Para Álvaro Garcé, poner a la Guardia Republicana a cargo de la seguridad en las cárceles es «una medida extrema», «una improvisación», «incompatible con el modelo de ONU»

El asesor en seguridad del precandidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou afirmó: «Aplicando mucho mejor los recursos que se tienen, sobre todo en cárceles, se puede lograr un cambio sustancial»

El Ministerio del Interior resolvió que la Guardia Republicana asumirá las tareas de seguridad en las cárceles.

Esta mañana, En Perspectiva analizó el tema con el doctor Alvaro Garcé, asesor en seguridad ciudadana de Luis Lacalle Pou y ex comisionado Parlamentario para el sistema carcelario. También se repasaron las propuestas del sector Todos Hacia Adelante en esta materia.

Diferencias en el oficialismo

La decisión, que se comunicó oficialmente el viernes la semana pasada, provocó diferencias en la interna del oficialismo, que desde 2005 levantó las banderas de la humanización del sistema carcelario.

Por ejemplo, el sector Casa Grande, que lidera Constanza Moreira, emitió un comunicado donde manifestó su «profunda preocupación» por «el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder». El sector que encabeza Constanza Moreira agregó que «el aumento de la represión pone en riesgo no solamente a las personas privadas de libertad», sino «también a funcionarios policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas». A la declaración se añadió un mensaje de Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande, que escribió en Facebook que «apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso».

Por otro lado, el precandidato Óscar Andrade dijo que esperaba tener «conversaciones» con «gente del Ministerio del Interior» para escuchar los «fundamentos» y «no cobrar al grito», pero que «la primera señal es de preocupación». Otro sector en el que, en primera instancia, se plantearon reparos fue el Partido Socialista, que abordó el tema en la reunión de su ejecutivo el lunes pasado.

Oposición

Pero también se escucharon discrepancias desde la oposición.

El general (R) Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, advirtió que con este paso se retira personal de la Guardia Republicana de las calles, que es donde se la necesita para combatir a la delincuencia.

Jorge Larrañaga, precandidato de Alianza Nacional en el Partido Nacional, dijo que la medida «no hace más que confirmar el fracaso» de la política carcelaria.

Otra voz que discrepó fue la del abogado Andrés Ojeda, asesor en seguridad del precandidato colorado Julio María Sanguinetti. Consultado por el diario El Observador, Ojeda rechazó la idea y sostuvo que «esto es prácticamente lo mismo que lo que propone Edgardo Novick al militarizar las cárceles».

Y el ex fiscal Gustavo Zubía, que apoya a Sanguinetti, comparó la decisión con «meter al rottweiler dentro de casa para controlar que el nene no le pegue a la abuela».

Por su parte, Ernesto Talvi (precandidato colorado del sector Ciudadanos) dijo que si bien a «largo plazo» no le parece una decisión correcta, sí está de acuerdo en que puede corregir un «problema inmediato». «Lo primero que tenemos que garantizar es la vida adentro de las cárceles”, sostuvo Talvi.

La explicación

¿Cuáles son los motivos de esta reforma? ¿En qué consiste, exactamente? ¿Cómo se la implementará?

Las autoridades explicaron que el objetivo es proporcionar seguridad al personal civil que realiza tareas de rehabilitación, por ejemplo la educación o el trabajo, y al mismo tiempo proteger a los propios reclusos.
El ministro Bonomi enfatizó que la medida dispuesta «significa ordenar el sistema penitenciario, que permita (a los reclusos) mayores estadías fuera de la celda, más deporte, más patio, más estudio, pero con garantías».

Se recordó que en 2018, 19 presos fueron asesinados en establecimientos carcelarios, según datos del Ministerio del Interior.

Según se informó a En Perspectiva, los efectivos policiales que están actualmente asignados a las cárceles pasarán a revistar en la Guardia Republicana, para lo que recibirán un entrenamiento específico. Es decir que, con nueva formación, seguirán en los mismos puestos de trabajo que ocupan hoy pero dependiendo de otro cuerpo del Ministerio del Interior.

Paralelamente, la Guardia Republicana capacitará a parte de su personal en el trato con presos a fin de que contar con un grupo de efectivos que puedan tener un desempeño adecuado si es necesario convocarlos para reforzar el plantel asignado a los establecimientos penitenciarios, por ejemplo, para contener algún tipo de crisis violenta.

¿Dónde, por ejemplo, sería especialmente útil este nuevo esquema? Un caso tristemente conocido es la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), un complejo de gran tamaño donde en los últimos meses se han producido graves enfrentamientos entre los internos del módulo 10 y el 11.

Sin embargo, según se adelantó, la primera experiencia se haría en el nuevo establecimiento penitenciario de Punta de Rieles.

También se prevé que en 2021 la Guardia Republicana asuma la custodia perimetral de las siete cárceles en las que actualmente el Ejército cumple esa función. Se aguarda que para ese año pueda aplicarse la ley de reordenamiento del sistema carcelario, que hoy está a estudio de la Cámara de Diputados. De acuerdo a ese texto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que gestiona las penitenciarías, pasaría a ser un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, pero la seguridad se mantendría bajo responsabilidad de la Policía y el trabajo dentro de los centros continuaría asignado a los operadores penitenciarios civiles.

De todos modos, en el gobierno enfatizan que las medidas relativas a la Guardia Republicana pueden llamar la atención pero son sólo una parte de un proceso más amplio de transformación de sistema penitenciario.

Así lo explica el senador del MPP Charles Carrera, exdirector general de secretaría del Ministerio del Interior:

Se está trabajando en la creación del sistema penitenciario nacional, que es una ley en la cual se establecerá claramente los cometidos que desarrollará cada una de las instituciones del Estado en el proceso de rehabilitación e inclusión de las personas privadas de libertad. Y allí se definirá, por ejemplo, el rol que tendrá el MI, la Policía, el MSP, las políticas sociales y educativas.

Y lo que se anuncia ahora, la participación de la Guardia Republicana brindando seguridad en los centros penitenciarios, forma parte de ese proceso de descentralización. Es una fase más.

La pregunta es: ¿es necesario que la Guardia Republicana participe dando seguridad en algunos centros penitenciarios? Sí, es necesario. Es necesario que se brinde seguridad a los trabajadores del sistema y a los privados de libertad. Para que los procesos de rehabilitación se puedan brindar en los centros penitenciarios.

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Foto en Home: Agustín Magallanes

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5 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Excelente exposición del doctor Garcé! Acabo verlo por YouTube. Trabajo, orden, rehabilitacion para las cárceles. No a la Republicana. Auditar recursos, huertas, acceso a trabajo con privados (dónde quedó la iniciativa de aprender conducir camiones?). Para los que conocemos la cárcel por dentro, nada más que maravillarse por un asesor serio, con unas perspectivas viables y justas. Gracias Emiliano por este grato momento!!

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  2. Lo que no se dijo y me parece importante considerar
    ¿qué y cómo es la Guardia Republicana hoy?
    ¿ha mejorado sustantivamente?
    ¿puede efectivamente hacer un aporte en la cuestión carcelaria?
    ¿su rótulo funcional de «Guardia» la convalida o necesariamente la invalida para el cometido?
    ¿se piensa en un involucramiento transitorio y transicional o indefinido?
    Entre las muchas necesidades penitenciarias -ese submundo postergado en la lista de prioridades de las «personas de bien»- ¿es otra mas y relevante, la disciplina intrarejas como factor organizativo de la convivencia forzada «a la sombra», que tiene la perdurable latencia de la ebullición violenta?
    Le abro un periodo de crédito a la iniciativa, quiero ver.

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  3. En respuesta a Juan Torres: la Republicana es un buen servicio, sin duda. Pero, no es adecuada para la cárcel. Su presencia como guardia perimetral, es buena. Pero no está formada como agentes internos de cuidado de los Ppl.
    La realidad que se vive, sin rehabilitación, sin disciplina para el trabajo, sin cuidados adecuados en sus necesidades de atencion médica. Es un problema grave. Porque saldrán en algún momento y volverán a delinquir. La fuerza no es una medida acorde. La educación y herramientas para trabajar e incorporarse a la sociedad, son indispensables.

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  4. Estimada Susana:
    ¿Por qué presuponer la fuerza como medida emblemática?
    ¿Por el rótulo de «Guardia?
    ¿Por qué no intentar establecer un marco de disciplina disuasiva razonable que otorgue la primera seguridad -que no se maten entre rivales o terceros-?
    ¿Por qué presuponer que la Guardia es indúctil, cuando en muchas ocasiones ha demostrado lo contrario?
    Me ha llamado -para bien- la atención, el Sr. Clavijo, no es para nada un obsecuente del uso de la fuerza.
    Entre «la realidad que se vive» dentro y fuera también y de forma fundacional, es que varios de los PPL que se «desea rehabilitar», ya desde niños no tuvieron la posibilidad de ser «habilitados», nacieron y se criaron en la contra cultura narco delincuencial -en que matar o morir es una meridiana contingencia cotidiana-.
    La sociedad establece una normativa de «crimen y castigo» y -obvio- el castigo no debe implicar en si mismo un crimen, sino un límite salubre, pues es la impunidad, la degradante corrosión del pacto social.
    Hacia la loable utopía de un mañana mejor debemos tender sin pausa con compasión y fraternidad, ello no implica desconocer que hay en la condición humana naturalezas crueles, tanto de índole endógena como exógena o la conjugación de ambas, de hacerlo tropezaríamos con el síndrome «Naranja mecánica» de la uniformidad domesticadora.
    Es la privación de libertad una pena durísima por ser contraria a la esencia del individuo, sobrevivir a ella entero -para bien o para mal o para mas o menos- tiene algo de proeza redentora, de ciclo cumplido y es tarea de la sociedad y su expresión democrática, el Estado, que ese ciclo no se torne una calesita.
    Quizá la primera e imprescindible medida sea levantar el estigma social del preso como un paria descartable.
    Quizá la guardia Republicana no sea un «bando de fusiles» y todos los presos no sean «Prudencio Correa».
    Insisto, le abro un período de crédito, quiero ver.
    Le agradezco la deferencia del intercambio de opiniones.
    Saludos fraternos.

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  5. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Yo creo que estamos gastando energías de mucha gente al santo botón.
    Si hay un proyecto de ley de reordenamiento del sistema penitenciario que está a estudio en la Cámara de Diputados, ¿por qué razón no se analiza la propuesta incluida en el proyecto y se dejan de hacer propuestas con fines electorales?.
    Da la sensación que no está muy difundido el contenido del proyecto y que no se conceptualiza con claridad.
    Por ejemplo, Garcés dice que la Guardia Republicana no tiene formación para dar seguridad en las cárceles y la gente del Ministerio dice que quienes van a desarrollar la seguridad en las cárceles (perimetral e interna) son los policías que están trabajando hoy día dentro de las cárceles y los militares dejarán de realizar la vigilancia perimetral. La Guardia Republicana entrenará a un pequeño grupo de sus integrantes para eventualmente dar apoyo al personal de seguridad perimetral y/o interna.
    Lo que hay propuesto es una separación de las responsabilidades. Hoy todo depende del Ministerio del Interior y en el futuro, la seguridad (perimetral e interna) estará a cargo de este Ministerio mientras que el trabajo de rehabilitación será de responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura. Estos cambios implican un proceso gradual ya que no se puede incorporar a ambas actividades (seguridad y rehabilitación) una cantidad de funcionarios equivalente a los militares que abandonarían la vigilancia perimetral.
    Repito, si hay un proyecto presentado por el Ministerio del Interior, ¿por qué los actores políticos y los periodistas no se remiten a ese proyecto y llaman a sus autores a explicar y a cambiar ideas con ellos. Se supone que los cambios que empieza a realizar el Ministerio del Ineterior están dentro del contexto del proyecto de ley presentado al Parlamento.
    Seguramente, ese enfoque no sería tan entretenido como el que están llevando a cabo en este momento.

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