Según Gustavo Leal, en Los Palomares estaba en juego la gobernabilidad: Los narcotraficantes «gobernaban ellos, se creyeron impunes» y «por eso se actuó»

Un grupo de personas fue desalojado en Casavalle por orden de la Justicia; la última de una serie de medidas tomadas por el Gobierno en la zona de Los Palomares. El sociólogo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hace un balance de la situación

El jueves de noche seis personas que usurpaban casas en Los Palomares de Casavalle entregaron las llaves y se retiraron. Además tuvieron que registrar un nuevo domicilio, se comprometieron a no acercarse al lugar y quedaron sometidas a una vigilancia especial.

De esa manera, cumplieron lo que habían acordado el día anterior con la Justicia para evitar la cárcel por los delitos de usurpación de vivienda y hurto de energía eléctrica y agua potable en reiteración real. Los habitantes anteriores de esas viviendas habían sido desalojados a punta de pistola por una banda de narcotraficantes, los Chingas. Incluso habían dejado atrás sus pertenencias.

El operativo policial de apoyo a la Justicia, que incluyó decenas de efectivos armados y vehículos blindados, enfrentó protestas de un grupo de vecinos.

El día anterior debió dejar otra de esas casas una mujer llamada Mónica Sosa, que además fue remitida a prisión por su condición de reincidente, mientras sigue el proceso. Mónica, una de las líderes de Los Chingas, había sido condenada en diciembre como cómplice en el delito de extorsión, por más de cien expulsiones de familias de Los Palomares. Se la había sancionado con 15 meses de libertad vigilada.

Estas actuaciones forman parte del desembarco del Gobierno nacional, la Intendencia de Montevideo y la Justicia, que se inició el 23 de junio cuando se llevó a cabo el censo de la población de Los Palomares, que venía demorado desde hacía meses. ¿Qué balance dejan hasta ahora? ¿Qué nuevos pasos están previstos? En Perspectiva lo conversó con el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

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2 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Bueno; por fin el gobierno se decidió a actuar imponiendo su autoridad legítima, sin prepotencia pero con firmeza, sobre esta zona tan conflictiva de Montevideo. Lástima que para ello haya transcurrido tanto tiempo entre disquisiciones sobre las causas sociales del delito, y hayan tenido que aparecer grupos de particulares como los vecinos en alerta de varias zonas de Canelones y protestas públicas por la acción de los malandrines. En realidad, esta situación se empezó a gestar desde hace cuatro décadas por lo menos, comoenzando con asentamientos irregulares, siguiendo con conexiones clandestinas de agua y electricidad, pasando por la entrada del narcotráfico, y culminando con asesinatos varios y desalojos violentos. Que no dejen de actuar también en otras zonas como Cerro Norte, Casabó, Cuarenta Semanas, Piedras Blancas, más otras similares en el interior del país.

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