ALUR y Ancap otra vez: ¿Y el debate de fondo?

Por Emiliano Cotelo ///

Esta semana la gestión de Ancap volvió al debate político.

Una de sus subsidiarias, Alcoholes del Uruguay (ALUR), informó que “el directorio ha resuelto formalizar la situación previsional de los trabajadores” agrupados en el sindicato UTAA “vinculados al corte de caña de azúcar en Bella Unión en lo que refiere al pago de la partida por fin de zafra” que se les abona desde el año 2007. Las nuevas autoridades de la empresa agregaron que la decisión se tomó “en el marco de la revisión permanente de los procesos” y que, “luego de un período de análisis del tema abordado con los profesionales que lo asesoran”, se dispuso la presentación del asunto ante el BPS “a efectos de ajustar dicha situación de hecho a la normativa vigente”.

El remitido se dio a conocer el martes de tarde, luego de que el diario El Observador adelantara en su portal un informe que preparaba para el día siguiente. El título decía: “ALUR pagó en negro dinero extra a cañeros de Bella Unión desde hace 10 años”, y luego agregaba que “la partida la reciben los cortadores de azúcar a cambio de no hacer conflictos” .

La versión oficial de la empresa presentó algún matiz al respecto. Dijo que “en el año 2007 ALUR tomó la decisión de pagar dicha partida a los cortadores contratados por la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU) con el fin de fortalecer e incentivar la productividad en un sector vulnerable del país cuyo ingreso anualizado promedio mensual es de $ 10.000”. Y añadió que “este pago se realiza una sola vez al año y abarca a 1.500 trabajadores zafrales de Bella Unión, representando unos $ 7.500 en promedio anual por trabajador”.

Al día siguiente, entrevistamos En Perspectiva al senador Leonardo De León, que durante el primer Gobierno del Frente Amplio ocupó varios cargos en ALUR, incluyendo el de presidente. De León puntualizó que las partidas acordadas en 2007 no podían considerarse un pago salarial “en negro” porque los trabajadores beneficiados no tienen relación de dependencia con ALUR, sino con los productores de caña de azúcar que le venden a ALUR. Además, a diferencia de lo que se consignaba en la nota de El Observador, sostuvo que el acuerdo “no se hizo a espaldas de nadie”, que las transferencias se realizaban bajo la forma de “donaciones” al sindicato, que luego repartía el dinero entre los trabajadores, y que de ese modo quedaban asentadas en la contabilidad de la empresa que, por otra parte, era auditada por la consultora KPMG, que nunca formuló objeciones. Sin embargo, ayer, jueves, El Observador indicó que había revisado los balances, donde no encontró los rubros mencionados por De León. KPMG, mientras tanto, no realiza comentarios debido a un acuerdo de confidencialidad firmado con sus clientes.

La polémica

La noticia, el comunicado de ALUR y las precisiones de De León dieron lugar a un debate político fuerte, y llevaron al Partido Nacional y al Partido Independiente a anunciar que sumarían estos hechos a la denuncia presentada ante la justicia penal luego de que culminó su labor, el año pasado, la comisión investigadora del Senado.

Para el senador colorado José Amorín, lo que se conoció “es un escándalo” y para Pablo Mieres, del Partido Independiente, prueba “que el desastre (en Ancap) no tiene fin”. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pidió que “no pongan el grito en el cielo” por un monto de 600 pesos por mes por persona, anotó que el tema forma parte de la negociación en el consejo de salarios y ubicó el caso en “el proceso de formalización que se está haciendo en el país”.

¿En qué quedamos? ¿Estamos ante algo muy grave o ante una exageración?

Lo bueno y lo malo

Haciendo a un lado esa parte de la controversia, yo creo que el episodio deja algunas conclusiones.

Lo positivo: la confirmación de que el proceso de reestructura de Ancap y sus filiales continúa en curso. En definitiva, esta presunta “irregularidad” fue detectada por las nuevas autoridades de ALUR, nombradas, a su vez, por el nuevo directorio de ANCAP que asumió el año pasado y que encabeza la ingeniera Marta Jara. En particular, según indica hoy El País, la situación se supo luego de que se renovaran los cargos de gerente general de ALUR, gerente financiero y gerente de planta.

Lo malo: la posibilidad de que la población termine asumiendo una nueva factura derivada de la gestión de ANCAP en los últimos diez años. Si el BPS entiende que lo actuado no se ajustó a derecho, no sólo habrá que encarar la regularización a futuro -que implicará un gasto mayor, por los aportes que se añadirán- sino que podrá reclamarle a ALUR los aportes pendientes, que, en el fondo, pagaremos todos nosotros.

Lo bueno: que ALUR enfatice que se guía por una “política de transparencia”, en el marco de la cual “continuará impulsando el cumplimiento de las normas en protección de los derechos de los trabajadores y de la empresa en su conjunto”.

Lo malo: que el comunicado del martes no se divulgó espontáneamente sino como reacción a una revelación periodística y que ayer el presidente de ALUR respondiera a la producción de nuestro programa que no va a formular más declaraciones por ahora. Los medios de comunicación tenemos un papel a jugar en la comprensión de estas situaciones y en esta oportunidad lo que pretendíamos era pasar en limpio algunos aspectos que en estos días quedaron confusos*.

Lo bueno: la sensibilidad que existe ante estos asuntos en la opinión pública y en el sistema político. Hay mucha gente que se interesa por ellos, se informa y discute.

Lo malo: que las reacciones suelen darse con una velocidad meteórica. Muy a tono con estos tiempos de Twitter y Whatsapp, se opina de manera contundente sin esperar una acumulación de información que permita realizar un juicio sereno y fundamentado.

Es bueno que el “problema” de ANCAP reaparezca con frecuencia en la agenda política, a raíz del proceso por el que están pasando sus distintas unidades de negocios. Me parece saludable que el tema no se muera porque, después de todo, en esa empresa y sus colaterales se acumularon demasiados “errores” y resoluciones oscuras en el pasado reciente.

Pero es malo que, por ahora, la discusión sólo se centre en lo que pasó en ANCAP y cómo corregir el rumbo de esa empresa con vistas al futuro.

¿Y el debate de fondo?

Mientras tanto, sigue faltando el otro debate, el de fondo: la reforma de la gobernanza de todos los entes autónomos del dominio comercial e industrial del Estado, para adaptarla a los estándares que hoy ya están consolidados en el mundo.

Este gran dolor de cabeza que terminó siendo ANCAP debería llevarnos cuanto antes a reflexionar sobre un nuevo modelo de conducción de las empresas públicas, más profesional y transparente y que le diera coherencia al conjunto de estas compañías. Un esquema así, de paso, reduciría claramente el margen para los manejos voluntaristas y desprolijos a los que estamos acostumbrados desde antes incluso de los gobiernos del FA. Un esquema así volvería a estas empresas más eficientes y realmente útiles al servicio del país.

Ya existe suficiente experiencia internacional en esta materia, incluso cerca de nosotros, en la región. Ya hay trabajos académicos locales que han preparado propuestas concretas. El Gobierno anunció que se iría por este camino. Pero, por ahora, ese paso sigue demorándose.

* Por ejemplo, el abogado laboralista Rodolfo Saldain explicó a En Perspectiva que cuando una donación se vuelve regular pasa a estar gravada por la seguridad social a partir del tercer pago, según lo dispuesto en la ley 16.713 y en el Decreto 113 del año 1996. Saldain dijo que en principio una empresa puede hacer una donación a personas que no son trabajadoras dependientes de ella, como dice De León. De todas formas, es un caso “raro” y el BPS deberá indagar si en el fondo existe alguna forma de vínculo laboral entre ALUR y los cortadores de caña. Por lo pronto, llama la atención la dualidad de criterios, porque el actual directorio de Alur se presenta ante el BPS para regularizar la situación –asumiendo, implícitamente, su carácter de empleador- mientras que en la época de De León se consideró que esos trabajadores no eran dependientes.

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Emitido en el espacio En Primera Persona de En Perspectiva, viernes 12.05.2017, hora 08.05

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7 Comentarios - Escribir un comentario

  1. Maria Luisa Tosi. Zás. · Edit

    Muy opportune la aparción del Colega , laboralista Saldain, si el mismo que fue Director del BPS, por 1995. Sería buenísimo entrevistarlo, a efectos de que nos aclare, que pasó con Nuestros Aportes, con Hoenir Sarthou. Me refiero a mis aportes y los de tantos, tal vez también los vuestros. No we volcaron a las AFAPs, aportes comprobados y comprobables, del 79 al 95, cuando se nos forzó el ingreso a las AFAPs.
    De paso, analizar las implicancias del Proyecto de Solución, que implica volviernos al BPS, ahora si, con todos LOS aportes vertigo a AFAPs ¿ Estaremos a pinto de financiar otros Deficit del Sistema Previsional…???
    Confio en vuestro pulcro trabajo periodístico, para encontrar respuestas, a las preguntas que nos hacemos los # Cincuenrones, cada día. QUienes nun a trabajamos, ni percibimos un peso en negro!

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  2. En efecto, la conclusión da en el clavo:
    La esencia de la discusión debería ser la institucionalidad, y más específicamente la regulación mucho más abarcativa para eliminar los manejos a suerte y verdad.

    Las participaciones accionarias que desdibujan el linde entre el Derecho público y el Derecho privado , las «donaciones», los cargos de confianza, y tantas otras cosas que permiten el uso y abuso de los recursos (siempre con ese comodín que es el respaldo financiero estatal implícito de una empresa pública) tienen un único desenlace posible.

    Mientras eso no se encare, todo esto será simplemente la consecuencia lógica y esperable del asunto.

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  3. Leonardo Decarlini · Edit

    «…nuevo modelo de conducción de las empresas públicas, más profesional y transparente y que le diera coherencia al conjunto de estas compañías. Un esquema así, de paso, reduciría claramente el margen para los manejos voluntaristas y desprolijos a los que estamos acostumbrados desde antes incluso de los gobiernos del FA. Un esquema así volvería a estas empresas más eficientes y realmente útiles al servicio del país.
    Ya existe suficiente experiencia internacional en esta materia, incluso cerca de nosotros, en la región. Ya hay trabajos académicos locales que han preparado propuestas concretas».

    ¿No será conveniente dar algunos pasos más e instalar este tema en la preocupación pública de modo de que el gobierno se sienta forzado a encararlo? ¿Será posible que EnPerspectiva difunda información de esa experiencia internacional que dices que existe y también los trabajos académicos que mencionas? ¿Será viable convocar a un espacio público de reflexión sobre el tema, en el cual EnPerspectiva reciba ideas y argumentos al respecto, que luego sirvan en la toma de futuras decisiones? Digo, para no quedarnos solo observando que el gobierno dijo que iba a hacer algo y aun no lo hace…

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  4. A diferencia de los demás comentarios, quisiera referirme a ALUR en sí. ¿Tiene sentido su existencia, o es un engendro voluntarista que mezcla objetivos comerciales con objetivos políticos y beneficencia mal disimulada?
    1) Está muy bien que el país quiera incursionar en los biocombustibles, para reducir su «Huella de Carbono». Pero el costo de producción no debería ser superior al de la paridad de importación (eventualmente descontando subsidios implícitos de los «competidores»)
    2) La razón por la cual se estatizó la importación y refinación de crudos, prohibiéndose la importación por privados de derivados de petróleo, fue evitar la predominancia de comercializadores extranjeros de combustibles que se consideran estratégicos. A nadie se le ocurrió jamás estatizar la producción y comercialización de madera, el primer y principal biocombustible que usó y usa Uruguay. Es un absurdo que a los demás biocombustibles, que por ley sólo se deberían usar en mezclas de hasta el 10%, se les considere «estratégicos» y por lo tanto monopolizados. Perfectamente se podría dejar librada su producción a la actividad en competencia.

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  5. Diego Nelson Sosa Maipaicena · Edit

    Mi comentario va dirigido a las expresiones de Cotelo donde aspira a un nuevo modelo de conducción de las empresas públicas con mayor profesionalidad y transparencia con el propósito de lograr mayor coherencia en el conjunto de empresas públicas, reducir manejos voluntaristas y desprolijos, conseguir mejorar la eficiencia y la utilidad de las empresas para el país.
    Dice Cotelo que hay experiencia internacional e inluso en la región y propuestas concretas provenientes de la academia. Lamento mucho no estar al tanto de ello.
    Antes que nada, quisiera preguntarle a Cotelo quién hizo una evaluación profesional del modelo de conducción de las empresas públicas en el Uruguay. Si algún profesional competente la hizo me gustaría poder acceder a ella. Si no la hay, no hay derecho a hacer las afirmaciones que hace Cotelo con respecto al modelo de conducción de las empresas públicas en el Uruguay. El escaso conocimiento que he adquirido en el pasado con respecto a las mismas, me sugiere que no todas se administran siguiendo un modelo común.
    Me temo que se están extrapolando las conclusiones a las que han llegado algunos políticos interesados con respecto a los resultados económicos de ANCAP. El denominador común de las posiciones sustentadas por los políticos es que hubo una desastrosa gestión. Naturalmente nadie se ha tomado el trabajo de establecer las diferencias entre una gestión apropiada y la «desastrosa» desarrollada por ANCAP. Todavía no se ha realizado ningún estudio serio y responsable que permita establecer las debilidades de la gestión y menos aún las causas específicas de los resultados negativos de la empresa..
    Por otro lado, me gustaría que Cotelo se refiriera también al modelo de conducción de las empresas privadas en nuestro país. Está seguro Cotelo que las mismas son conducidas en base a un modelo que asegura transparencia y evita voluntarismos y desprolijidades, que trabajan eficientemente y son útiles para el país?. La falta de eficiencia de las empresas públicas se traduce en mayores precios de los productos o servicios que proveen y que paga la población. De la misma manera, la falta de eficiencia de las empresas privadas se traduce en mayores precios de los productos y servicios que proveen y que paga la población. También se traduce en mayores precios para la población la falta de competencia entre las empresas privadas que se traduce en acuerdos de precios de empresas oligopólicas que acuerdan los precios para conseguir las mayores ganancias posibles en perjuicio de los consumidores. También la población paga mayores impuestos debido a que muchas empresas privadas procuran y consiguen eludir la carga impositiva.
    Es muy interesante el punto que plantea Cotelo. Sería muy buena idea promover la realización de estudios serios y responsables con respecto a la calidad de la gestión en las empresas públicas y en las empresas privadas.
    Sería una política de estado muy saludable que periódicamente se realizaran estudios de la realidad empresarial (pública y privada) en lo que refiere a la gestión de las mismas realizando comparaciones con las propuestas actuales de la academia y con la realidad de otros países de similares características. El financiamiento de tales estudios debería estar a cargo del Fisco en lo que atañe a las empresas públicas y de las empresas privadas en lo que a ellas mismas atañe.
    Creo sinceramente que esos estudios obligarían a los políticos a estudiar para poder comprender los resultados de los estudios realizados y podrían dejar de «talentear» como hacen en la actualidad y desarrollar una tarea útil para la sociedad que paga sus elevados salarios y los onerosos gastos asociados a su trabajo..

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  6. Diego Nelson.
    Si ancap y alur fueran privadas, sus presidentes no serían personas sin título universitario que llegan a ese cargo por pura voluntad de un viejo impresentable que quiere un poco de glamour en su agrupación política!
    Seguramente serían personas formadas y especializadas en dirección de empresas, con amplia experiencia en dirigir empresas que facturan 4000 millones.
    Y si por el contrario los accionistas de ancap y alur fuesen sindicalistas o politicos sin experiencia ni formación en dirigir empresas de ese porte, el culo que sangraría no sería el de todos los uruguayos. Sería de los accionistas millonarios que van a perder su fortuna por haber tomado una mala decisión.

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  7. El verborrágico Sr. Diego Nelson Sosa Maipaicena, vuelve a confundir transparencia de empresas privadas con empresas públicas. Nuevamente justifica las ineficiencias de las empresas públicas aduciendo que muchas empresas privadas seguramente también son ineficientes. Como si una cosa justificase la otra. Obviamente el Sr. Diego Nelson Sosa Maipaicena se olvida que como ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos derecho de meternos a averiguar cómo funcionan las empresas privadas. De eso se deben encargar los dueños y/o accionistas de esas empresas. Si una empresa privada funciona bien o mal, es problema de la empresa privada y la gente que está asociada a ella y serán ellos los que deban preocuparse de la eficiencia o ineficiencia de su funcionamiento. En el mismo sentido, las empresas públicas, por su carácter de tales, deben rendir cuentas a la ciudadanía, porque se «supone» que al ser públicas hacen uso de los recursos del estado y esos recursos salen de nuestros bolsillos. Eso quiere decir, en buen romance, que de las empresas públicas todos los ciudadanos somos «dueños» o «accionistas» (¿o acaso Antel no es la «empresa de todos los uruguayos»?) y por lo tanto se nos debe rendir cuentas a nosotros sobre su funcionamiento y nos debe preocupara a nosotros si su funcionamiento es eficiente o no, si es adecuado o no. Y recordemos que el FA llegó al gobierno, luego de muchos años de lucha política, prometiendo que iban a poner a su mejor gente al frente del estado y de las empresas públicas. ¿No tenían a nadie mejor para poner al frente de la empresa que maneja uno de los principales rubros energéticos del país? ¿No hubiese sido mejor poner a alguien con una mínima solvencia en gestión? ¿Acaso Ud. Sr. Diego Nelson Sosa Maipaicena puede comparar el efecto que puede tener cualquier empresa privada con el efecto ineludible que tiene para nuestra economía la empresa que produce el combustible que mueve a la producción del país y que determina de manera fundamental la capacidad del nuestro país para competir comercialmente a nivel internacional? ¿Ud. Sr. Diego Nelson Sosa Maipaicena, se da cuenta de la importancia que tiene y el cuidado que hay que poner en la gestión de una empresa que tiene un peso económico tan sustancial en la matriz productiva de nuestro país? ¿Se da cuenta?

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