.
Ahora bien, esa confianza inicial no significa que uno se cierre a las críticas que pueda haber, que se ponga el balde y diga “como en su momento dijimos que estaba haciendo las cosas bien o que iba a hacer las cosas bien, nos negamos a considerar la prueba en contrario”. Yo no me cierro, creo que mi función como parlamentario es estar atento a lo que sucede y tratar, cuando corresponda, de corregir situaciones que estén mal. Acá ha habido quejas contra distintas actuaciones del doctor Díaz, entonces me parece que lo que tiene que hacer el Parlamento es escucharlas, por supuesto dar traslado al doctor Díaz en términos procesales y escuchar lo que él tenga que decir. Y seguir muy atento la evolución de esto, porque es muy importante el nuevo CPP, es muy importante la nueva organización del Ministerio Público y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto funcione cada vez mejor y para ir corrigiendo los errores que inevitablemente hay y va a haber, porque no se pone en marcha una nueva organización de la justicia penal de un día para el otro sin que haya problemas. Es natural que los haya.
EC —Pero una cosa son los errores y otra cosa son los desvíos de poder. Se lo digo teniendo en cuenta planteos públicos como los que han hecho el exfiscal Enrique Viana y el doctor Gustavo Salle. ¿Qué importancia les asigna usted? ¿Qué valor les asigna a esos cuestionamientos?
OP —Hay además otros cuestionamientos de exfiscales, como la doctora Dora Domenech, que fue presidenta de la AFU, que tuvo una trayectoria de más de 30 años en el Ministerio Público y que renunció a fines del año pasado. Fue a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara citada por la diputada Graciela Bianchi, y dijo allí que sentía que no estaba siendo respetada en su investidura, que no quería exponerse a ningún manoseo, que venían verticalazos de la Fiscalía de Corte. Todo eso la había llevado a ella nada menos que a renunciar a su cargo. Entonces no es una situación particular sola ni son denuncias de personas que están fuera del sistema.
