La OPP prepara sistema de gestión inteligente para inmuebles del Estado

La OPP prepara sistema de gestión inteligente para inmuebles del Estado

¿Se les ocurrió alguna vez analizar el manejo que el Estado uruguayo hace de sus inmuebles?
Es todo un tema.

Emiliano Cotelo (EC): Por un lado, el Estado posee cantidad de inmuebles vacíos sin usar y, por otro, paga por el alquiler de numerosos locales a propietarios particulares. Además, si bien una parte de las propiedades están bien identificadas, hay otras que no está claro a qué organismo corresponden, muchas carecen de título y existe otro grupo de edificios y tierras que fueron entregados en comodato.

Aquí, En Perspectiva, hemos informado sobre varios ejemplos concretos de cómo el Estado ha mal utilizado históricamente muchas de sus propiedades.

Les propongo que recordemos algunos ejemplos.

En la esquina de Mercedes y Rio Branco, un edificio, obra del arquitecto Ildefonso Arosteguy, ejemplo de la mejor arquitectura moderna de nuestro país, utilizado sólo como depósito de proveeduría del Poder Judicial, lo que – como planteaba Rosario en su crónica de 2014- podía considerarse un destino poco digno de una construcción que merecería otra funcionalidad. Pero además tenía pisos libres cuando, paralelamente, el Poder Judicial abonaba varios alquileres sólo en la ciudad de Montevideo.

Otro caso al que nos referimos en aquella época: Una casona propiedad del INAU, en la zona de Villa Colón, que fue olvidada en su momento por la institución, se le dejó de prestar el servicio 222 y eso permitió que fuera vandalizada, perdiendo buena parte de su valor pero además generando todo tipo de inconvenientes para los vecinos.

Uno del que hablamos a fines de 2015 fue el edificio donde funcionó la Facultad de Enfermería Dr. Carlos Nery de la Universidad de la República, en una manzana completa en la Ciudad Vieja (entre las calles Sarandí, Buenos Aires, Guaraní y Lindolfo Cuestas), en total abandono y en pésimo estado.

¿Uno más? En la Ciudad Vieja también, pero en la esquina de Rincón y Treinta y Tres, un edificio de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, considerado monumento histórico, cuya obra de restauración quedó inconclusa en los años 1990 y por tanto abandonado y en deplorable estado de conservación.

Un detalle importante. En las situaciones como las recién mencionadas no hablamos sólo de locales desaprovechados y cuyo valor de mercado se desploma. También hay de por medio costos asociados, entre ellos el pago de un servicio 222 para evitar las ocupaciones o los saqueos, o lo que hay que invertir en el momento en que se decide recuperar el edificio, para lo cual hay que sacarlo de su estado ruinoso. Pero además… ¿cuántas veces hemos visto avisos o llamados del Estado para alquilar o comprar un bien de tales o cuales características para instalar una dependencia pública? La pregunta entonces queda “picando”: ¿no se puede juntar las dos puntas cuando, por una parte, hay inmuebles estatales en desuso, y, por otro, necesidades locativas del mismo Estado?

Lo que estoy diciendo no tiene nada de nuevo. Y es cierto que el intento por gestionar de manera eficiente los inmuebles del Estado ha desvelado a muchos jerarcas a lo largo de los años.

Lo interesante es que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) parece estar dando pasos más firmes en ese sentido. En 2015 terminó de actualizar el inventario, que arrojó que sólo la Administración Central tiene unos 2.500 inmuebles entre edificios y terrenos, 1.700 urbanos y 800 rurales. Luego estudió qué se ha hecho en esta materia en otras partes del mundo para tomar ideas. Y ahora está abocada a definir una institucionalidad para, desde ella, establecer políticas concretas.

¿El objetivo? Aprovechar todas las propiedades que pertenecen al Estado y conseguir ahorros para las arcas públicas o, por lo menos, una mayor eficiencia del gasto, y, también, mejorar la planificación edilicia.

Romina estuvo investigando este tema.

Romina Andrioli (RA): Martín Dibarboure, quien ha sido subdirector de la OPP en este período (y que desde el 1º de agosto pasará a encargarse de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), es uno de los funcionarios que ha liderado este proyecto vinculado a los inmuebles del Estado.

En diálogo con En Perspectiva, Dibarboure utilizó un caso emblemático para ilustrar la ineficiencia en la que a veces cae el Estado:

(Audio Dibarboure)
“Yo siempre pongo el ejemplo… la Torre Ejecutiva eran 35 mil metros cuadrados del Estado uruguayo todo (porque el predio pertenecía al Poder Judicial); 35.000 metros cuadrados vacíos frente a la Plaza Independencia… Reciclar esto se paga sólo”.
(Fin de audio)

Dibarboure recurre a otra referencia para llevar el problema al ámbito más próximo, hasta el familiar: si uno tiene un apartamento que no ocupa, busca sacarle el máximo beneficio poniéndolo en alquiler para obtener una renta; no lo deja ahí abandonado, sin sacarle provecho. Bueno, lo mismo –entiende- debería hacer el Estado con sus propiedades.

Con esa motivación, en 2015 el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que creaba un grupo de trabajo integrado por Dirección Nacional de Catastro, la OPP, Contaduría General de la Nación, Escribanía de Gobierno y Presidencia de la República para, simplemente, actualizar el registro de inmuebles del Estado.

EC: ¿Con qué se encontraron?

Esto nos decía Dibarboure:

(Audio Dibarboure)
“Cuando hacés doble click… ¿cuáles están bien y cuáles no?, ¿cuales tienen gestión y cuáles no? Es un registro muy viejo en donde algunos títulos están escaneados y en otros físicos. En algunos lados no se pudo identificar la propiedad. En algunos casos son inmuebles dados en comodato y en otros no”.
(Fin de audio)

Una vez culminado ese primer relevamiento se decidió mantener operativo el grupo de trabajo conformado en 2015, ampliarlo, y seguir avanzando en cómo gestionar mejor los inmuebles de todo el Estado, para que el trabajo no quedara sólo en una actualización del inventario.

(Audio Dibarboure)
“En Administración Central no hay una institucionalidad definida. En realidad hay un marco normativo muy abierto, donde le da competencia a Catastro para determinadas cosas, a la Contaduría para determinadas cosas, a Registros para otras, a la Escribanía de Gobierno para otras… Todos hacen algo con algún inmueble pero nadie centraliza. O sea, nadie consolida, ni gestiona la información de forma integral. No es rezongo, es el acumulado histórico en estos temas. Ahora, en aquellos casos donde tenés algún tipo de gestión con el bien inmueble, lo otro que identificamos es que está mucho más asociado con lo notarial y lo jurídico. O sea, del inmueble en el mejor de los casos tengo identificado el título, el padrón, el área, la superficie… pero cuando voy a cuánto gasta, cuánto vale, si tiene paneles solares en la azotea, etc., (esa información) no la tenemos. Todo lo que tiene que ver con la gestión como inmueble, la parte económica del bien, no lo tenemos. Esto implica que cuando vas a tomar decisiones no estás usando información de calidad”.
(Fin de audio)

Una aclaración respecto a este panorama con el que se encontraron. Hay que tener en cuenta que el Estado muchas veces adquiere bienes inmuebles, pero también es cierto que muchas veces “le caen del cielo”. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay disposiciones que establecen que cuando una persona fallece y no tiene descendientes a quien dejárselo, ese inmueble termina yendo a la ANEP por ejemplo. Pero también se da la situación de que mucha gente establece en su testamento que cuando fallezca quiere donar a determinado organismo público; por ejemplo, es común que lo destine al Ministerio de Salud Pública o a ASSE. Y por eso es que el Estado termina teniendo bajo su responsabilidad más inmuebles de los que quizás necesite. O por eso sucede a veces que posee inmuebles pero estos no responden a las características que le gustaría.

Otra puntualización sobre este diagnóstico: En el caso de los entes públicos, según nos decía Dibarboure, los registros y la gestión de los inmuebles está un poco mejor organizado porque, entre otras cosas, las empresas públicas tienen que hacer valuación de sus inmuebles para registrarlos en sus balances en muchos casos. Por eso es que ahora, al menos en esta primera instancia, no pusieron el foco allí.

EC: ¿Qué otras conclusiones sacaron al analizar los registros y la forma de administración de los inmuebles del Estado?

RA: Encontraron que el registro tampoco tiene todos los antecedentes actualizados y que no hay quien valide que la información que existe de determinado bien sea la correcta. Tampoco se dispone, en el caso de la Administración Central, de un protocolo que defina cómo cargar los datos de cada bien, mientras no haya un espacio común a todos los organismos.

Pero no todo lo que hallaron fueron debilidades o problemas. También identificaron algunas fortalezas:

(Audio Dibarboure)
“El MTOP está haciendo la trazabilidad de la obra pública. Georreferenciación de Catastro… Desde la época del índice Coneat ahí tenemos un montón de información georreferenciada. El Instituto Nacional de Colonización tiene inventario de tierra muy actualizado. La Dirección Nacional de Topografía también. La Anep (Administración Nacional de Educación Pública) también. Las intendencias, ahora con el Plan de Ordenamiento Territorial ,tienen todo bastante identificado. Ahora, lo que nos marca es que, teniendo 2.500 registros de inmuebles, no parece ser un gran problema [gestionarlos]».
(Fin de audio)

La experiencia internacional

Luego del diagnóstico –nos contaba Dibarboure- se abocaron a averiguar qué se hace en otros países con este tema de la administración de los inmuebles del Estado, para no salir a “inventar la rueda”.

(Audio Dibarboure)
“En general tienen una unidad que centraliza… en algunos casos tienen como la CND nuestra, una agencia o sociedad que se vincula con el sector privado pero el accionista es público. (O sea), la CND podría llegar a ser… Eso lo hace Colombia por ejemplo. Chile tiene directamente un Ministerio de Bienes, pero además tiene competencias y actúa… Si precisas uno acá (te lo asigna)…. Después tenemos casos como Italia y España, que tienen unidades descentralizadas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y en algunos casos como Argentina y Brasil lo vinculan con las oficinas de Planeamiento…”
(Fin de audio)

O sea, según lo que relataba Dibarboure, “la situación no asusta”. “Podemos ir por un modelo centralizado o descentralizado”, decía, pero eso implica definir esta última etapa del proyecto: elegir la institucionalidad, quién llevará a cabo las políticas en torno a los inmuebles del Estado.

También es necesario determinar el software que se empleará, pero eso, según Dibarboure, es secundario. Él aclaraba: “si alguien piensa que esto se resuelve definiendo sólo el software, está errado”. De hecho, esta comisión que está trabajando en el tema hizo una consulta pública para posibles proveedores de soluciones informáticas que brinden alternativas para administrar los inmuebles del Estado de la mejor manera. El llamado se realizó sin compromiso de compra y sin que el interesado tenga derecho a iniciativa, y permitió acceder a entre 10 y 15 propuestas.

El futuro

Pero lo que vale la pena es poner el foco en todo lo que podría hacerse de llegar a concretar este proyecto. Si uno tiene centralizado todos los inmuebles, por lo menos de la Administración Central, no sólo se puede ahorrar algunos alquileres aprovechando los bienes de otra institución, sino que también se puede, teóricamente, racionalizar mucho más el empleo de los recursos:

“Vos imagínate que yo pueda licitar seguridad y vigilancia para 300 inmuebles. Que diga quiero ponerle paneles solares a todos los inmuebles del Estado. Ahí tengo una fortaleza bárbara para economizar en el gasto del Estado….

EC: La pregunta que queda planteada es… ¿Y se podrá efectivamente llevar a cabo algo así?

RA: En realidad, más que dinero, lo que se necesita son decisiones políticas, porque buena parte de los recursos requeridos para este proyecto pueden obtenerse argumentando el ahorro que se obtendría en alquileres y las mejoras que se podría conseguir por economías de escala para contratación de servicios.

De todas formas, por el momento, no hay un presupuesto específico asignado para este proyecto. No obstante, según nos decía Dibarboure, la determinación es dejarlo listo y en marcha para el próximo período de gobierno.

Y, por último, lo que más entusiasma a las autoridades es que si se concreta este “pequeño gran paso”, de administrar y gestionar adecuadamente los inmuebles del Estado, aquí puede estar el inicio de algo más ambicioso…

¿Cómo les suena, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar una plataforma que administre toda la flota de vehículos del Estado, asignando los más adecuados en cada momento y según la función? Sería armar una especie de “Uber” con los autos, las camionetas, los buses y los camiones del Estado.

Foto: Edificio propiedad de la UdelaR (Ciudad Vieja Montevideo). Crédito: Rosario Castellanos/EnPerspectiva.net

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1 Comentario - Escribir un comentario

  1. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Muy interesante la investigación. Es dramática la mala gestión que en ese aspecto y supongo que en muchos otros relacionados con la administración de bienes físicos en general propiedad del Estado.
    En principio, no estoy de acuerdo con la creación de una unidad especializada para encargarse de la administración de los bienes del Estado inutilizados o utilizados en forma improductiva.
    El Estado no es una entelequia. Es una entidad jurídica que está dirigida por autoridades que la población elige, las que delegan su autoridad en otras personas o entidades que son las que al final toman decisiones relacionadas con todos los recursos que el Estado administra. Estos recursos son (a)materiales (terrenos, mejoras, vías de tránsito, vías fluviales, edificios, vehículos, máquinas, etc. etc.), (b) humanos (todos los funcionarios contratados – cualquiera sea la forma – por las diversas entidades que componen el Estado y (c) tecnológicos (sistemas tecnológicos, sistemas administrativos, proyectos, etc). Todos estos recursos corresponden a entes autónomos del Estado, a la Administración Central, a los servicios descentralizados, etc. entidades que tienen sus autoridades, sus cometidos y sus responsabilidades.
    Quiere decir que cada recurso, cualquiera sea su naturaleza, tiene asociada una entidad y naturalmente un autoridad que es responsable de gestionar todos y cada uno de los recursos asignados. En consecuencia, si hay un inmueble, un vehículo automotor, un grupo de funcionarios o un sistema informático que no está siendo bien gestionado, hay una autoridad, hay una persona o un grupo de personas que son responsables de esa falla.
    Entonces, no hay que agregar más unidades descentralizadas para encargarse de los inmuebles y de la flota (como agregaba Romina) en desuso o casi en desuso, sino que hay que exigir a las autoridades de cada una de las entidades que componen el Estado que realicen una revisión profunda de todos los recursos que están a su cargo y evalúen si están siendo utilizados en forma productiva y como resultado de esa revisión propongan vías concretas y rápidas de solucionar todas aquellas instancias en que la productividad no es apropiada.
    Esta tarea debería ser realizada en forma regular y permanente por cada entidad del Estado.
    Lo que podría ser útil sería desarrollar una entidad asesora que tomara conocimiento de las evaluaciones realizadas a todo lo ancho del Estado y con una visión global del conjunto del Estado pudiera aconsejar la realización de transferencias de recursos (de todo tipo) entre entidades, la enajenación de bienes, la terminación de vínculos de trabajo personal, la terminación de contratos de servicios de terceros y otras vías de lograr la mayor productividad global de los recursos. De todas maneras, esa entidad asesora, solamente debería asesorar y no tomar decisiones. Estas y las ejecuciones de las mismas deberían ser tomadas por las entidades responsables de gestionar los recursos.
    Este esquema necesitaría, obviamente, un control independiente. El problema es que como todas las entidades del Estado a nivel de todo el país estarían afectadas por este mecanismo, no habría ninguna entidad independiente que pudiera asumir la responsabilidad de ejercer el control. En ausencia de una entidad independiente, podría recurrirse a una entidad que reúna, por ejemplo, representantes de cada uno de los poderes del Estado (3), del conjunto de los Gobiernos Departamentales (1) y del conjunto de los entes autónomos y servicios descentralizados (1). Esta entidad podría ejercer un control en base al análisis crítico de los informes anuales de todas las entidades del Estado. Para ejercer este control esta entidad podría recibir asesoramiento de la entidad asesora referida anteriormente y la participación de la Auditoría Interna de la Nación para hacer revisiones específicas y detalladas en entidades elegidas a partir de la revisión crítica.
    Finalmente, para hacer más efectivo el procedimiento propuesto, faltaría establecer los premios y sanciones. Creo que la publicidad del trabajo realizado por la entidad a cargo del control y de las conclusiones sería suficiente premio y sanción.

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