Entrevista central, lunes 28 de agosto: Constanza Moreira

Entrevista con la senadora Constanza Moreira, líder de Casa Grande (FA).

facal-v2-banner-en-perspectiva-net

EN PERSPECTIVA
Lunes 28.08.2017, hora 8.20

Video de la entrevista

EMILIANO COTELO (EC) —En los últimos días Casa Grande (CG), el sector del Frente Amplio (FA) que lidera la senadora Constanza Moreira, ha salido a marcar la cancha interna de la coalición de izquierdas.

Por un lado, pidió que si surge “una evaluación negativa” del dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP) a propósito del vicepresidente Raúl Sendic por el uso de las tarjetas corporativas de Ancap, la sanción “sea estrictamente proporcional al eventual grado de apartamiento de los principios éticos de la acción política”. Al mismo tiempo, advirtió que “en este doloroso episodio” hubo dentro del FA “deslealtades”, “filtraciones”, “cálculos menores”, “encarnizamiento” y “predominio de lógicas de construcción de poder”.

Mientras tanto, en el ámbito parlamentario, CG se desmarcó de la posición mayoritaria del oficialismo en algunos puntos de la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, y, por otro lado, viene proponiendo alternativas al voto consular de los uruguayos en el exterior, que ha vuelto a discutirse.

Tenemos varios temas para conversar con la senadora Constanza Moreira.

¿Cómo observaron la recorrida que realizó Raúl Sendic el viernes pasado por varios comités de base el Día del Comité de Base?

CONSTANZA MOREIRA (CM) —Fue un gesto, todo un gesto ir a enfrentarse con los militantes de a pie y ver cómo era recibido. Por lo que me cuentan, fue bastante bien recibido y tuvo un cierto arrojo en salir a la calle, exponerse; no por el tiempo, que era horrible, sino porque allí iba a estar la prensa, todo el mundo conocía la recorrida de antemano. Así que lo veo yo también como un gesto preparatorio de lo que será el plenario del 9 de setiembre, en un par de fines de semanas más.

EC —De algún modo se convirtió en el centro de atención de esa jornada, cuando la presidencia de la coalición había sugerido a los comités que trataran, por ejemplo, el Congreso de la Educación que se viene. No sabemos nada de lo que ocurrió con eso porque todos los focos estuvieron puestos en Sendic.

CM —Claro, porque está esa idea de que uno le puede indicar al FA qué discutir, pero luego se reúnen diez personas y discuten lo que quieren. Y es obvio que el FA está discutiendo el tema de Sendic, lo está discutiendo con pocas bases, nadie tiene el dictamen del TCP.

EC —¿Usted no lo leyó?

CM —No, no, yo no lo leí.

EC —Porque hay gente que lo leyó, está claro que hay gente que lo leyó.

CM —Sí, puede ser. Yo no, ni lejos de haberlo leído. Hubo una serie de conciliábulos, nosotros no participamos en ninguno de ellos. Por supuesto que se anticipa que el fallo del TCP es negativo, es obvio, porque es más simple decir “está todo bien” y es mucho más difícil decir “están estas cosas mal”. Hay una discusión grande sobre si el fallo se va a conocer con antelación, si se va a abrir allí mismo en el plenario. Nosotros mismos dentro de CG tenemos una intensa discusión sobre esto, porque muchos dicen que el fallo debe conocerse con antelación, porque si no es imposible tomar posición. Un fallo que aparentemente tiene muchos considerandos y luego una resolución. Para conocer la resolución uno no puede leerla sola, tiene que leer los considerandos, qué sé yo.

EC —Usted no leyó el fallo, pero tiene “cuentos” de cómo es, que tiene muchos considerandos, por ejemplo.

CM —Que tiene muchos considerandos y que tiene una resolución, sí, obviamente. La discusión está sobre cuán abierta tiene que ser esta discusión para los militantes.

EC —Hoy la Mesa Política del FA va a tratar ese punto. Hay un planteo de la Vertiente Artiguista que reclama que se abra, que se difunda; incluso hay quienes recuerdan los estatutos y dicen que eso está previsto.

CM —Sí, 15 días antes.

EC —Que 15 días antes tiene que conocerse.

CM —Debe ser entregado. Hasta la una de la tarde, cuando se celebra la Mesa Política, se está discutiendo a través de medios electrónicos, están participando las departamentales. Mucha gente quiere que el fallo se abra, en el sentido de que la gente lo conozca para tomar posición en el Plenario. Otros creen que abrirlo es volver a exponer la situación y generar todo este clima que tanto le complica la vida al Frente. Veamos finalmente lo que se termina resolviendo. Creo que hay razones para una cosa y hay razones para la otra, por eso la decisión es difícil.

EC —El viernes en su recorrida Sendic hizo varias definiciones importantes. Por ejemplo, dijo: “Muchos de nosotros que hemos ocupado cargos de gobierno hemos cometido errores, pero –citando a Tabaré Vázquez– podemos haber metido la pata pero no la mano en la lata”.

CM —[ Se ríe.] Los viejos titulares de Brecha de hace no sé cuántos años. Había uno que decía “Metió la pata” y otro “Pero no la mano en la lata”. Quedó esa frase. Creo que el Frente tiene que tener un sistema de evaluación y propuesta de sus cargos políticos bastante más racional que lo que tiene.

EC —¿A qué se refiere?

CM —No tenemos un sistema más o menos colectivo de evaluación del desempeño de los cargos políticos. La gente entra a las funciones, sale de las funciones, ¿lo hizo bien?, ¿lo hizo mal? ¿Dónde está la evaluación de eso?

EC —No hay rendición de cuentas.

CM —No hay rendición de cuentas de los cargos políticos, que, como somos un gobierno nacional con unos cuantos gobiernos departamentales, son muchos. Creo además que Uruguay tiene un exceso de cargos políticos, para mí el país debería ir reduciendo sus cargos políticos. Por decir algo, un director de un hospital público no puede ser un cargo de confianza, tendría que ser un sistema concursable, puede ser un interinato; en fin, hay muchas cosas en la Administración Pública para hacer eso. Creo que Uruguay tiene un exceso de cargos políticos, que los cargos políticos han sido usados en el pasado como sistema de recompensa de una clase política, todo lo que se llamó el sistema de compromisos entre blancos y colorados fue este acuerdo con cargos políticos metidos dentro del Estado. El Frente hereda este tema de los cargos político y no termina…

EC —¿Leyó la columna de López D’Alessandro este fin de semana en La Diaria?

CM —Sí, la leí. La declaración de CG habla de eso.

EC —Él sostiene que el FA al llegar al poder asumió, convalidó, dio continuidad a prácticas de funcionamiento del Estado que venían de décadas de gobiernos colorados. Critica al Partido Colorado (PC), pero critica al FA por haber continuado por esa senda.

CM —Porque el Partido Nacional (PN) prácticamente no fue gobierno a lo largo del siglo XX. Está tratando de serlo, pero no es que haya tenido una larga trayectoria en esto. El sistema de reparto de cargos en el Estado aseguró la gobernabilidad de este país durante el siglo XX. Recuerden que ni siquiera teníamos presidente, teníamos un Consejo de Administración, un colegiado. El Uruguay se genera sobre la base de ese acuerdo entre el PN y el PC que con el tiempo se va desvirtuando y es nada más que un acuerdo que no tiene programa, no tiene objetivo, no tiene proyecto país, es simplemente un acuerdo de reparto del poder.

Cuando el FA llega al gobierno es una realidad distinta, porque es la primera vez en muchos años que se tiene un gobierno de un partido solo. Es cierto que con Mujica se vuelve a ensayar esto de que los blancos y los colorados estén en el gobierno, y con el segundo Tabaré esto se hace en forma más amortiguada. Pero me refiero a que el FA, que todavía tiene la dignidad como partido de tratar de resolver los problemas internos, creo que parte de lo que pasa con Sendic expresa esta sabiduría del FA de decir “antes de que nos resuelvan otros las situaciones difíciles, vamos a darnos la discusión y ver qué hacemos”. No sé con cuánta sabiduría al final el Frente va a lograr hacer una síntesis de opiniones tan diversas como las que hay sobre el caso Sendic, pero creo que –y es lo que dice la declaración de CG y también está en la columna de D’Alessandro– tenemos que tener esta discusión sobre los cargos políticos, cuántos necesitamos, quiénes tienen que ser, con qué currículos, que los cargos políticos dejen de ser un reparto sectorial.

Esto no tiene nada que ver con Sendic, porque Sendic es un vicepresidente que efectivamente fue elegido por el Plenario, por eso la situación de él vuelve al Plenario.

EC —Sí, lo que se está discutiendo es su gestión como integrante e incluso presidente del directorio de Ancap.

CM —Exactamente. Creo que como FA tenemos que tener una evaluación ex ante y una evaluación ex post. Yo ya lo planteé sin ningún éxito en el Secretariado en el año 2014, dije “¿cómo se va a armar este nuevo gobierno?”, y dijeron “eso lo va a armar Tabaré”. El FA se deslindó de tener una participación efectiva en el armado del gobierno, dejó que los gobernantes eligieran discrecionalmente. Eso me parece mal. Pero el tema es la evaluación ex post. ¿Qué sabemos de la evaluación? Porque ahora está el caso Sendic, pero si no tenemos un sistema de evaluación del desempeño, de la actuación de esos cargos que son de responsabilidad política, va a pasar que o actúa la justicia –muchas veces si hay una demanda actúa la justicia, judicializamos la evaluación de desempeño– o simplemente los compañeros pasan en el medio de evaluaciones más o menos subjetivas sobre si trabajaron bien, si trabajaron mal. No tenemos ese mecanismo.

Y lo que dice D’Alessandro es un principio obvio de partidos que acceden al gobierno y están mucho tiempo en el gobierno, se desarrolla una burocracia política. Que es una burocracia de gestores, yo siempre digo que el mejor indicador para saber si alguien se va a mantener en un cargo político es saber si lo tuvo antes. Porque las personas a veces entran a los cargos políticos, no saben mucho de la materia, pero luego se transforman en expertas en esa materia, entonces continúan en el ejercicio de esas funciones. El FA se debe esta discusión sobre el desempeño de sus cargos políticos.

EC —Acá lo que tenemos sobre Raúl Sendic en particular no es la evaluación de su gestión como integrante del directorio de Ancap y presidente en varios años. Eso no está, es lo que se ha estado discutiendo en la comisión investigadora del Parlamento y ahora incluso en la justicia.

CM —Eso sí lo tenemos, está en la justicia. Y además lo de la tarjeta corporativa.

EC —Por eso, al FA lo que llega, a pedido de Sendic, es que se analice su comportamiento en el uso de la tarjeta corporativa de Ancap. Y eso es lo que está considerando el TCP, un órgano para analizar la actuación pero desde el punto de vista ético. El FA no está analizando cómo fue la gestión de Ancap.

CM —Es ético y político, porque el TCP las más de las veces se ha expedido sobre indisciplinas partidarias, Semproni, el PVP… Es político y es ético, y al mismo tiempo, supongamos que en Flores hubo una situación en la cual un desacuerdo terminó muy mal, y ese caso, que es un caso político de mal tratamiento político de las cosas, terminó en el TCP. Creo que lo que más ha hecho el TCP ha sido evaluar indisciplinamientos; hoy está en una situación muy distinta, porque ha tenido que evaluar un caso complejo.

Finalmente, volviendo al principio, qué es lo que dice la declaración de CG. Esto no es solo el caso Sendic, el FA se tiene que hacer una autocrítica sobre sus cargos políticos, justamente porque ha desarrollado una vasta y densa burocracia política. Y sobre Sendic, suponemos que el fallo determina un tipo de apartamiento, hay que ver qué tipo de apartamiento y cuál es el grado. En función de eso, me imagino que un fallo negativo debe ir acompañado de sanciones, me resulta muy difícil pensar que un fallo negativo no tenga ninguna consideración del Plenario. Entonces eso es lo que va a discutir el Plenario.

Lo que queríamos subrayar con esta declaración es, primero, que obviamente se va a acatar el fallo del TCP. ¿Qué quiere decir acatar? El TCP no dice “a este hombre échenlo” –le falta un poco de sentido a esa frase “acatar el fallo del Tribunal”–. Se va a respetar, lógico, yo no me voy a someter al fallo de un tribunal y después decir “este tribunal no sirve”.

EC —Lo curioso es que desde la lista 711, y en palabras del propio Raúl Sendic, ha habido en los últimos días cuestionamientos al Tribunal.

CM —Creo que ha habido cuestionamientos a las filtraciones. Porque entre los cometidos del Tribunal está el de la reserva… No me consta que haya sido el Tribunal. Yo qué sé… las filtraciones…
d
EC —Pero también se han deslizado eventuales vínculos de algunos de sus integrantes, por ejemplo Nicolás Grab con Esteban Valenti en el pasado y que entonces eso podía alterar la ecuanimidad…

CM —A ver, uno puede cuestionar al Tribunal todo lo que quiera, lo que no puede es someterse a él y luego, si el fallo es negativo, cuestionarlo. Si uno se somete al Tribunal, se somete al Tribunal y después se somete al fallo de ese Tribunal. Me parece que es un paquete entero, desde el momento en que Sendic elige eso ese es el recorrido y después el Tribunal tiene que ser escuchado y se tiene que actuar de acuerdo a su dictamen. Sobre esto me parece que no hay cinco maneras de actuar, sino una.

EC —Y ustedes sostienen que la sanción, si hay que adoptarla, deberá ser “estrictamente proporcional al eventual grado de apartamiento de los principios éticos de la acción política”. ¿Qué significa eso, traducido?

CM —Ni ocho ni ochenta, si el apartamiento es haber hecho tres compras personales con una tarjeta tendrá que haber una sanción proporcional a las tres compras personales que hizo con una tarjeta; si el apartamiento es más grande tendrá que haber sanciones de otro tipo.

EC —En otros países del mundo ha habido ministras que cuando se supo que habían comprado unos pañales con una tarjeta corporativa o del gobierno renunciaron, en los países nórdicos.

CM —Sí, creo que el tema de las tarjetas corporativas también, todo tiene que estar regulado, porque es veleidosa la probidad de los hombres.

EC —Por eso, ¿qué quiere decir reacción o sanción proporcional?

CM —Proporcional, que sea proporcional al daño que se causó. Eso lo tienen que dictaminar 152 personas que están ahí; o más, si se decide abrir el fallo. Pero tiene que haber una proporción. Está en los principios de la justicia desde la ley del talión, la ley del talión era un poco exagerada con respecto a la proporcionalidad, pero el principio de justicia es eso: la sanción tiene que ser proporcional al daño. Es un principio de justicia elemental en todo, en juzgar un delito, en iniciar una acción reparatoria, en fin, tiene que haber proporcionalidad. Quiere decir que tiene que haber racionalidad entre el dictamen y la medida que se adopte, para evitar ensangrentarlo todo o perdonarlo todo. Que la sanción tiene que ser proporcional quiere decir que no se puede ni perdonar todo ni ser demasiado impiadoso con una conducta si esta fue leve. No lo sabemos.

EC —Hay sectores del FA que han llegado a reclamar en estos días públicamente la renuncia de Sendic al cargo de vicepresidente de la República.

CM —Sin duda, pero esa es una consideración política, no tiene nada que ver con la proporcionalidad y el apartamiento. La consideración política es qué es lo que le sirve más al FA en este momento.

EC —¿En qué están pensando entonces? ¿En un apercibimiento?

CM —No, no; no sé. Esta resolución también es el resultado de mucha discusión y muchas posiciones diferentes sobre el tema. Estamos esperando conocer lo que diga el TCP para determinar el grado, porque es muy difícil determinar el grado de proporcionalidad sin conocer el grado de apartamiento que hubo.

EC —Sendic el viernes pasado en su recorrida dijo más cosas. Por ejemplo, que sostenga lo que sostenga el informe del TCP y vote lo que vote el Plenario Nacional del FA, se mantendrá en el cargo de vicepresidente de la República, porque para esa posición fue elegido por el pueblo, y por lo tanto solo estará obligado a renunciar si lo determinan la Constitución o la ley.

CM —Sí… lo leí.

EC —Solo actuaciones judiciales podrían determinar que él dejara el cargo de vicepresidente de la República, dice Sendic.

CM —Se está llamando al FA para que tome posición sobre esto, esa es la situación, y el FA tomará posición sobre eso. Esa es la sabiduría del FA, mirando el contexto regional, decir “primero vamos a tomar posición nosotros sobre estas cosas”. Más allá de que hay un proceso en la justicia que veremos lo que da, porque todo el proceso de Ancap está en la justicia.

Luego está la cuestión institucional, cuáles son las razones para que un vicepresidente se aparte. Lo que no podemos es tener dos varas y dos medidas, yo no digo que lo que diga el Frente tiene que ser superpreceptivo para el presidente y el vicepresidente, pero tiene que ser de recibo, porque si no se hace toda esta consulta para que lo que diga el Frente no valga. Lo que diga el Frente tiene que valer y mucho. Luego, obviamente las personas renuncian voluntariamente, la palabra renuncia implica voluntariedad, no hay condiciones institucionales para destituir a un vicepresidente, nada de lo que ha pasado hasta ahora genera condiciones o requisitos que en el Uruguay disparen mecanismos institucionales para la destitución de un vicepresidente. Es importante decirlo.

EC —Sí, lo que dice Sendic es correcto, desde el punto de vista formal estricto dejar el cargo solo depende de conclusiones graves en la justicia, etcétera.

CM —De conclusiones graves en la justicia, de un pedido de su presidente, porque es el compañero de una fórmula, o también de la posición que tome el FA. Porque no solamente Tabaré lo elige a Sendic, sino que el nombre de Sendic va a un plenario, a este mismo plenario en el cual se conocerá el dictamen sobre su conducta.

EC —Pero obligación solo puede llegarle de una actuación judicial. Lo otro ya depende de una evaluación política.

CM —Institucionalmente sí, sobre esto vamos a ser claros para que quienes nos escuchen lo sepan, y como politóloga tengo que decirlo: no hay mecanismos institucionales para destituir a un vicepresidente en el Uruguay, y en la justicia depende de lo que se procese allí. Todos tienen que tener claro esto. La renuncia se maneja justamente porque no hay mecanismos institucionales para destituir a un vicepresidente por estas cosas, y eso ni siquiera está muy pensado en Uruguay. He leído algún artículo de Bottinelli sobre eso, ni siquiera tenemos jurisprudencia en ese sentido, porque han muerto presidentes y vicepresidentes han ocupado su lugar, pero no hemos tenido casos de este tipo, salvo en el pasado bastante lejano, entonces de lo que se habla es de la renuncia de Sendic. La renuncia de Sendic obviamente es un acto voluntario. ¿Qué dispara ese acto voluntario? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y solo la puede responder Sendic, el FA va a dar una respuesta, pero finalmente va a responder él.

***

EC —A propósito de la posición de CG, que usted venía comentando, sobre cómo hay que actuar ante el informe del TCP, ese planteo que ustedes han hecho en cuanto a que la sanción debe ser proporcional al eventual grado de apartamiento de los principios éticos, hay varios mensajes de los oyentes.

“Estimada senadora, se es tan corrupto por 400 pesos que por un millón de dólares cuando los dineros son del pueblo”.

“La honestidad no tiene arancel o tarifa, es o no es”.

CM —Sí, yo diría que sí… y que no. Diría que no es lo mismo robar cuatro manzanas que robarles todo el dinero a los contribuyentes de un banco, no es lo mismo quebrar un banco y quedarse con toda la plata de todos los ahorristas que robar cuatro manzanas. Ahí hay proporcionalidad y cualquier juez entiende lo que es la proporcionalidad.

Está muy bien lo que dicen, porque usan la palabra robo. Si uno es un ladrón merece un castigo, por supuesto. Creo que los oyentes dejan traslucir que ellos piensan que el vicepresidente robó. Es lo que tenemos que ver.

EC —Si gastó 400 para una compra personal con la tarjeta de Ancap en términos rigurosos es un robo.

CM —No lo sé.

EC —Depende de si devolvió o no devolvió…

CM —Claro. Me parece que la gente es dura porque piensa en términos de robo. Y yo entiendo que se piense en esos términos. Lo vemos, lo dilucidaremos, habrá que tener un poco de paciencia y esperar la dilucidación final de este resultado. Pero tienen razón y no tienen razón, tienen razón en el sentido de que todo apartamiento de la norma ética, sobre todo si se es una persona pública, es un apartamiento de la norma ética y no debiera suceder. En esto tienen razón. No tienen razón porque no es lo mismo robar cuatro manzanas que robar un banco, pongo el caso de los Peirano, que quedarse con la plata de decenas de miles. No es lo mismo, y la justica sabe que no es lo mismo. Pero entiendo que los oyentes se sientan indignados si piensan que un jerarca público robó dinero público, por supuesto que es comprensible. Eso está para ser demostrado.

***

EC —Vayamos al Parlamento, quiero consultarla por dos temas que están en la agenda. Uno, usted, junto con el diputado Roberto Chiazzaro, del Partido Socialista, y las diputadas Lilián Galán, del Movimiento de Participación Popular, y Macarena Gelman, del Ir, integran una comisión de la bancada del FA que se creó hace poco para articular en el Parlamento la búsqueda de una solución para que los uruguayos puedan votar en el exterior. ¿Cómo es esto?

CM —Efectivamente, volvemos a insistir con el tema del voto en el exterior de los uruguayos, siempre recordando que todos los uruguayos que viven en el exterior y están inscritos en el Registro, tienen su credencial en regla y votaron en alguna de las dos últimas elecciones pueden votar. Digo esto para zanjar el tema de “ah, no votan acá, no pagan los impuestos”. Podemos tener todas esas discusiones, pero lo cierto es que la Constitución dice que los uruguayos no pierden su ciudadanía política por el hecho de vivir en el exterior, sino que para votar tienen que avecinarse. Eso es lo que dice la ley de 1925, que es vieja como la ruda, dentro de poquito va a tener 100 años.

Luego nosotros hemos hecho algunas interpretaciones de qué es lo que quiere decir avecinarse. Hemos generado que los hijos de los uruguayos que viven en el exterior y los nietos ya obtienen la nacionalidad. Hemos reducido bastante las exigencias para avecinarse, antes era una democracia de ricos, se pedía tener propiedades, era una locura. Entonces un contrato de arrendamiento, inscribirse en un centro de estudios, fuimos volviendo menos onerosas las exigencias, sobre todo por la cantidad de migración de retorno que estamos teniendo, de uruguayos veteranos que se vuelven o de hijos de uruguayos nacidos en el exterior que se vuelven. ¿Qué es lo que va quedando? Uruguay es el único país de América Latina que no tiene el voto en el exterior, porque Chile, que era el otro país, finalmente consiguió un acuerdo y lo hizo.

EC —Estamos hablando de la posibilidad de votar desde el exterior.

CM —Exacto, la posibilidad de votar en el lugar de origen sin tener que trasladarse.

EC —A su vez, para eso hay dos grandes alternativas.

CM —En los consulados, ahora le llamamos voto consular.

EC —En octubre de octubre de 2009 hubo un plebiscito simultáneo con las elecciones nacionales, había una reforma constitucional que introducía la posibilidad del voto epistolar…

CM —Ese es el voto como tienen los norteamericanos, ellos votan por carta, todo votan por carta, de un estado a otro.

EC —Eso se rechazó, tuvo solamente 36, 37 % de apoyo, quedó por el camino. ¿Entonces?

CM —Entonces vamos a por el voto consular, con la idea de que los consulados son la representación más amplia que tiene Uruguay en el exterior, porque si fuéramos por las embajadas, Uruguay es un país pequeño y pobre, tiene pocas embajadas; pero tiene muchos más consulados. En este momento tenemos un proyecto de ley que tiene un primer artículo que dice: “Declárase que los artículos 77 y 83 –lo digo de memoria– de la Constitución habilitan el voto de los uruguayos en el exterior”. Es una interpretación de la Constitución que dice que usted sigue teniendo derecho a votar aunque viva en el exterior, y crea una comisión honoraria integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Electoral, el Parlamento, los Consejos Consultivos –que son quienes reúnen a los uruguayos en el exterior–, a los efectos de elaborar un proyecto de ley para presentar al Parlamento para habilitar que esos ciudadanos que ya pueden votar pero se tienen que avecinar puedan hacerlo en los consulados.

Aquí hay varias lecturas distintas. Algunos creen que esto requiere una reforma constitucional, quienes están por crear el Departamento 20…

EC —Hay quienes entienden que se requiere una reforma constitucional porque hubo un pronunciamiento contrario a otra reforma.

CM —Sí; un pronunciamiento contrario no: no se reunieron las voluntades suficientes para el voto epistolar. Porque la manera que tenemos de solucionar nuestros plebiscitos cuando se juntan con las elecciones nacionales es que es casi un voto voluntario, el que no se acuerda no vota, no es una instancia única y separada en que la gente tiene que decir sí o no. Entonces yo diría que no se juntaron las voluntades suficientes para el voto epistolar. Pero nadie puede pronunciarse en contra; sí, se puede hacer un plebiscito para decir “no quiero que los uruguayos que están en el exterior voten”, pero habría que hacer un plebiscito para modificar lo que la Constitución ya permite.

EC —Acá se va por el camino de una ley.

CM —Se va por el camino de una ley, y queremos tener una mesa de negociación abierta con todos los partidos para decir: si estamos de acuerdo con esto, si estamos de acuerdo con que hay que volverles menos oneroso a los uruguayos que viven en el exterior el hecho de votar, porque entonces los que viven más cerca tienen más posibilidades de hacerlo que los que viven más lejos, los que tienen plata tienen más posibilidad de hacerlo que los que no tienen, entonces transformamos ese derecho en un derecho desigualmente ejercido dependiendo de la plata y la cercanía, si estamos de acuerdo en esto, busquemos los caminos. Puede ser una ley electoral con mayoría especial, puede ser una reforma constitucional, el Parlamento tiene potestad, como aquella minirreforma…

EC —Una ley constitucional.

CM —Una ley constitucional. El Parlamento la vota por mayoría especial y luego eso se transforma en una consulta popular. Gros Espiell creía que era solo una decisión administrativa, que era la Corte Electoral la que tenía que reglamentarlo porque el derecho ya existía, pero la mayoría de los miembros de la Corte Electoral dicen que no.

EC —Pero ¿hay posibilidad de llegar a un acuerdo político para estas elecciones que vienen?

CM —Estamos buscándolo desesperadamente desde hace mucho tiempo.

EC —¿Hay más ambiente en los distintos partidos políticos?

CM —Parecería haber un poco más de ambiente. De lo que yo conozco, Pablo Mieres dice “nosotros queremos reforma constitucional”, aunque el propio Pablo Mieres firmó en el año 2000 un proyecto por mayoría especial para habilitar el voto en el exterior, ya hubo cuatro proyectos de ley para habilitar el voto en el exterior. El diputado Trobo cree que hay que crear el Departamento 20, una jurisdicción especial, como tienen los italianos. Eso ya es una complicación grande…

EC —Sí, en ese esquema los uruguayos en el exterior solamente votarían en busca de un legislador que representara a la circunscripción de los que viven en el exterior. No definirían la presidencia de la República, por ejemplo.

CM —Exacto. Nosotros también decimos que podemos habilitar el voto en el exterior para algunas elecciones y no para todas, se puede habilitar el voto en el exterior obviamente para las reformas constitucionales, el voto presidencial, pero de repente no para los municipios o para el voto departamental, aunque cuando uno inscribe su credencial la inscribe en un departamento. Pero lo más importante es recoger una voluntad mayoritaria –mayoritaria quiere decir el Frente más otros, porque la voluntad del Frente ya existe– para habilitar que los uruguayos que viven en el exterior puedan votar. Si conseguimos tener ese principio de acuerdo, después vemos los instrumentos.

***

EC —El Senado aprobó la semana pasada los cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia, pero la bancada del FA apareció dividida en uno de los artículos, el referido a la privación de libertad para los adolescentes infractores. Y quien marcó la división fue su suplente, Rafael Paternain, que ingresó a sala pero a la hora de votar se fue, no votó. El artículo salió igual aprobado por 15 en 23. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso?

CM —Hace mucho tiempo que esto está en discusión. De hecho con Paternain y con María Emilia Pérez, abogada de Proderechos, habíamos sacado un artículo que se llamaba “La mala ley”. Esto viene de las estrategias de la vida y la convivencia, del período de Mujica, es la Ley 19.055. Esa ley establece que para los menores infractores de la ley, para los delitos graves y gravísimos, la prisión preventiva –es decir antes de tener sentencia– debía ser de un año. Pero resulta que entre los delitos graves y gravísimos está la rapiña, que es el 70 % de los delitos que cometen los menores infractores, es el grueso del delito. Entonces la medida implicaba que a cualquier menor infractor rapiñero ya lo mandaban preso un año. Se dice privación de libertad, pero depende de cómo se cumpla esa privación de libertad. A nosotros nos pareció un disparate, en su momento protestamos vivamente, argumentamos en contra, el gobierno tuvo las mayorías para votarlo, se opusieron el INAU, Unicef, y luego recibimos varias comunicaciones internacionales de que eso violaba los principios que rigen los nuevos códigos de la niñez y la adolescencia en el mundo. En fin.

Cuando creamos el nuevo Código del Proceso Penal, que pasa de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, que hace las audiencias públicas, que limita al juez, el juez tiene que decidir pero no contaminarse con la causa, eso lo tiene que hacer la Fiscalía con el Ministerio del Interior, todo eso que está en danza que es el nuevo sistema de justicia…

EC —Todavía no en aplicación, se postergó.

CM —Se postergó para el 1.º de noviembre, pero el nuevo Código del Proceso Penal está votado desde el período pasado y ahora se están haciendo modificaciones. Cuando se ponen las últimas modificaciones al Código del Proceso Penal, se decide modificar también el Código del Proceso Penal Adolescente o de los menores, para que queden análogos. Pero el nuevo Código del Proceso Penal elimina la prisión preventiva preceptiva, porque la sentencia se va a dictar mucho más rápido porque los plazos son perentorios, la idea es que no tengamos presos sin sentencia. Hoy en día el 65 % de los presos no tienen sentencia, quiere decir que todo es una prisión preventiva que se arrastra por años, años y años. La sentencia trae un montón de ventajas, entonces al no tener sentencia no disfruto de ninguna ventaja y voy a tener que cumplir hasta el fin de la condena.

Entonces dijimos ahora: este es el momento de corregir la Ley 19.055, porque la prisión preventiva preceptiva no va con el Código del Proceso Penal. Tanto es así que la propia Fiscalía y la comisión redactora del Código del Proceso Penal cuando nos mandan sus artículos sacan la referencia a esta prisión preventiva preceptiva para los adolescentes. Es el Frente el que decide mantenerla.

EC —El Frente decida mantenerla, se suponía que iban a votar todos igual, y ustedes no votaron.

CM —No, nosotros hace mucho tiempo que dijimos que no íbamos a votar, incluso en comisión no votamos. Yo misma pedí el desglose de ese inciso, en la comisión dijimos que no íbamos a votar. Ahí vino una discusión sobre el tema de la disciplina partidaria, pero la disciplina partidaria no puede desconocer el asunto de fondo. No es un problema de procedimiento, estamos violando el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal, Unicef está en contra, el INAU se manifestó en contra, fueron y se manifestaron en contra. Entonces todos aquellos que trabajan en el derecho de los niños y adolescentes, sea el derecho procesal o en el derecho penal, todas las instituciones que están encargadas dicen que esto es violatorio del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es violatorio de los principios del nuevo Código del Proceso Penal. No es solamente una posición de conciencia, es la posición correcta, diría yo. Si el Frente no la quiere tomar, el Frente se está equivocando.

EC —El Frente no la tomó y el artículo salió.

CM —El Frente no la tomó y el artículo salió.

EC —¿A qué aspiran ustedes? ¿A que se debata de nuevo ahora en Diputados, que vuelva a abrirse la discusión?

CM —Esperaríamos que el Frente recapacitara, tirara ese inciso y mandara archivar esa ley. Pero incluso la sociedad civil se está moviendo, porque esto también tiene que ver con el No a la Baja, se están moviendo Serpaj, Ielsur, la gente del No a la Baja para decir “no podemos seguir con el viejo proceso penal adolescente cuando se está modificando el Código del Proceso Penal”. Ahora los adultos van a tener más garantías que los adolescentes. Es una locura. Entonces disciplina partidaria a cualquier costo, no. Además nosotros tratamos de modificar ese artículo de todas las maneras posibles, propusimos veinte modificaciones…

EC —Por ejemplo, ¿ustedes aceptarían que se colocara una pulsera con GPS a ese adolescente a quien se acusa de haber cometido una rapiña? Porque algún resguardo les van a reclamar.

CM —Presunción de rapiña, porque si lo agarran con las manos en la masa se lo acusa. En el espíritu nuestro la prisión es la última salida, no la primera. Este sistema se está volviendo completamente prisional, tenemos una de las tasas más altas de presos per cápita de toda América Latina, y aun así la inseguridad sigue siendo un problema. Y lógico, el sistema prisional implica que las medidas alternativas a la privación de libertad casi no existen o existen muy pocas. Yo puedo defender la actuación del Ministerio del Interior en muchos campos, pero la ley penal todavía la seguimos haciendo los legisladores.

Video de la entrevista

***
facal-v2-banner-en-perspectiva-net

***

Transcripción: María Lila Ltaif

¿Hay errores en esta nota? Haz click aquí

Compartir

Escribir Comentario: