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Entrevista, viernes 2 de marzo: Ope Pasquet

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EC —Vuelvo a la entrevista que hicimos con el doctor Gustavo Salle hace pocos días. En determinado momento él dice: “A partir de la ley 19.743, que es un elemento más de ingeniería jurídica para conferirle poder a Díaz, Díaz tiene potestades de dictar instrucciones. Y si bien la ley dice que esas instrucciones pueden ser generales, yo he traído aquí varios códigos, verdaderos códigos que ha dictado Díaz. Y después viene el ejercicio práctico, porque una cosa es el deber ser, que se expresa en las normas, y otra cosa es el ser, que es la actuación, el elemento operativo, fáctico, del ser humano. En el aspecto operativo Díaz da instrucciones sobre casos concretos. Usted podrá poner en duda lo que estoy diciendo, pero el propio Díaz se encarga de dar los elementos probatorios”. Salle puso como ejemplo lo que ocurrió en el caso Balcedo, cuando el doctor Díaz viajó a Maldonado y en lugar de hablar del caso el fiscal que estaba manejándolo, el doctor Morosoli, habla el propio Jorge Díaz ante la prensa y dice: “En este caso tolerancia cero”, etcétera. ¿Usted tiene esta percepción que el doctor Gustavo Salle marca?

OP —Creo que hay elementos que justifican la preocupación y justifican que el Parlamento se ocupe de esto. Creo que las instrucciones generales no son por sí mismas lesivas de la independencia técnica, la ley de organización del Ministerio Público dice las dos cosas, que se pueden dictar instrucciones generales, y las que yo he leído hasta ahora no vulneran en nada la independencia técnica de los fiscales para el caso concreto. Y después está la independencia técnica frente al caso concreto que la ley consagra expresamente. El diseño legal es, a mi juicio, inobjetable, instrucciones de la Fiscalía de Corte para el funcionamiento general y luego independencia del fiscal frente al caso concreto. Ahora, que la disposición legal se cumpla efectivamente, como en todos los órdenes del vida, puede ocurrir o no. Si no ocurre los legisladores tenemos que estar atentos para saber qué es lo que pasa y tomar las eventuales medidas correctivas o de mejora de la situación que pudiera corresponder. Pero en lo personal todavía no tengo la certeza de que sea así ni de que no sea así. Quiero investigar, quiero saber.

EC —¿Cuánto pesa en todo este análisis la versión que circula, el trascendido que circula de que el doctor Jorge Díaz podría terminar siendo un candidato o un precandidato en la interna del FA, que podría haber un futuro político del doctor Díaz?

OP —Eso es otra cuestión, es otra materia, no pienso en eso. Me preocupa estrictamente el funcionamiento del nuevo CPP y del Ministerio Público en ese contexto. Lo demás es otra cancha, es otro tema, son otras preocupaciones. Le aseguro que no me interesa eso ahora.

EC —¿Cómo continúa entonces el tratamiento de este asunto con esas comparecencias que sí se aprobaron en la comisión ayer, que no son las que usted pretendía pero que van a ocurrir?

OP —Van a ocurrir. Lo que ocurre es que la presidencia se pone en contacto con la AFU y el fiscal de Corte y combinan una fecha que les quede cómoda a ambos para que puedan ir a la comisión. Esos son los pasos próximos, a partir de su cumplimiento veremos cómo sigue esto.

EC —Llega un mensaje de uno de los oyentes que habían planteado la pregunta sobre la doctora Mariana Motta. Dice: “Cotelo, le aseguro que cuando hice la pregunta no me acordaba para nada de que la esposa del senador es ministra de la Suprema Corte. La consulta apuntaba a que a iguales mecanismos de los organismos aparecen diferentes criterios en la respuesta o en la evaluación”.

OP —Insisto sobre lo siguiente: son dos ámbitos distintos el Poder Judicial y la Fiscalía de Corte. Y además conviene acotar que la doctora Motta recurrió aquel traslado, finalmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se expidió sobre su caso y desestimó su demanda. Es decir que la actuación de la Corte en aquel momento –cuando, repito, no estaba mi esposa en la Corte– fue convalidada por el TCA. Y lo que me preocupa en el caso de la doctora Fossati no es el traslado de la funcionaria individualmente considerado, porque eso es materia de recursos administrativos o de la acción de nulidad ante el TCA. Lo que me preocupa es lo que la doctora Fossati dice, en el sentido de que no hay garantías para investigar a la gente próxima al gobierno o que los casos se asignan a los fiscales por procedimientos o según criterios que no están establecidos de manera objetiva y transparente en las normas. Eso es lo que nos preocupa, no la situación personal, individual, del funcionario trasladado.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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