¿Habilita la corrupción el Código de Proceso Penal?

Paola Feige, esposa del sindicalista argentino Marcelo Balcedo acusado de una mega estafa en su país, producto de la cual adquirió propiedades multimillonarias en Uruguay y otros países, afirmó que la fiscalía de nuestro país intentó negociar su libertad a cambio de sus bienes. Desde la audiencia, Gustavo puntualiza que ni cree ni deja de creer en la acusación, pero cree que el nuevo Código de Proceso Penal abre la posibilidad de corrupción de los fiscales.


Anoche me llamó la atención una nota en un informativo. En ella, la esposa de Balcedo, un gremialista y empresario argentino (ambas cosas, curioso) exponía sobre su paso por un juzgado uruguayo donde el matrimonio había sido apresado a solicitud de la Justicia argentina por presunto lavado de dinero.

El caso es conocido. Lo mediático fue la intervención de un operativo policial en una particular residencia muy extensa, con multitud de autos de gama alta en su interior, un zoológico particular y la confiscación de algunos millones de dólares en ese operativo. Escándalo mayúsculo para nuestra provinciana realidad.  La mansión, los animales exóticos, los autos, los millones fueron la comidilla de todos.

El matrimonio insistió desde el principio en que el dinero era suyo, que la familia del gremialista tiene dinero y propiedades, que puede demostrar su procedencia, que hubo abuso en el operativo pues fueron confiscadas cosas sin orden judicial, ya que ésta se limitaba al arresto y no disponía confiscación.

No sé si esto es verdad o estrategia de defensa. Lo cierto es que la Justicia los ha liberado al no comprobar ninguna ilegalidad en Uruguay, pero se mantiene su confinamiento en la residencia hasta solucionar o aclarar el trámite judicial argentino que, en definitiva, disparó todo esto.

La nota entonces ingresa en lo medular. La señora entra en detalle de la actuación del fiscal de la causa, que según ella no guardó objetividad e intentó extorsionar al matrimonio, ofreciendo libertad y liberación a cambio de sus bienes.

“Nos dijeron que quedábamos libres si les dejábamos el dinero en efectivo y los autos empadronados en Uruguay. Teníamos que declararnos culpables para eso. El código procesal nuevo lo permite”, dijo la esposa de Balcedo.

“Es el modus operandi de la Fiscalía. Lo que buscan es, si ven un poco de dinero quedarse con él; hacen un arreglo, te declaras culpable, vas para tu casa”, afirmó.

“La Fiscalía de Uruguay quiere hacer caja cuando ven dinero, a las pruebas me remito”, agregó. “Si decís que no, te mandan a los peores lugares, a las cárceles en las peores condiciones; a mí me pasó, lo hicieron conmigo”, siguió.

Me interesó mucho la entrevista pues, desde que se ha discutido y puesto en práctica en un trabajoso trámite el nuevo Código de Proceso Penal, siempre he tenido algunas dudas en algún aspecto puntual. No soy abogado, no tengo preparación en leyes.

Sin embargo, busco estar siempre informado y, desde el inicio del proceso de aprobación del nuevo código, me hizo ruido la forma en que se concentra en los fiscales el poder de iniciación de los juicios: si ellos no acusan, no hay juicio. Si ellos no prueban, el juez no puede agregar pruebas. Si ellos piden una pena, el juez no puede excederla. Si ellos acuerdan, nadie puede intervenir.

En mi mente desconfiada, se me hizo patente el filtro que pueden significar los fiscales si quisieran serlo: un fiscal deshonesto podría no acusar a un culpable, podría acusar a un inocente y exigirle (porque está en su poder) dinero u otra cosa a cambio de una “negociación por juicio abreviado”.

Un fiscal deshonesto podría decidir «cajonear» denuncias e impedir a cualquier ciudadano presentarse por sí ante un juzgado y solicitar justicia, cual era su derecho antes. Mi esperanza, entonces, ya no es llegar al juez… porque el juez ya no es más que parte del engranaje.

Demasiado, ¿no? Por lo menos si esto es así y yo no estoy equivocado.

Pero debo estar equivocado, supongo. Debe haber algún hilo conductor de cierta lógica de protección al más débil ante la posible corrupción de funcionarios. Debe haber algún procedimiento no mencionado o público que haga más razonable todo esto.

Pero no puedo evitar, escuchando nuevamente las palabras de esta señora, que me vengan a la mente virtuales imágenes de pérfidos mercaderes, profanando un lugar sagrado como es un templo, que no respeten el lugar cargado de simbología y valores en donde están a cambio de un puñado de monedas, antes que un judío exaltado andrajoso los eche a patadas de allí.

Gustavo Calvo
Vía correo electrónico


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