Sindicato de UTE se distanció de los operativos policiales que incluyen inspecciones de luz y agua: «No es con el discurso represivo que vamos a resolver el problema»

Los operativos en zonas como Los Palomares de Casavalle suelen culminar con varios detenidos por conexiones ilegales a energía y agua potable. Para el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, esto se enmarca en una búsqueda por restituir la «cultura de la legalidad»

La agrupación de funcionarios de la UTE, AUTE, se distanció la semana pasada de los operativos que el Ministerio del Interior viene implementando en distintas zonas de Montevideo desde hace casi un año.

Fue en estas intervenciones policiales, coordinadas desde Fiscalía, que se reveló la práctica de usurpación de vivienda que grupos criminales como Los Chingas realizaban en Los Palomares de Casavalle y otros barrios. Recordemos que expulsaban a los vecinos de sus casas para utilizarlas con fines delictivos o entregarlas a otras personas.

Pero los operativos no suponen únicamente allanamientos y detenciones. Suponen medidas edilicias, como el derrumbe del muro fortificado que había construido el clan Figueroa en el Complejo Quevedo, del barrio Jardines del Hipódromo. Y también implican inspecciones de luz y agua para encontrar conexiones ilegales.

Por ejemplo, en un operativo realizado en Tres Ombúes el 3 de diciembre pasado, se detuvo a catorce personas por conectarse ilegalmente a la energía y el agua potable. Dos días más tarde, en una nueva maniobra policial en Los Palomares, Interior informó que los detenidos por este tema fueron seis.

El sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es quien dirige estos operativos. Leal señala que además de buscar desarticular redes de narcotráfico, se agregan las inspecciones de luz y agua porque se busca reinstaurar la cultura de la legalidad en zonas que la perdieron.
Así lo explicó en conversación con la producción de En Perspectiva:

«Lo de la construcción de la cultura de la legalidad tiene que ver con la necesidad de poner en pie de igualdad una agenda de derechos y una agenda de responsabilidades ciudadanas. Y el convencimiento de que el poder asumir responsabilidades es una manera de dignificar a las personas y de construirlas como ciudadanos de derecho también».

Agregó: «El tener una conexión legal a un servicio público implica también poder tener un recibo a su nombre, poder acreditar para cualquier otro organismo un lugar de residencia, y claramente, en casos especiales donde hay dificultades económicas, los organismos públicos como UTE y OSE tienen un sistema de tarifas diferenciales que trata en forma desigual a las personas que son desiguales».

El comunicado
A pesar de esa visión general, el sindicato de UTE afirma que los trabajadores del ente se ven expuestos.
«Nuestro rol es mantener y desarrollar el servicio público de energía eléctrica», plantea AUTE en un comunicado. «Hacemos los mayores esfuerzos por que nunca quede ni un solo rincón donde no ingresemos a ‘dar luz’ a la gente».

«Este esfuerzo y compromiso permanente se ve atacado cuando por decisiones totalmente ajenas a nosotros se nos vincula con el accionar policial, una vinculación absolutamente innecesaria y grave que desvirtúa totalmente nuestra tarea cotidiana y que a su vez nos deja expuestos a eventuales situaciones de violencia, durante y después de los operativos, que no tendríamos por qué enfrentar».

El comunicado dice que el acceso a la energía eléctrica es un «derecho humano fundamental», pero que la tarifa de UTE es «injusta» e imposible de sostener para hogares de bajos recursos.

«Cada invierno sentimos un profundo dolor cuando como trabajadores nos toca asistir donde se producen incendios de viviendas por instalaciones precarias que determinan resultados devastadores para familias muy humildes».

«No tenemos nada que ver con el accionar represivo», cierra el comunicado del sindicato.

Sebastián Herrera, presidente de AUTE, habló con la producción de En Perspectiva para profundizar.

«Los trabajadores de UTE entendemos que por supuesto está perfecto que se pueda fiscalizar que los usuarios se conecten a la red de forma regular, pero también que hay muchas situaciones que se dan que hacen imposible el acceso a la energía de forma regular, y por lo tanto es dificultoso poder acceder a un derecho humano fundamental».

Por eso, señaló: «El Estado lo que debe profundizar es en políticas públicas y sociales de inclusión y de regularización. Hay herramientas para hacerlo, hay algunas iniciativas que la UTE ya tiene y que saludamos. Pero entendemos que el mensaje hacia la población, hacia el usuario que hace el esfuerzo por pagar la luz y aquellos sectores más golpeados, no es con el discurso represivo que vamos a resolver el problema».

Herrera contó además que los trabajadores de la empresa estatal han realizado jornadas de reflexión para discutir el lugar en el que quedan parados con estas inspecciones.

Hasta ahora no han vivido situaciones de violencia física, pero sí dijo que los vecinos que atravesaron recientemente un operativo los reciben con un «clima hostil». Según Herrera, se trata de un tema más de fondo, un tema político sobre la función de UTE en la sociedad.

«Muchas veces se terminan armando especies de asambleas en los barrios, explicándole a los usuarios, al pueblo del cual nos sentimos parte, qué es lo que pasa, por qué se dan estas condiciones, que en UTE está pasando por una realidad internamente que los recortes están haciendo pedazos el servicio, explicarles lo de la tarifa, que el sindicato tiene una propuesta, y con eso tratamos de matizar y de ir resolviendo los problemas», dijo Herrera.

Continuó: «Nosotros históricamente hemos tenido la decisión, que la vamos a seguir manteniendo, de que vamos a entrar a todos lados, queremos ir a dar luz a todos lados, no queremos entrar en eso de que es zona roja o zona no roja. Nosotros queremos entrar a todos lados. Ahora, queremos discutir cuál es el rol que tenemos, y por supuesto las condiciones de seguridad. Ni que hablar que tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerlo».

En Perspectiva se comunicó con el sindicato de OSE. Gustavo Ricci, presidente del gremio, dijo que si bien cuadrillas de esa empresa también participan de los operativos, no se han recibido hasta ahora quejas de sus afiliados y por lo tanto no se ha emitido opinión respecto de este tema.

La respuesta
¿Qué responde a esto el Ministerio del Interior? Gustavo Leal aclaró que ni la Policía ni la cartera han recibido denuncias por violencia hacia los funcionarios de UTE luego de la realización de un operativo.

En caso de recibir un pedido de protección a los trabajadores de los entes, Leal adelantó que se podría contemplar.
Además, el jerarca explicó que la decisión de citar a personal de los entes públicos no depende del ministerio sino de la Fiscalía. Dijo que se han realizado actuaciones de gran escala sin participación de otros organismos por fuera de la Policía. Y que cuando sí participan, no solo se abarca a UTE y a OSE sino que también se han realizado censos o se ha incluido a Bomberos o la división de Arquitectura de la Intendencia.

De todos modos, Leal resaltó el profesionalismo del trabajo de UTE y OSE y comprendió que se separen de las actuaciones policiales.

«El trabajo que ellos hacen es súper importante, todo el tema de la reconexión y de la formalización de la gente. Los procedimientos, las consecuencias jurídicas que tienen, no tienen que ver con el trabajo de ellos».

«De hecho, por ejemplo, en Los Palomares ya hay una tercera parte de las viviendas tienen conexión legal de UTE y de OSE. Es decir que tienen contadores. Eso ha sido parte del proceso de regularización que fue viable gracias a que reinstalamos la cultura de la legalidad en ese lugar».

Leal afirmó que el objetivo es llegar a marzo del año que viene con todas las viviendas de la Unidad Misiones con su contador de agua y con su contador de luz, por primera vez en 40 años.

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