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Declaración de Casa Grande (FA) sobre predios del Dique Mauá

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El sector que lidera la senadora Constanza Moreira se opone "absoluta y tajantemente" a la venta de los predios ubicados en la rambla sur

Declaración:

A fines del año pasado el Senado de la República otorgó media sanción a un Proyecto de Ley que habilita al Poder Ejecutivo a enajenar dos padrones (6.177 y 7.751) de la Rambla Costanera Sur de Montevideo, sitio conocido como “Dique Mauá”, como contrapartida a quien construya obras portuarias, terrestres y marítimas con destino a una nueva terminal fluvio-marítima para pasajeros.

Si bien no se puede pasar por alto el carácter estratégico del proyecto, en los últimos meses han surgido diversas y legítimas voces críticas del mismo en ámbitos sociales, vecinales, académicos y políticos. Si el proyecto de ley obtiene la aprobación definitiva, parte de la faja costera pasaría de ser un bien común de la población, a un bien privado.
Ante estas voces, y en este contexto, el sector Casa Grande del Frente Amplio declara:

1. La rambla de Montevideo es patrimonio colectivo y cultural de la nación, y el Dique Mauá es un espacio público emblemático del paisaje urbano de la capital del país, que forma parte de un bien público de importancia central como es la faja costera. Sus terrenos son parte integral y destacada del patrimonio histórico-cultural de la ciudad y desde esa perspectiva contribuyen de manera sustantiva a la calidad de vida de toda la población.

2. No podemos ni debemos ignorar que son necesarias intervenciones mayores para mejorar las condiciones de éste y otros sectores de la Rambla Costanera, pero la enajenación de estos terrenos en las condiciones planteadas sentaría un precedente que contradice una tradición histórica de la izquierda política que ha hecho de la defensa de los espacios públicos y del acceso democrático a estos una seña de su identidad.

3. La falta de debate público previo a la presentación de esta ley ha limitado la participación de quienes serán directamente afectados por ella. Sería bueno recordar el espíritu de la Ley de Ordenamiento Territorial: a saber, que nuestra relación con el territorio en el que vivimos debe ser decidida en un marco de amplia participación pública que garantice sostenibilidad ambiental, equidad social y cohesión territorial.

4. La fuerza política en general, y los diferentes órganos del Gobierno Departamental en particular, deben procesar una discusión más profunda sobre el tema, motivando la participación e integrando lo que de ella surja, teniendo en cuenta no solamente la enajenación sino considerando de manera integral el impacto de la obra en el entorno en el que se concrete. De esta manera, se podría evitar el posible desplazamiento de sectores en situación de mayor vulnerabilidad, proceso de gentrificación que recae mayoritariamente sobre mujeres, niños/as, población afrodescendiente y migrante.

5. Diseñar políticas territoriales que den prioridad al cuidado y mejora de la calidad de la vida integrando criterios como la sostenibilidad, la participación y el cuidado de los bienes comunes es posible. Las condiciones en las que se defina continuar con este proceso deben ampliar las oportunidades de contar con espacios de integración social, en vez de restringirlas, y revitalizar nuestra Rambla con emprendimientos que combatan la fragmentación de nuestra sociedad en vez de fomentarla.

Es fundamental garantizar espacios de debate y definición sobre los bienes públicos, como parte del proceso de transparencia y de ampliación democrática que profundice la legitimidad de un gobierno de izquierda que siempre sea capaz de poner “lo público por sobre lo privado”.

La asamblea departamental de Casa Grande realizada el día 18/8/2018 resuelve:

1- Oponerse absoluta y tajantemente a la enajenación del predio conocido como dique mauá

2- Seguir evaluando y valorando las distintas alternativas posibles para el predio, siempre con la condición de que el mismo se mantenga como bien público.

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